La consejera del menor dice que "sería dramático" que dejarán de existir MENAS, ya que muchas familias viven de ello

«Sería dramático» que no haya menores: muchas familias viven de ello​

El sistema de acogida de menores migrantes no acompañados tiene en Melilla una pata económica que casi nunca se nombra en público. La consejera del Menor, Cecilia González, la nombró en una entrevista en la televisión pública de la ciudad: si los menores extranjeros no acompañados dejaran de existir, dijo, «sería dramático» porque muchas familias viven de ello. La frase, difundida por la cuenta de Cadena SER Melilla, se replicó en minutos. No por escandalosa, sino por lo contrario: por confirmar en voz alta lo que buena parte del público daba por supuesto.

Qué dijo la consejera y en qué contexto​

González sostuvo que «sería dramático» que dejaran de existir los Menores Extranjeros no Acompañados en Melilla «ya que muchas familias viven de ello». Lo hizo en una entrevista en la televisión pública local, según el extracto difundido por Cadena SER Melilla y la referencia al minuto 15 de la emisión. En la frase no hay una defensa del negocio: hay una advertencia sobre el empleo asociado. El matiz importa, y aun así la lectura dominante fue otra. En cuanto el fragmento circuló, la interpretación se cerró sola: una responsable pública acababa de reconocer que los menores son, además de personas, una fuente de ingresos para un entramado de servicios.

Quién cobra de verdad: centros, conciertos y nóminas​

La conversación derivó rápido hacia el reparto del dinero. Hay quien cifra en 5.000 euros por menor lo que mueve el sistema, y quien recuerda que una alcaldesa de ERC facturaba 8.000 euros al día por alojar a menores migrantes, según una información periodística citada al respecto. Frente a esa lectura, otra corriente sostiene que los menores no ven ese dinero: se lo quedarían quienes regentan los centros tutelados y las entidades concertadas, no los chavales. Las dos versiones comparten un supuesto incómodo: el dinero público dedicado a la acogida es lo bastante grande como para que merezca la pena discutir quién lo administra.

A esa disputa se suma otra sospecha, más política: que el beneficiario real no sean las familias contratadas, sino las estructuras que intermedian entre el presupuesto y el servicio. Se describe un ciclo reconocible —detectar un problema, conseguir apoyo, crear puestos, producir informes y campañas que justifiquen la propia existencia— que convertiría la acogida en un chiringuito más, hermano de los planes de empleo y las subvenciones cruzadas. Es una acusación sin desglose contable público, y precisamente por eso funciona tan bien en el debate.

El argumento del empleo: tabaco, armas y otras industrias incómodas​

La defensa del puesto de trabajo como razón para mantener una actividad tiene precedentes poco presentables. Se ha comparado con el tabaco —prohibirlo destruiría empleos— y con la industria armamentística, las farmacéuticas o el propio Vaticano: actividades cuya desaparición también dejaría a mucha gente sin nómina. La analogía más repetida es la de la prostitución: nadie sostiene que deba mantenerse porque de ella vivan fabricantes de preservativos. El argumento, llevado al extremo, se vuelve absurdo por sí solo, y ahí está su fuerza retórica.

¿Se pueden reconvertir los puestos del sistema de acogida?​

Sí, en teoría: la propuesta más repetida es redirigir esos empleos hacia la atención a ancianos y dependientes, un sector con demanda creciente y plantilla escasa. El obstáculo no es técnico, sino presupuestario: la dependencia se financia con otras partidas y otras prioridades políticas. También se apunta que si el volumen de menores cayera, el ajuste sería de empleo y de contratos, no de discurso. Y que el problema de fondo no es que existan familias que trabajan en la acogida, sino que su sustento dependa de que el flujo no se detenga.

El fondo: ¿un negocio o un servicio con coste?​

Aquí el desacuerdo es total. Una parte lo ve como un negocio de intermediación, de la misma familia que cualquier otro servicio externalizado que vive de fondos públicos. Otra responde que todo servicio público genera empleo y que confundir el coste con el lucro es un atajo. En el margen aparecen posiciones más extremas, como la de quien, llevado por el cabreo, propone directamente ceder Ceuta y Melilla para dejar de discutir el asunto. Es una salida de tono, pero mide bien la temperatura del enfado.

Lo previsible es que la frase siga usándose como arma arrojadiza en ambos sentidos: unos la leerán como prueba de que el sistema es un negocio, otros como prueba de que da trabajo. Lo que difícilmente cambiará es el silencio sobre las cifras concretas —cuánto se paga por plaza, cuánto llega al menor, cuánto se queda por el camino—. Mientras ese desglose no se publique, cada cual seguirá leyendo en la misma frase lo que ya pensaba.