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Por Mandato Soberano
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Buenas, burbujistas.
Hoy hablábamos de los centros de datos y de cómo el especulador de turno siempre encuentra una excusa para exprimir al ciudadano. Pues bien, hay una burbuja mucho más silenciosa, mucho más profunda y mucho menos comentada que la del ladrillo o los servidores: los créditos de carbono agrícolas. Y lo mejor (o lo peor) es que aquí el dinero no es de fondos de inversión comprando pisos, es de fondos de inversión comprando tierra de labor para quedarse con el aire que hay encima.
Voy a soltar los datos y luego debatimos.
1. El Reglamento (UE) 2024/3012: la puerta giratoria legal para financiarizar el campo.
En diciembre de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/3012, la primera norma europea que crea un marco de certificación voluntaria para las absorciones de carbono en la agricultura. Bruselas tiene hasta 2027 para aprobar las metodologías que lo harán operativo; durante 2026, España debe transponer el marco y decidir quién podrá acceder a él.
Traducción: hay un vacío legal de dos años que los fondos de inversión están ocupando antes de que existan reglas claras. La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) lo ha dicho sin rodeos: “Si la normativa no vincula la certificación al agricultor activo, los fondos de inversión podrán acaparar las ayudas, elevar el precio de la tierra y expulsar al agricultor profesional del sistema antes de que las reglas definitivas estén escritas”.
2. Las cifras que convierten el campo en un activo financiero.
· 310 millones de toneladas de CO₂ (MtCO₂) que la UE exige absorber en suelos europeos para 2030. Sin la agricultura, dicen, es imposible.
· 2 millones de hectáreas en España ya están capturando carbono, pero sin certificación.
· 0,5 toneladas de carbono por hectárea y año acumula un viñedo o un olivar con cubierta vegetal.
· 4.000 empresas españolas están obligadas desde 2026 a medir y compensar su huella de carbono.
Y aquí está la jugada: el agricultor lleva décadas haciendo gratis lo que ahora se certifica y se paga. El pastoreo extensivo en dehesa, las cubiertas vegetales en viñedo y olivar, la incorporación de restos de poda, las rotaciones tradicionales... prácticas enraizadas en el saber agronómico de generaciones que han mantenido el carbono del suelo sin recibir un euro a cambio.
El suelo agrícola español almacena entre 1.500 y 2.400 gigatoneladas de carbono orgánico — más que toda la atmósfera terrestre. Ese es el activo que los fondos quieren.
3. El “bowling” no es producir: es comprar la tierra y quedarse con el carbono.
El paralelismo con el ladrillo es exacto: en 2006 se compraba suelo para no construir, se hacía flipping con licencias. Ahora se compra tierra de labor para no cultivarla, se genera el crédito de carbono, se vende y se revaloriza el activo.
¿El resultado? Entrada masiva de fondos de inversión comprando tierra para generar créditos de carbono, subida del precio del suelo agrícola, y desplazamiento del modelo agrario profesional hacia uno especulativo.
El economista Matt Taibbi lo describió mejor que nadie cuando habló de la próxima burbuja: “En lugar de créditos derivados, futuros de petróleo u obligaciones de deuda colateralizada con garantía hipotecaria, el nuevo juego son los créditos de carbono... una burbuja de nuevas mercancías muy novedosas, disfrazada de 'plan ambiental'”.
4. El mercado ya está en marcha: de 40 a 90 euros por hectárea.
En la feria Expo AgriTech 2026 se confirmó que ya se está pagando entre 40 y 90 euros por hectárea a los agricultores que aplican agricultura regenerativa. Y hay grandes empresas alimentarias que ofrecen remuneración atractiva por la compra de materia prima si se demuestra que se ha incrementado el carbono en el suelo.
Pero aquí está el problema: ¿cómo mide un agricultor su absorción de carbono? Ese vacío lo están ocupando plataformas privadas y fondos de inversión que imponen sus propias condiciones a los agricultores antes de que existan reglas claras.
5. La puntilla: el Estado regala 3.550 millones a las grandes contaminantes.
Y mientras los agricultores se pelean por 40 euros por hectárea, el Gobierno español se dispone a repartir de forma gratuita una bolsa promedio de 38,1 millones de derechos de emisión anuales entre más de 650 instalaciones industriales para el periodo 2026-2030.
Repsol acapara un 18% de todos los derechos de emisión gratuitos de España. El Estado le regala permisos para emitir más de 34 millones de toneladas de CO₂ durante cinco años. Tomando como base el precio medio previsto del carbono de 103 €/t, este “regalo” equivale a una subvención encubierta directa de aproximadamente 3.550 millones de euros.
Es decir: se subvenciona a las petroleras por contaminar y se deja que los fondos compren el campo para especular con el carbono que los agricultores llevan capturando gratis toda la vida.
Mi reflexión para el foro:
Esto no es una burbuja tecnológica abstracta ni un mercado de nicho. Es una burbuja física, territorial y alimentaria. Estamos regalando el carbono del suelo —un bien público, generado por generaciones de agricultores— a fondos que compran tierra para financiarizar el aire. Y cuando el mercado de carbono se sature, los fondos se irán con el dinero, la tierra quedará en manos de sociedades pantalla y el agricultor profesional habrá sido expulsado del sistema.
La pregunta no es si hay burbuja. La COAG ha dicho que si no se legisla en dos años, Wall Street se adueñará del carbono de nuestros campos. La pregunta es: ¿por qué nadie está conectando esto con el precio de la tierra, con la soberanía alimentaria y con el dinero que pagamos por compensar emisiones?
¿Vamos a dejar que nos vendan otro bowling como el del ladrillo, pero esta vez con el argumento del “plan ambiental”?
