Reino Unido estudia un pasaporte de CO2 que limitaría los viajes por persona
Un viajero con dos toneladas de emisiones asignadas podría cruzar el Atlántico dos veces. Después, se queda en casa. La propuesta, atribuida al profesor universitario Ross Bennett-Cook y recogida por el medio turístico Preferente, plantea un cupo individual de dióxido de carbono para vuelos y desplazamientos, al estilo de un pasaporte que registra cada trayecto y su huella. El informe asegura que los impactos del turismo en el medio ambiente se han vuelto tan graves que «es inevitable aplicar cambios radicales». La idea ya pasó por el Parlamento británico, pero su puesta en marcha no se ha producido.
La gracia del invento, según sus defensores, es que afecta por igual a ricos y pobres. Frente a los impuestos al billete —que castigan al que menos tiene—, el cupo personal no condena a los de abajo a pagar la factura de la contaminación. En teoría. En la práctica, el propio ejemplo del profesor se cae solo: dos viajes a Nueva York y se acabó. Quien tenga un Falcon o un jet privado, en cambio, no deja huella en el pasaporte de nadie.
Qué propone exactamente el pasaporte de carbono
El mecanismo es sencillo de enunciar y complicado de aplicar. Cada persona recibe un límite de CO2 a producir a lo largo de un periodo. Cada vuelo, cada crucero, cada desplazamiento consume parte de ese cupo. Cuando se agota, el viajero se conforma con quedarse en casa o en sus inmediaciones. El registro funciona como un pasaporte: sin saldo, no hay frontera.
El informe lo presenta como una solución a medio plazo, capaz de cambiar el rumbo de las emisiones del turismo. No es un impuesto, insisten, sino un tope. Y ahí está su ventaja política: no se puede esquivar pagando más, porque el límite es el mismo para el mileurista y para el dueño de una cadena de hoteles.
La puesta en marcha, sin embargo, exige un clima parlamentario que a la fecha de esta discusión no se daba en Gran Bretaña. La propuesta se ha discutido, se ha archivado y ha vuelto a la mesa. El ciclo habitual.
El argumento que más se repite: los ricos no sufren las escaseces
La crítica más repetida apunta a la asimetría real del sistema. La élite, viene a decirse, es siempre la última en sufrir cualquier restricción. Los coches de alta gama y los vuelos privados seguirán quemando queroseno mientras el ciudadano medio ve recortada su movilidad. El cupo iguala en el papel, pero no en la práctica.
Hay quien señala que la mayoría de la población mundial no ha pisado un avión en su vida. Hablar de dos viajes a Nueva York como umbral razonable suena, desde esa óptica, a broma de salón. El cupo se diseña desde una posición que da por universal un nivel de consumo que no lo es.
El contraste con los impuestos al turismo es el punto más sólido de la propuesta y, a la vez, su mayor debilidad. Un cupo igualitario es más justo en teoría, pero exige un control de la movilidad individual que ningún gobierno occidental ha implantado todavía. Y el que lo intente, se expone a lo que se expone.
El turismo como sector económico: el día que se caiga el castillo
El turismo representa una porción decisiva del PIB español y sostiene millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Un cupo de emisiones aplicado en serio no solo afectaría a las aerolíneas: arrastraría a hoteles, hostelería, alquiler turístico y toda la cadena de servicios asociada. El cálculo completo, con las familias que viven de esos empleos y los impuestos que generan, da un agujero bastante mayor que el que suele citarse.
La paradoja es que las restricciones llegarían por la vía verde mientras el sector turístico sigue siendo uno de los motores de la economía. Quien defienda el cupo tendrá que explicar qué hace con los millones de personas que dependen de que la gente siga viajando.
Y mientras tanto, el consumo no desaparece: se desplaza. Los que dejen de volar serán sustituidos, en parte, por otros que aún tengan cupo. La huella total puede no bajar. Solo cambia de manos.
La letra pequeña que nadie aclara: coches, respiración y otras confusiones
La propuesta genera dudas de manual. ¿El cupo es para los coches o para las personas? ¿Incluye la respiración, que también emite CO2? La pregunta, formulada en broma, señala un problema real: sin una definición precisa de qué se mide y cómo, cualquier sistema de cupos es papel mojado.
El paralelismo con el coche eléctrico aparece solo. Los vehículos de combustión se siguen fabricando y vendiendo, y la gasolina que unos dejan de quemar la consumen otros. La restricción de la demanda no equivale a reducción de la oferta. Es el mismo truco contable que en los vuelos.
El detalle que descoloca: el cupo se plantea como medida igualitaria, pero su aplicación práctica exige un nivel de control sobre la vida privada que ningún Estado ha logrado sin resistencia. Quien lo intente tendrá que decidir si el objetivo es reducir emisiones o reducir movilidad. No son lo mismo.
El pasaporte de CO2 no está en vigor. Se ha discutido, se ha aparcado y sigue en el limbo parlamentario británico. La pregunta no es si funcionaría, sino si alguien está dispuesto a pagar el coste político de intentarlo.