Inés Herreros, vocal del CGPJ: "Las acusaciones populares no pueden tener un poder omnímodo como si fuesen el ministerio fiscal"

Herreros critica el poder omnímodo de las acusaciones populares: ¿quién denunciará la corrupción?​

La vocal del CGPJ Inés Herreros ha puesto el dedo en la llaga: ¿puede una acusación popular actuar como un fiscal sin control, amedrentando a ciudadanos con pleitos interminables? La pregunta divide a los analistas. Por un lado, hay quien ve en sus palabras un intento de cercenar el único instrumento que tiene el ciudadano de a pie para enfrentarse a corruptos cuando la Fiscalía mira hacia otro lado –que no es raro, dada su dependencia del Ejecutivo. Por otro, se señala el abuso de grandes empresas que, con recursos ilimitados, utilizan la acusación popular para hundir a demandados individuales, convirtiendo el derecho penal en una herramienta de coacción económica.

El doble filo de la acusación popular​

La figura nació para permitir que cualquier ciudadano ejercite la acción penal, pero la práctica ha revelado dos caras. En manos de poderosos, se convierte en un arma de desgaste: procesos que se alargan años, costes judiciales y psicológicos que hacen claudicar al más pintado. En manos del ciudadano, es el último recurso contra la corrupción política. La paradoja es que quienes más defienden la acusación popular son los mismos que a menudo la sufren cuando una corporación la usa contra ellos. El debate se reduce a un clásico: las reglas gustan mientras benefician; cuando se vuelven en contra, se pide su reforma.

La sombra del 'lawfare' y la prescripción​

Otro punto que emerge es la desconfianza hacia la Fiscalía, percibida como políticamente dócil. Si el ministerio fiscal no actúa, queda la acusación popular. Pero, ¿y si el problema es que el fiscal debería ser independiente y no lo es? Ahí radica el meollo: en lugar de limitar la participación ciudadana, algunos abogan por reformar el estatuto fiscal y, de paso, blindar los delitos de corrupción política con penas agravadas e imprescriptibilidad. Algo que, por cierto, ningún gobierno con casos pendientes en los tribunales parece dispuesto a impulsar.

La pelota sigue en el aire. Mientras, las declaraciones de Herreros encenderán el debate sobre si el remedio (controlar la acusación popular) no será peor que la enfermedad –dejar sin defensa a quienes solo tienen la ley de su lado.