Irene Montero a lo suyo: ahora pide más cargos públicos «afrodescendientes»

Montero abre en la UE el debate de la representación étnica en el empleo público​

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha metido en la agenda de la Presidencia española de la Unión Europea un asunto que no estaba: la representación de «personas afrodescendientes y otros grupos étnicos en cargos públicos». No es una ocurrencia suelta. Es una de las «prioridades» que el Ministerio de Igualdad se ha marcado para los meses en que España ocupa el cargo rotatorio, y va a aterrizar en una conferencia sobre «antirracismo en la Unión Europea» los días 2 y 3 de noviembre. La propuesta, tal como está formulada, no habla de méritos, ni de pruebas, ni de procesos selectivos: habla de representación. Y ahí es donde el consenso se rompe.

Qué se debate exactamente y con qué cifras​

El planteamiento oficial es que los cargos públicos reflejen la composición de la sociedad. El problema es cómo se traduce eso en la práctica. Si se convierte en cuotas, el criterio de selección deja de ser la capacidad y pasa a ser la casilla que uno ocupa en el censo. Hay quien sostiene que sin cuotas la infrarrepresentación no se corrige sola; en contra pesa el argumento de que blindar un porcentaje por origen convierte el empleo público en un reparto y no en una selección.

El calendario de la Presidencia incluye además otros dos hitos. Una conferencia sobre «derechos sexuales y reproductivos» en septiembre, con la promoción de la educación sexual en el ámbito educativo como bandera. Y la reunión informal de ministros y ministras de Igualdad en Pamplona los días 23 y 24 de noviembre, centrada en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres mediante intercambio de políticas y buenas prácticas.

El escenario político que puede dejar el acto sin ministra​

Nadie sabe quién acudirá a Pamplona. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se someterá previsiblemente a la investidura en septiembre y, de no lograrla, empezará a correr el contador hacia la convocatoria electoral, con nuevos comicios en diciembre o enero si antes Pedro Sánchez no consigue ser investido. Si el Gobierno sigue en funciones, Montero será la representación española en ese encuentro de máximo nivel europeo.

La ley del «sólo sí es sí» llega a Bruselas con 1.155 rebajas de pena​

El asunto más crítico del mandato de Montero viajará con ella. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, la ley del «sólo sí es sí» ha permitido ya que 1.155 violadores, pederastas y abusadores sexuales hayan visto rebajada su pena y que 117 hayan podido salir anticipadamente de prisión.

Los organismos internacionales no han sido tibios. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas situó la norma entre sus «principales asuntos de preocupación» sobre España e instó al Ejecutivo a «continuar adoptando medidas para remediar los efectos indeseados respecto de la revisión de sentencias impuestas y reducción de penas». La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Al Salem, exigió al Gobierno supervisar «el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas» y garantizar su protección. Al Salem lamentó que «no se puede dar marcha atrás» a la ley y sus consecuencias, y que la norma «no haya ido acompañada de recursos para garantizar su correcta aplicación», con hasta un tercio de las víctimas sin compensación por la violencia sufrida.

El Parlamento Europeo también se pronunció. Un informe de la misión que visitó España en febrero para analizar sobre el terreno las políticas de igualdad reclamó un «cambio urgente» de la norma por la «alarma social» generada. La visita fue anterior a la reforma aprobada por el Congreso a impulso del PSOE, que en cualquier caso no evita que las revisiones de condena, las rebajas de pena y las excarcelaciones sigan produciéndose.

El argumento meritocrático y su versión más incómoda​

La objeción que más se repite no es racial, es procedimental: en los cargos públicos se espera gente capaz de desempeñar el cargo, y una cuota por origen no garantiza nada de eso. La sospecha de fondo es que el criterio real de selección nunca fue el mérito, y que la cuota solo hace explícito lo que ya pasaba. Hay quien sostiene que el cálculo completo de cuántos cargos se reparten a dedo y cuántos por oposición da una cifra que sorprende a quien no ha mirado nunca el detalle.

Lo que queda por ver​

Con la investidura en el aire y el calendario europeo ya cerrado, es probable que el debate de las cuotas étnicas se celebre igual, con o sin Montero en la sala. Lo que no está tan claro es que la conferencia de noviembre produzca algo más que una declaración de intenciones: los Estados miembros llevan años esquivando compromisos vinculantes en materia de representación. Si alguien esperaba una directiva, que se siente.