Irene RAAABIANDO: EUROPA aprueba REGLAMENTO DE RETORNO de forasteros

Europa endurece el retorno de inmigrantes: España queda a contracorriente​

Mientras el Parlamento Europeo aprueba un Reglamento de Retorno con orden de expulsión válida en los 27, España sigue anclada en la prohibición de la devolución en caliente en Ceuta. La paradoja es doble: el norte de Europa endurece sus requisitos —Suecia ya pide 3.300 euros mensuales para permisos de trabajo a extracomunitarios— y el sur mantiene políticas que los críticos consideran un imán de presión migratoria.

En medio, Irene Montero se ha convertido en el blanco de las críticas. Sus detractores la acusan de defender una red clientelar de ONGs financiadas con presupuesto público; ella, desde el discurso de los derechos humanos, rechaza un marco que considera una puerta a la deportación masiva. Lo que queda claro es que la izquierda española se sitúa en dirección opuesta a la deriva europea.

Qué cambia con la orden de expulsión europea​

El núcleo del reglamento es la extensión de la orden de expulsión a toda la UE. Hasta ahora, un inmigrante en situación irregular podía recibir una orden en un país y trasladarse a otro: la estrategia de cambiar de Estado para esquivar el retorno quedaba impune. Con el nuevo marco, la expulsión dictada en un país vale en todos los demás, y el retorno se convierte en un asunto comunitario.

Eso no significa que todo el mundo se lo crea. Los escépticos recuerdan que los reglamentos europeos se aprueban con frecuencia y se aplican con cuentagotas, y ponen cifras sobre la mesa: la tasa real de retorno podría no superar el 1% de los que entran. Otros van más lejos: por cada expulsión ejecutada, calculan que entrarían nueve personas. El reglamento sería, en esa lectura, una concesión cosmética al electorado, no un cambio de rumbo.

El contraste español: Ceuta y la devolución en caliente​

En el debate público, la aprobación choca de frente con la política española. Se menciona la reciente crisis en Ceuta y la prohibición legal de devolver en caliente, que habría contribuido a aumentar la presión migratoria en la valla. Mientras Bruselas empuja hacia los retornos, el gobierno español parece ir en dirección contraria. Los analistas avisan: si la UE aplica el reglamento y España no, la frontera sur se convierte en la puerta de entrada, y el problema se desplaza al mercado laboral.

No es sólo una cuestión de vallas. La inmigración masiva tiene efectos económicos que el debate resume en dos síntomas: salarios estancados y vivienda por las nubes. La presión sobre los servicios públicos y el papel de las ONG financiadas con dinero público —descrito como red clientelar— completan un cuadro donde la migración se ha convertido en un negocio con ganadores y perdedores. Los ganadores, dicen, son los empleadores que encuentran mano de obra barata; los perdedores, los trabajadores de salarios bajos y los contribuyentes.

Suecia como espejo: el giro del norte​

El ejemplo sueco se cita como prueba de que el endurecimiento no es solo un eslogan: 3.300 euros mensuales de umbral salarial para trabajadores extracomunitarios, con revocación del permiso si no se alcanza. Es una forma de filtrar la inmigración por nivel de ingresos, y convierte la migración en un asunto de productividad más que de acogida. En el sur, donde el salario medio está muy por debajo, ese umbral resultaría inaplicable para la mayoría de sectores.

La pregunta queda abierta: ¿está Europa virando hacia una política migratoria restrictiva de verdad, o es la enésima promesa que se diluirá en la burocracia? El reglamento existe; su cumplimiento es otra historia. Con precedentes de directivas que llevan años sin aplicarse en varios países, el escepticismo tiene fundamento. Pero también lo tiene la lectura de quienes ven en este giro, junto a Suecia y otros países, un movimiento que responde a la presión electoral más que a la ingeniería social de las élites.