Imputadas las hijas de Zapatero: un caso que remueve el pasado
La justicia ha puesto el foco en el entorno familiar del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sus dos hijas han sido imputadas en el marco de una investigación que también afecta a su esposa, Sonsoles Espinosa, y a una colaboradora conocida como Gertrudis. El caso, que se sigue en el juzgado central de instrucción, apunta a un presunto entramado de facturación irregular por trabajos que nunca se habrían realizado o estarían sobrevalorados.
Según las informaciones que han trascendido, las hijas habrían recibido pagos millonarios por servicios de maquetación y diseño web. Una plantilla de WordPress facturada por medio millón de euros es uno de los datos que más ha llamado la atención. Los fiscales sospechan que estas facturas podrían formar parte de una red de blanqueo de capitales vinculada a comisiones ilegales durante los gobiernos de Zapatero.
El patrimonio inmobiliario de la familia también está bajo lupa. Se menciona un chalet valorado en 700.000 euros y un piso de 300.000 en una zona cara de Madrid, Puerta de Hierro, donde el precio por metro cuadrado duplica esas cifras. La procedencia de estos bienes, adquiridos sin ingresos acreditados, es el eje de la investigación patrimonial.
El espejismo de la cárcel para los poderosos
A pesar de la gravedad de los indicios, el escepticismo domina entre los analistas. La experiencia reciente con casos similares —desde Roldán hasta Bárcenas— muestra que los aforados y sus familias suelen eludir la prisión preventiva. La doctrina del «solo soy una chica, papá lo llevaba» parece reactualizarse. La posibilidad de que declaren y se nieguen a responder, amparándose en la condición de imputados, alimenta la sensación de impunidad.
El contraste es llamativo: mientras a un ciudadano anónimo le retiran el pasaporte y lo obligan a firmar cada quince días por una deuda menor, las hijas de un expresidente mantienen su libertad de movimientos. La familia Zapatero ya goza de un privilegio similar al del propio exmandatario, que tiene prohibido salir de España pero sin medidas cautelares firmes.
El dato que descoloca: el coste de mantener a un preso
Entre las ironías del caso, ha surgido un cálculo inesperado: el coste de mantener a las imputadas en prisión sería elevado, dado su sobrepeso —algo que ha sido motivo de bromas macabras en los mentideros judiciales. Más allá del humor negro, el dato revela una desigualdad: mientras los menús de las cárceles para presos comunes son precarios, los de las prisiones de alta seguridad ofrecen dietas de restaurante. Pero nadie cree que estas imputadas lleguen a probarlas.