Solidario García
Madmaxista
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Investigación urgente en Ceuta
Los informes médicos enviados al juzgado de guardia de la ciudad autónoma son suficientes para indagar si hubo agresiones de militares a forasteros
elpais.com
La veintena de partes médicos remitidos por el Hospital Universitario de Ceuta al Juzgado de Guardia de Ceuta forman ya un material probatorio suficiente para abrir una vía de investigación que permita esclarecer si ha habido agresiones de militares a forasteros en la ciudad autónoma. En la documentación revelada por EL PAÍS figuran, con sus identidades, las declaraciones de pacientes atendidos en ese centro por lesiones que sostienen haber sido golpeados por soldados españoles que realizaban patrullas de vigilancia en la ciudad. Se trata de unas acusaciones de naturaleza muy grave, que deben ser aclarados completamente y, en su caso, ser depuradas las responsabilidades correspondientes.
Estos informes médicos constituyen un salto cualitativo en la solidez de las denuncias que, desde la entrada en Ceuta de 70.000 personas procedentes de Jovenlandia los pasados 30 y 31 de julio, han señalado a uniformados españoles golpeando indiscriminadamente a los migrantes, en imágenes distribuidas por las redes sociales y por algunos medios de comunicación. Amnistía Internacional difundió en septiembre un informe en el que documentaba “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” a los migrantes a manos de integrantes de la Legión y del Tercio de Regulares de Ceuta.
Sin embargo, a pesar de la publicación de fotos donde se veían claramente las lesiones y de 22 testimonios detallados, la organización defensora de los derechos humanos optó por mantener en el anonimato a los denunciantes para proteger su seguridad e identidad. El pasado día 15 el Ministerio de Defensa trasladó al Juzgado de Guardia de Ceuta y a la Fiscalía varios audios difundidos por los medios, en los cuales, entre risotadas y burlas, supuestos militares destinados en la ciudad se jactaban de propinar caricia y malos tratos a los migrantes. Pero, de nuevo, faltaban los datos de las víctimas dificultando notablemente una investigación judicial.
Sin embargo, no sucede así con los partes de hospital, que tienen valor de documento oficial, porque en ellos se refleja quiénes son las víctimas, así como los datos de los facultativos que los han atendido. Es decir, el juzgado ya dispone de elementos de indagación suficiente para poder aclarar si realmente esas lesiones –certificadas oficialmente—de los migrantes las provocaron militares españoles.
Es preciso no perder de vista que el derecho internacional humanitario obliga a los Estados a investigar de oficio los casos en los que existan indicios de maltrato o torturas por parte de funcionarios públicos. Y este caso claramente lo es. Conviene a todos, especialmente a las Fuerzas Armadas, una investigación rápida y efectiva sobre unos hechos gravísimos. No es admisible que se instale la sensación de que estos comportamientos se toleran. La administración tendrá que extremar la vigilancia para cumplir escrupulosamente con las exigencias del derecho internacional.