Igualdad pide clasificar las agresiones de los 'camellos' como violencia de género

El Gobierno extiende la violencia de género a las agresiones de 'camellos'​

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, ha planteado incluir las agresiones que sufren las mujeres en el contexto del narcotráfico —especialmente por parte de traficantes de droga— dentro de la ley de violencia de género. La propuesta, adelantada por el periodista Manu Torralba el 18 de julio de 2026, busca ampliar el ámbito de protección más allá de la pareja o expareja, abarcando también a mujeres víctimas de violencia en entornos de adicción y tráfico.

La medida se justifica, según fuentes del Ministerio, en la alta prevalencia de violencia física, sexual, psicológica e incluso económica que sufren las mujeres consumidoras o vinculadas a tramas de droga. Sin embargo, el debate suscita dudas: ¿se está desdibujando el concepto original de violencia de género? ¿O es una herramienta necesaria para proteger a un colectivo especialmente vulnerable?

El riesgo de diluir la ley​

Una de las críticas más recurrentes es que la ley de violencia de género, concebida para combatir la violencia machista en el ámbito de la pareja, se está expandiendo hasta cubrir conductas que poco tienen que ver con la discriminación por razón de sexo. El trato violento de un traficante hacia una clienta no responde necesariamente a una estructura patriarcal, sino a dinámicas propias del mercado ilegal: deudas, ajustes de cuentas, coerción para el pago en especie. Mezclar ambos fenómenos puede acabar trivializando la violencia de género y, de paso, alejando recursos de sus destinatarias originales.

La realidad de la violencia en el narco​

Quienes apoyan la medida señalan que las mujeres atrapadas en el consumo de drogas son presa fácil de traficantes que las explotan sexualmente a cambio de dosis. Los testimonios recogidos describen situaciones de abuso sistemático: mujeres a las que se les exige sexo por una papelina, o que son amenazadas y golpeadas si no pagan. En estos casos, la violencia es instrumental y no necesariamente de género, pero las víctimas son mayoritariamente mujeres. El Ministerio argumenta que, al clasificarlo como violencia de género, se activarían protocolos específicos de protección y recursos especializados.

Un chiringuito en expansión​

La sombra del oportunismo también planea sobre la propuesta. Algunos analistas apuntan a que la ampliación del catálogo de violencia de género responde a una lógica burocrática: cuantas más conductas se tipifiquen, más presupuesto y más personal se necesita para gestionar las denuncias. No es casual que la iniciativa surja en un momento en que el Ministerio busca nuevas áreas de intervención. Como ironizaba un comentario: «Primero fue la pareja, luego el golpe de calor, ahora los camellos». El riesgo de inflar las estadísticas de violencia de género para justificar partidas presupuestarias es real.

El debate de fondo es si la ley debe ser un paraguas universal para toda violencia contra la mujer, o si debe mantener su especificidad. Mientras tanto, las mujeres atrapadas en el narcotráfico siguen sufriendo en tierra de nadie.