Imputado el exministro cristobal montoro en un juzgado de tarragona por favorecer a empresas gasistas.

Montoro, imputado en Tarragona por favorecer a empresas gasistas​

El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por aprovecharse presuntamente de su cargo para aprobar leyes que beneficiaban a determinadas empresas. El caso, que se ha cocido bajo secreto de sumario durante siete años, llega a los tribunales con un reguero de correos, prórrogas y sospechas cruzadas. La noticia ha caído como una bomba en un ecosistema político donde cada imputación se mide con doble rasero.

Qué se le atribuye y por qué el secreto de siete años lo complica todo​

La imputación se sostiene sobre la presunta utilización del cargo para aprobar normativa favorable a compañías gasistas. Según las informaciones publicadas, Montoro habría recibido más de 100 correos con datos confidenciales de la Agencia Tributaria, aunque el juez no aprecia delito en ese intercambio concreto. La investigación ha estado bajo secreto durante siete años, una anomalía que, según fuentes jurídicas, podría anular todo lo actuado. Hay quien sostiene que un secreto tan prolongado es «inaudito» y que la causa puede quedar en papel mojado.

El caso se enreda además con la compra de empresas fantasma a un empresario ligado a la trama Gürtel y a Aldama, y con pagos de la Xunta de Galicia a la consultora de Montoro bajo investigación. La red eléctrica también aparece en el sumario: se investigan vínculos con el equipo del exministro que se habrían mantenido incluso con Sánchez ya en Moncloa. Cada nuevo hilo del ovillo añade capas a un relato que la defensa puede intentar desactivar por la vía procesal antes de que se entre en el fondo.

El doble rasero como marco: todos son iguales, pero unos más que otros​

La reacción política ha sido un reflejo casi automático. Una parte del análisis sostiene que la imputación de Montoro es una buena noticia para VOX, porque todo lo que debilite al PP beneficia a la derecha que se presenta como alternativa limpia. Otra corriente señala que el PSOE intenta desviar la atención de sus propios frentes judiciales —el hermano de Sánchez, los ERE, el caso de los correos— abriendo causas de hace años en juzgados periféricos. Y una tercera, la más incómoda, apunta a que el problema no es un partido sino un sistema: la Fiscalía Anticorrupción, la Sala Segunda del Supremo y la UCO como piezas de un engranaje que rara vez acaba en cárcel para los de arriba.

El cálculo más cínico lo resume una idea que circula: si hay que elegir entre corruptos, mejor los míos. Esa frase, que en el fondo desactiva cualquier exigencia de responsabilidad, es el verdadero agujero del debate. Porque mientras la discusión se centre en quién roba más, el resultado práctico es el mismo: impunidad y prórrogas.

Las 70 prórrogas y el riesgo de que todo prescriba​

Uno de los datos que más inquieta a los juristas es el número de prórrogas de la instrucción: hasta 70. Esa acumulación de ampliaciones ha llevado a más de un analista a pensar que parte de los hechos pueden haber prescrito. El propio juez ha tenido que lidiar con la paradoja de mantener imputado a un exministro mientras el calendario judicial juega a favor del olvido. La causa, en la práctica, se enfrenta a dos finales posibles: o se anula por el secreto irregular, o se archiva por prescripción. En ambos casos, el mensaje que cala es que la justicia llega tarde y mal.

Qué queda del caso y qué se juega el PP​

Más allá del ruido, el caso Montoro toca un nervio sensible: la relación entre Hacienda y las empresas reguladas. Un ministro que aprueba leyes que benefician a sectores concretos mientras mantiene vínculos con consultoras que asesoran a esas mismas empresas es un conflicto de interés de manual. La defensa alegará que no hay delito, y puede que tenga razón en el plano penal. Pero el desgaste político ya está hecho, y el PP lo sabe.

La pregunta que sobrevuela el sumario no es si Montoro acaba condenado, sino si el sistema está diseñado para que nunca nadie acabe condenado. Con 70 prórrogas, siete años de secreto y una UCO que a veces parece ir por libre, la respuesta no invita al optimismo. El caso sigue abierto. Y eso, en sí mismo, ya es un dato.