Juana Rivas pierde la custodia definitiva de sus hijos y afronta una nueva imputación
Nueve años de litigio, un indulto polémico y una nueva causa penal. La Justicia ha cerrado la última puerta a Juana Rivas en el caso de la custodia de sus dos hijos, que pasará de forma definitiva al padre, Francesco Arcuri. Pero el expediente no se cierra: el próximo 30 de octubre la mujer está citada como imputada por la supuesta sustracción de su hijo menor durante siete meses.
El caso arrancó en 2016, cuando Rivas se llevó a sus hijos a España sin permiso paterno, iniciando un periplo judicial que la llevó a ser condenada a dos años y medio de prisión. En 2021, el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial, por el que se le redujo la pena a cambio de no reincidir durante cuatro años. La reciente decisión de perder definitivamente la custodia llega después de que los tribunales evaluaran, entre otras pruebas, las declaraciones de los menores y los informes forenses.
El testimonio que dinamitó la defensa
Uno de los momentos clave fue el relato del menor Daniel, que según las informaciones del entorno judicial habría afirmado que su madre le inducía a mentir sobre supuestos maltratos paternos. La frase «mami me lavó el cerebro» se ha convertido en uno de los argumentos más citados por quienes consideran que la madre utilizó a sus hijos como arma en la batalla contra su expareja. Los informes sobre las lesiones en el hijo de tres años, que fueron atribuidas por la madre a la arena de la playa o al sillín de la bici, tampoco resistieron el paso del tiempo.
La defensa de Rivas siempre negó las acusaciones y mantuvo que sus hijos habían denunciado supuestos abusos del padre. Pero la repetición de esa versión, sin que los órganos judiciales hallaran sustento probatorio, acabó por erosionar su credibilidad. La decisión de los tribunales italianos, que en su momento fueron los primeros en señalar contradicciones, marca un contraste que ha sido subrayado en el análisis del caso.
El factor político: del indulto a la defensa oficial
La sombra de la política planea sobre todo el procedimiento. El indulto parcial de 2021, firmado por el Gobierno de coalición, fue recibido como un ejemplo de presión institucional sobre los tribunales. La entonces ministra Irene Montero llegó a calificar a Rivas de «madre protectora», una etiqueta que apenas resiste el contraste con las pruebas forenses que acabaron por determinar la decisión judicial. Ahora, con la custodia perdida y una nueva causa en curso, parte del análisis apunta a que la máquina político-mediática que blindó a Rivas ha quedado en una posición incómoda.
Custodia y denuncias falsas: la otra lectura
El caso ha reactivado un debate incómodo: el de las denuncias por violencia de género utilizadas como arma en los procedimientos de custodia. Los análisis más críticos sostienen que la rapidez con la que el sistema aceptó la versión de Rivas, sin contrastar las pruebas, contribuyó a prolongar una situación de calvario para el padre y los menores. «Si esto lo hace un hombre, la reacción hubiera sido muy distinta», es una idea recurrente entre quienes ven en este caso un ejemplo de diseño institucional contra el padre.
El futuro judicial: la espada de Damocles
La cita del 30 de octubre no es un trámite. Si la justicia determina que Rivas volvió a sustraer al menor Daniel durante siete meses tras el indulto, la petición fiscal tendría que recuperar la pena suspendida de dos años y medio. Las condiciones del indulto eran explícitas: no reincidir en los cuatro años siguientes. La pregunta es si la vía penal acabará convirtiendo la pérdida de custodia en una condena de prisión efectiva.
Con la decisión sobre la mesa, el caso Juana Rivas deja una certeza: el interés superior del menor, tantas veces invocado, acabó imponiéndose a los relatos. Pero la cercanía de la nueva causa penal mantiene abierto el expediente. ¿Sobrevivirá la versión de la «madre protectora» a los hechos?