TVE aparta a Isabel Durán tras publicar una investigación sobre el voto
La periodista
Isabel Durán ha anunciado que ha sido apartada de Radiotelevisión Española después de publicar una investigación sobre una supuesta grieta en la identificación digital de las urnas. Lo anunció ella misma en redes: «RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas. No es un bulo. Es una información verificada y publicada en @eldebate_com». El caso, que ella enmarca en
El Debate, abre dos frentes que van por separado: la veracidad del hallazgo técnico y la decisión de la cadena pública de prescindir de quien lo firma.
Qué dice la investigación y qué se le reprocha
El núcleo del hallazgo, tal como se describe, apunta a un fallo en la
identificación digital de los votantes. La hipótesis que circula es que un sistema capaz de generar identidades o documentos de forma automática podría introducir registros falsos en el censo y permitir que alguien votara con ellos. Quien defiende esa tesis sostiene que el agujero no está en la urna, sino en el paso previo: el listado que se imprime y que los interventores cotejan en cada mesa.
Frente a eso, la objeción más repetida es de sentido común administrativo. Para votar hay que figurar en el censo de esa mesa concreta, con nombre y apellidos coincidentes. Si no apareces, no votas. Y si apareces dos veces, el sistema debería detectarlo. La discusión deriva entonces a quién controla ese censo y con qué margen de discrecionalidad se elabora.
El argumento del censo: dónde se rompe la cadena
El censo electoral es público y los partidos tienen acceso a él. Ese es el punto de partida de quienes rebajan la alarma: con los datos en la mano, incluir entradas falsas exigiría manipular un registro que muchas manos revisan. La contrarréplica es que precisamente quien imprime el listado tiene la llave. Basta con añadir
DNI aleatorios que después acudan a votar, o con meter nombres de personas que nunca votan, o de fallecidos, como —se afirma— ya ha ocurrido en otras citas.
La discusión se enreda en un detalle práctico: si el votante debe ir físicamente a un colegio y su cara puede ser recordada, repetir en la misma mesa sería un
cantazo. La respuesta es que basta con repartir a los votantes suplantados por colegios distintos, y que el trabajo lo hagan personas sin perfil público, ajenas a cargos y escaños.
El voto por correo y los agujeros que ya existían
Buena parte del intercambio se va por una tangente que no necesita identidad digital: el voto por correo. Cuando alguien solicita ese voto, aparece en las listas de su mesa y ya no puede votar presencialmente, haya votado o no al final. Ese desfase entre solicitud y emisión es, para varios, el agujero real y documentado, sin necesidad de IA ni de pantallazos.
Ahí entran los testimonios. Un caso relatado es el de un matrimonio de
Valladolid al que, al llegar a la mesa, le dijeron que ya había votado. Otro participante cuenta que solicitó el voto por correo en el referéndum de la OTAN, nunca le llegó nada, y al presentarse en el colegio le espetaron que su voto ya estaba emitido. Son anécdotas, no estadísticas, pero alimentan la sensación de que el sistema tiene costuras.
El contexto: una cadena pública y una periodista incómoda
El trasfondo del caso es tan relevante como el hallazgo. Se apunta que la periodista colaboraba desde hacía tiempo en medios de perfil conservador, y que su salida podría responder a una operación de ajuste de cuentas más amplia. La comparación que se lanza es con otros espacios de la competencia que emiten contenido crítico a diario sin que nadie los toque. La explicación que se da es prosaica:
no es tan sencillo desmantelar un programa con audiencia consolidada, mientras que una colaboración externa se cancela con una llamada.
El asunto se enmarca en una conversación más amplia sobre la comunicación política y el control de las televisiones públicas. La pregunta de fondo no es si el hallazgo es cierto, sino quién decide qué se publica y qué se silencia en un medio financiado con dinero de todos.
Las dos Españas del pucherazo
En un extremo, la lectura es que existe una estrategia sostenida de fraude electoral que va mutando de método: primero el voto por correo, ahora la identificación digital. En el otro, la tesis del fraude masivo se considera una fantasía que solo sirve para deslegitimar resultados. Entre ambos, una franja sostiene que el sistema tiene fallos reales —el voto por correo es el ejemplo más citado— y que la respuesta no es negar el problema, sino blindar la cadena de custodia.
El cierre del asunto queda abierto. La investigación está publicada, la periodista está apartada y la pregunta técnica —si el sistema de identificación digital es o no manipulable— sigue sin una respuesta institucional que la zanje. Con estos mimbres, es previsible que el asunto vuelva cada vez que se acerque una cita electoral. Aunque, a juzgar por cómo se ha gestionado hasta ahora, tampoco conviene apostar a que alguien vaya a aclararlo con datos.