Os leo.
Hoy hablábamos de los centros de datos y de cómo el especulador de turno siempre encuentra una excusa para exprimir al ciudadano. Pues bien, hay una burbuja mucho más silenciosa, mucho más profunda y mucho menos comentada que la del ladrillo o los servidores: los créditos de carbono agrícolas. Y lo mejor (o lo peor) es que aquí el dinero no es de fondos de inversión comprando pisos, es de fondos de inversión comprando tierra de labor para quedarse con el aire que hay encima.
Voy a soltar los datos y luego debatimos.
1. El Reglamento (UE) 2024/3012: la puerta giratoria legal para financiarizar el campo.
En diciembre de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/3012, la primera norma europea que crea un marco de certificación voluntaria para las absorciones de carbono en la agricultura. Bruselas tiene hasta 2027 para aprobar las metodologías que lo harán operativo; durante 2026, España debe transponer el marco y decidir quién podrá acceder a él.
Traducción: hay un vacío legal de dos años que los fondos de inversión están ocupando antes de que existan reglas claras. La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) lo ha dicho sin rodeos: “Si la normativa no vincula la certificación al agricultor activo, los fondos de inversión podrán acaparar las ayudas, elevar el precio de la tierra y expulsar al agricultor profesional del sistema antes de que las reglas definitivas estén escritas”.
2. Las cifras que convierten el campo en un activo financiero.
· 310 millones de toneladas de CO₂ (MtCO₂) que la UE exige absorber en suelos europeos para 2030. Sin la agricultura, dicen, es imposible.
· 2 millones de hectáreas en España ya están capturando carbono, pero sin certificación.
· 0,5 toneladas de carbono por hectárea y año acumula un viñedo o un olivar con cubierta vegetal.
· 4.000 empresas españolas están obligadas desde 2026 a medir y compensar su huella de carbono.
Y aquí está la jugada: el agricultor lleva décadas haciendo gratis lo que ahora se certifica y se paga. El pastoreo extensivo en dehesa, las cubiertas vegetales en viñedo y olivar, la incorporación de restos de poda, las rotaciones tradicionales... prácticas enraizadas en el saber agronómico de generaciones que han mantenido el carbono del suelo sin recibir un euro a cambio.
El suelo agrícola español almacena entre 1.500 y 2.400 gigatoneladas de carbono orgánico — más que toda la atmósfera terrestre. Ese es el activo que los fondos quieren.
3. El “bowling” no es producir: es comprar la tierra y quedarse con el carbono.
El paralelismo con el ladrillo es exacto: en 2006 se compraba suelo para no construir, se hacía flipping con licencias. Ahora se compra tierra de labor para no cultivarla, se genera el crédito de carbono, se vende y se revaloriza el activo.
¿El resultado? Entrada masiva de fondos de inversión comprando tierra para generar créditos de carbono, subida del precio del suelo agrícola, y desplazamiento del modelo agrario profesional hacia uno especulativo.
El economista Matt Taibbi lo describió mejor que nadie cuando habló de la próxima burbuja: “En lugar de créditos derivados, futuros de petróleo u obligaciones de deuda colateralizada con garantía hipotecaria, el nuevo juego son los créditos de carbono... una burbuja de nuevas mercancías muy novedosas, disfrazada de 'plan ambiental'”.
4. El mercado ya está en marcha: de 40 a 90 euros por hectárea.
En la feria Expo AgriTech 2026 se confirmó que ya se está pagando entre 40 y 90 euros por hectárea a los agricultores que aplican agricultura regenerativa. Y hay grandes empresas alimentarias que ofrecen remuneración atractiva por la compra de materia prima si se demuestra que se ha incrementado el carbono en el suelo.
Pero aquí está el problema: ¿cómo mide un agricultor su absorción de carbono? Ese vacío lo están ocupando plataformas privadas y fondos de inversión que imponen sus propias condiciones a los agricultores antes de que existan reglas claras.
5. La puntilla: el Estado regala 3.550 millones a las grandes contaminantes.
Y mientras los agricultores se pelean por 40 euros por hectárea, el Gobierno español se dispone a repartir de forma gratuita una bolsa promedio de 38,1 millones de derechos de emisión anuales entre más de 650 instalaciones industriales para el periodo 2026-2030.
Repsol acapara un 18% de todos los derechos de emisión gratuitos de España. El Estado le regala permisos para emitir más de 34 millones de toneladas de CO₂ durante cinco años. Tomando como base el precio medio previsto del carbono de 103 €/t, este “regalo” equivale a una subvención encubierta directa de aproximadamente 3.550 millones de euros.
Es decir: se subvenciona a las petroleras por contaminar y se deja que los fondos compren el campo para especular con el carbono que los agricultores llevan capturando gratis toda la vida.
Mi reflexión para el foro:
Esto no es una burbuja tecnológica abstracta ni un mercado de nicho. Es una burbuja física, territorial y alimentaria. Estamos regalando el carbono del suelo —un bien público, generado por generaciones de agricultores— a fondos que compran tierra para financiarizar el aire. Y cuando el mercado de carbono se sature, los fondos se irán con el dinero, la tierra quedará en manos de sociedades pantalla y el agricultor profesional habrá sido expulsado del sistema.
La pregunta no es si hay burbuja. La COAG ha dicho que si no se legisla en dos años, Wall Street se adueñará del carbono de nuestros campos. La pregunta es: ¿por qué nadie está conectando esto con el precio de la tierra, con la soberanía alimentaria y con el dinero que pagamos por compensar emisiones?
¿Vamos a dejar que nos vendan otro bowling como el del ladrillo, pero esta vez con el argumento del “plan ambiental”?
Os leo.