La carga de la España Que Madruga: ¿CUÁNTO CUESTAN LOS INMIS A LOS ESPAÑOLES?

16.513 millones en partidas: así se estima el coste de la inmigración​

Ponerle precio a la inmigración en España se puede hacer con una hoja de cálculo. Se ha hecho. Un recuento difundido en un foro suma 16.513 millones de euros, con fecha de actualización del 28 de agosto de 2019, y el detalle importa más que el total: tres partidas se llevan casi todo el dinero, varias no están cuantificadas y el capítulo de ingresos se resuelve con una regla de tres sobre el IVA. Lo llamativo no es la cifra. Es todo lo que queda fuera de ella.

Sanidad, educación y pensiones: las tres grandes partidas​

Con un gasto sanitario medio por habitante de 1.565 euros anuales y 5.947.000 residentes de origen extranjero, la factura asciende a 9.307 millones. La educación aporta 5.773 millones, resultado de multiplicar los 8.008 euros de coste medio por alumno por los 721.018 escolares contabilizados. Y las prestaciones no contributivas del SEPE, aquellas que no exigen cotización previa, suman 512 millones para cerca de 100.000 perceptores.

Las tres partidas concentran más del 90% del total. Y las tres se calculan igual: un promedio multiplicado por un censo. Sin microdatos, sin separar tramos de renta, sin distinguir residentes comunitarios de personas en situación irregular. Es una aproximación, no una contabilidad.

¿Cuánto cuesta mantener a los menores no acompañados y a los reclusos?​

El capítulo de menores extranjeros no acompañados aparece troceado. El Gobierno central transfirió 40 millones a las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid cifró en 17 millones la atención a 1.250 menores, esto es, 13.600 euros por cabeza. Extrapolado a los 12.300 menores registrados en España, salen al menos 167 millones.

El coste penitenciario se estima en 1.806 euros mensuales por recluso, 21.672 al año. Con 16.549 internos extranjeros, la cifra llega a 358,6 millones. A eso se añaden los 7,24 millones de los ocho centros de internamiento de extranjeros en 2016, los 10,8 millones de las deportaciones en avión licitadas en 2018 y los 318 millones que maneja la Secretaría General de Inmigración y Emigración en programas dirigidos a este colectivo.

¿Cuánto aportan los inmigrantes en impuestos?​

Aquí el cálculo se vuelve mucho más frágil. España recaudó 67.717 millones de IVA en 2017. Entre 46,57 millones de habitantes, salen 1.454 euros por persona. Si los residentes de origen extranjero consumen y tributan como la media —supuesto discutible—, aportan 8.647 millones.

En el propio debate se apuntan objeciones de peso. Una parte del ahorro migrante sale del país en forma de remesas, lo que rebajaría el consumo y el IVA generado. El IRPF resulta casi nulo en rentas bajas, y buena parte del impuesto sobre la renta que pagan residentes extranjeros con sueldos altos correspondería, según se sostiene, a jubilados y profesionales de países occidentales, no a la inmigración económica. Una estimación más generosa, citada en el mismo intercambio, eleva los ingresos fiscales hasta 14.900 millones y deja el saldo negativo en 1.600 millones anuales.

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Las rentas mínimas autonómicas: el gasto que nadie desglosa​

El País Vasco concede la Renta de Garantía de Ingresos con un presupuesto de 402,1 millones, del que el 30% de los perceptores son extranjeros, más una prestación complementaria de vivienda de 89,1 millones con el 52% de beneficiarios extranjeros. Son los únicos datos autonómicos desglosados que recoge este recuento; para el resto de comunidades no aporta cifra ni porcentaje.

El plan director de vivienda 2018-2020 del País Vasco moviliza 1.119 millones, unos 373 al año, sin que el recuento detalle el reparto por nacionalidad de los beneficiarios. Las ayudas al alquiler y las rentas mínimas de las demás comunidades quedan, a efectos prácticos, como una línea en blanco.

Dos años de seguimiento: qué se fue añadiendo al cálculo​

El recuento no nació completo. Cada revisión incorporó partidas nuevas: primero los menores no acompañados, después los reclusos, más tarde las ayudas al alquiler. Con el tiempo, el foco se desplazó a episodios como la llegada masiva a Ceuta, el anuncio de repoblación de municipios de Castilla-La Mancha con población migrante o la posibilidad de regularizar a quienes perdieron su empleo durante la pandemia. Sobre el papel, cada uno de esos movimientos añade gasto no cuantificado.

Quedan partidas citadas que nunca se sumaron al total. La sanidad a personas en situación irregular, que según una estimación de elEconomista costaría 1.100 millones al año. Los 2.130 euros de un parto o los 19.000 de una apendicitis. El coste anual de un paciente diabético, calculado en 1.770 euros. También se mencionan, aunque no son gasto público, los 14.500 millones de remesas enviadas al exterior en 2017.

Qué se puede esperar de esta contabilidad​

La conclusión razonable a corto plazo es que la cuenta no se va a cerrar. En el propio debate se apunta a que las administraciones no facilitan estos datos en un formato homogéneo y las partidas autonómicas seguirán siendo el principal hueco del cálculo. Si alguien espera un veredicto limpio sobre si el saldo es positivo o negativo, no lo va a encontrar aquí: depende de cuántas partidas sin cuantificar entren al debe y de qué se acepte en el haber. Lo más probable es que el número siga subiendo por el lado del gasto y que el desglose de ingresos siga apoyándose en medias nacionales que no distinguen entre un jubilado británico en Alicante y un temporero sin contrato.