La ex consejera extremeña del PSOE y actual presidenta de Enresa, imputada por presunto trato de favor a Iberdrola en un parque solar
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector energético: la presidenta de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos, ha sido imputada por un presunto delito de trato de favor a Iberdrola en la tramitación de un parque solar en Extremadura. La imputada, que fue consejera del Gobierno extremeño del
PSOE, se enfrenta a una investigación por supuestas irregularidades que habrían beneficiado a la eléctrica.
Según las primeras informaciones, los hechos se remontan a su etapa como consejera, cuando se habría primado a Iberdrola en la concesión de licencias para una planta fotovoltaica. El caso suma un nuevo capítulo a la larga lista de causas judiciales que salpican al partido en Extremadura, donde la corrupción urbanística y energética parece haberse convertido en un clásico recurrente.
Lo curioso del asunto es la perplejidad que genera: cada nuevo imputado socialista en la región se recibe con una mezcla de hastío y resignación. Mientras tanto, los proyectos renovables –necesarios para la transición ecológica– quedan bajo la sombra de la sospecha. El dato que descoloca: el parque solar sigue sin construirse, y la judicialización del caso no aclara si hubo delito o simplemente mala gestión.