INMO-USURA: 'El Mundo' culpa de la subida de los alquileres en Madrid a la Ley de Vivienda y tuiteros recuerdan un detalle: Ayuso no aplica esa LEY.

El Mundo culpa a la ley de vivienda de la subida que Madrid no topa​

El Mundo publicó un titular que ya es un programa entero: ocho distritos de Madrid superan los 2.000 euros de alquiler al mes y «la Ley de Vivienda ha tenido un devastador efecto contrario». El detalle que se quedó fuera de esa frase es que la Comunidad de Madrid no aplica justo la parte de la norma que serviría para frenar esos precios: la declaración de zonas tensionadas. El resto de la ley está en vigor en todo el país desde su aprobación. La contradicción no la destaparon los tribunales, sino los tuits.

¿Qué parte de la Ley de Vivienda no se aplica en Madrid?​

Aquí conviene separar el grano de la paja, porque el titular del diario mezcla dos cosas distintas. La norma es estatal: modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por tanto se aplica en todo el territorio, gobierne quien gobierne. El tope a la actualización anual de la renta, las reglas sobre gastos de inmobiliaria que no puede repercutirse al inquilino o los cambios en los desahucios operan también en Madrid.

Lo que depende de cada comunidad es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, el instrumento que permite limitar los precios de los nuevos contratos. Madrid no las ha declarado. Tampoco ninguna otra comunidad lo tenía plenamente implantado en el momento de la polémica, y Cataluña era la que iba más adelantada en el proceso. Es decir: se acusa a la ley de un resultado en un territorio donde su herramienta principal está sin activar.

El propietario que retira el piso del mercado​

La otra mitad del argumento sostiene que la propia norma, por su mera existencia, ha empujado a muchos pequeños arrendadores a vender o a dejar la vivienda vacía. La razón que se repite: la inseguridad jurídica. Un contrato al que no se le puede aplicar la subida que marca el IPC, unos plazos de desalojo largos y un riesgo de impago que puede dejar al casero dos años sin cobrar y con gastos legales encima.

La respuesta de los defensores de topes es que ese riesgo se cubre con seguros de impago y que el problema no es la ley, sino la falta de un parque público de alquiler. Y añaden que quien alquila hoy exige nómina alta, contrato estable y patrimonio: entre dos candidatos, siempre gana el de 3.000 euros de sueldo frente al de 1.000. Ese filtro de solvencia no lo crea ninguna ley, pero ninguna ley lo desactiva.

Oferta, demanda y el 4% que no mueve el mercado​

El diagnóstico más repetido entre los economistas de cabecera es de una simpleza brutal: solo hay dos formas de bajar el precio, subir la oferta o bajar la demanda. Todo lo demás es circo. Bajo ese marco, topar precios sin construir más vivienda solo reparte la escasez, no la resuelve, porque el inquilino solvente seguirá ganando la plaza.

Frente a eso aparece el argumento del acaparamiento. Si pocas manos concentran muchos pisos, dejan de competir entre ellas y pactan precios. La réplica llega con un dato: alrededor del 4% de las viviendas en alquiler pertenecen a grandes empresas, una cuota que hace difícil sostener la tesis del oligopolio. La discusión se queda justo ahí, en si ese 4% basta para mandar o si el mercado lo mueven muchos propietarios particulares que actúan a la vez.

La Xunta de Galicia y el efecto contagio​

Mientras tanto, el mapa se movía. La Xunta, gobernada por el PP, abrió la puerta a declarar zonas tensionadas en A Coruña, Pontevedra y algún municipio más, con un procedimiento reglado: los ayuntamientos interesados tienen dos meses para presentar un plan con medidas y calendario, y la Xunta resuelve en seis meses con una vigencia de tres años.

El gesto descolocó a los que llevaban meses defendiendo que ninguna administración del PP tocaría ese instrumento. Puede leerse como pura aritmética electoral —hay un límite y no conviene perder el gobierno por una bandera— o como una rendición ante la evidencia de que el precio del alquiler no se autorregula. Las dos lecturas caben y ninguna se ha cerrado.

El IBI al 150% y el castigo al piso vacío​

Entre las herramientas menos citadas está la fiscal. Según recuerdan los participantes en el debate, la norma estatal contempla recargos de hasta el 150% en el IBI para las viviendas que se mantienen sin vender ni alquilar, con la idea de forzar su salida al mercado y engordar la oferta. Es la vía que menos titulares ha dado y la que más discute quien sostiene que el problema no es la falta de pisos, sino el precio al que se ponen.

Con los alquileres donde están y la herramienta autonómica sin activar en Madrid, el debate no se cierra: se atasca. Sin zonas tensionadas declaradas no hay experimento, y sin experimento nadie puede demostrar que la ley fracasa. El precio sube igual. Eso sí que no lo discute nadie.