Karim Khan y la sombra de la imparcialidad en la CPI
En marzo de 2025, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. La decisión desató una tormenta de reacciones. Entre ellas, una pregunta incómoda que recorre los mentideros digitales: ¿puede un musulmán practicante juzgar a Israel sin que su fe contamine el proceso? La cuestión, planteada con crudeza en un foro de economía y
geopolítica, ha derivado en un debate sobre religión, derecho internacional y dobles raseros.
Khan, nacido en Reino Unido en 1970, es un abogado especializado en derecho penal internacional y derechos humanos. Su currículum incluye su paso como vicepresidente del Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM), un grupo armado islamista que combatió al gobierno sudanés en Darfur entre 2005 y 2007. También dirigió el equipo de la ONU que investigó los crímenes del Estado Islámico en Irak. Para unos, esa trayectoria le capacita; para otros, le inhabilita.
¿Es incompatible ser musulmán con juzgar a Israel?
El núcleo del debate no es jurídico, sino identitario. Una parte de los intervinientes sostiene que el islam, a diferencia de otras confesiones, prescribe el odio al no musulmán y su sometimiento. «El Corán prescribe que un musulmán debe perseguir a los no musulmanes», afirma uno de los mensajes más repetidos. Sobre esa base, se argumenta que Khan debería haberse abstenido en cualquier causa que afecte a Israel o a judíos.
La postura contraria recuerda que la religión de un abogado no es causa de recusación en ningún sistema judicial del mundo. «Abogados judíos defienden a árabes sin mayor problema», se lee. Y se añade que la mayoría de los judíos son laicos, igual que muchos musulmanes. El propio Khan pertenece a una corriente reformista, lo que para algunos musulmanes le convierte en hereje. La paradoja no pasa desapercibida.
El currículum que alimenta las sospechas
El historial de Khan es el otro gran frente. Su etapa en el JEM, un grupo armado islamista, es el dato que más se repite. «Hay un claro conflicto de intereses», sostiene una de las voces más críticas. Se añade que cuatro de los seis casos que ha defendido ante la CPI tenían componente islámico, según un cálculo que circula en el foro, y que investigó el trato a presos terroristas en prisiones clandestinas. Para este sector, todo ello configura un sesgo incompatible con el cargo.
Frente a eso, se subraya que Khan dirigió la investigación de la ONU sobre los crímenes del ISIS en Irak, lo que demuestra que no protege a islamistas. Y se apunta un dato que desmonta el sesgo antioccidental: Khan suspendió la investigación sobre torturas en prisiones secretas de la CIA por «recursos limitados», priorizando los casos contra los talibanes y el ISIS en Afganistán.
La doble vara y el hermano convicto
La discusión deriva hacia terrenos más personales. Se menciona que un hermano de Khan fue condenado por abusos sexuales, lo que para algunos refuerza la acusación de hipocresía: un fiscal que persigue la pederastia en misioneros cristianos mientras su propia familia registra un caso. La respuesta es que la pederastia existe en todas las confesiones y que el cristianismo la persigue, mientras que, se alega, el islam la ampara en sus textos.
El intercambio se encona con acusaciones cruzadas sobre qué religión protege más a los pederastas. Se citan detenciones en Israel y condenas en Sierra Leona. El debate, lejos de resolverse, se convierte en un duelo de agravios comparados.
El trasfondo: ¿un tribunal de la sharía?
La acusación más grave es que la CPI se está convirtiendo en un «tribunal de la sharía». Se pide retirarle los fondos y procesar a Khan por prevaricación. Otros recuerdan que la Corte es un organismo internacional con reglas propias y que la religión del fiscal no figura entre los motivos de abstención.
Mientras, la orden de arresto contra Netanyahu sigue su curso. La pregunta de fondo —si un creyente puede juzgar a otro pueblo— queda sin respuesta. Y el dato que descoloca: el fiscal que algunos acusan de antioccidental fue el que cerró la investigación sobre las torturas de la CIA.