Tres menas jovenes tutelados por la generalidad de cataluña desatan el caos en un pueblo de barcelona

Tres menores tutelados y 6.000 vecinos al límite en Dosrius​

A plena luz del día, en Dosrius (Barcelona), tres niños de entre 11 y 13 años fueron asaltados con una navaja. Uno de los agresores llegó a realizar tocamientos a una de las víctimas, según el relato difundido del suceso. Los autores eran tres menores tutelados por la Generalitat y alojados en el albergue Mas Silvestre, un centro que la DGAIA gestiona desde 2017. El municipio ronda los 6.000 habitantes. Tres chavales bastaron para que el asunto saltara de la puerta del centro a la Consejería.

El suceso desencadenó una recogida masiva de firmas y forzó la intervención del departamento de Derechos Sociales, que acabó reconociendo que el centro es un «foco constante de problemas». Desde la Consejería se ha anunciado una reducción de plazas y un refuerzo de personal, y se sostiene que, tras el traslado de los tres menores, «no hay una situación problemática» en el albergue. La versión oficial choca con años de quejas vecinales que, según las informaciones publicadas, se habrían aparcado por motivos ideológicos.

Qué es la DGAIA y qué ha auditado la Sindicatura de Cuentas​

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) es el organismo de la Generalitat encargado de tutelar a menores en situación vulnerable, incluidos los que llegan solos y sin familia. Según las informaciones publicadas, está bajo control político de ERC y arrastra un historial de escándalos.

La Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador catalán, señaló para el periodo 2016-2020 una serie de irregularidades: adjudicaciones de contratos poco transparentes a entidades controladas por personas vinculadas a ERC, ayudas repartidas a jóvenes que no cumplían los requisitos y una falta notable de supervisión sobre los menores tutelados. A esos hallazgos se suma, según las mismas fuentes, una red de prostitución infantil destapada recientemente. Son señalamientos de informes y acusaciones publicadas, no condenas firmes.

Por qué el traslado de los menores no cierra el problema​

Mover a tres residentes conflictivos de un centro a otro cambia la dirección del conflicto, no su naturaleza. Ese es el argumento que recorre buena parte del análisis posterior al caso: si el modelo de acogida no cambia, el municipio que reciba a los siguientes repetirá la queja dentro de unos meses. El caso de Dosrius se presenta, además, como la punta de un iceberg con muchos centros bajo sospecha.

Enfrente está la lectura administrativa. La consejería ha reducido plazas —menos usuarios por centro, menos fricción— y ha reforzado la plantilla, dos medidas que atacan el síntoma. La pregunta que queda sin responder es cuántos centros del sistema arrastran una ratio parecida y cuántas denuncias vecinales no llegaron ni a firmarse.

Firmas, pasividad y el debate sobre quién debe intervenir​

La recogida de firmas ha polarizado la conversación. Una corriente sostiene que un pueblo de 6.000 habitantes no debería tener que pedir por escrito que se garantice la seguridad en su calle. Otra advierte de que la alternativa a la firma es el conflicto directo, y que ese camino acaba siempre con particulares en el banquillo: hay quien cita condenas a propietarios que se defendieron de un robo en su vivienda para ilustrar el desequilibrio.

Un tercer bloque pone el foco en la responsabilidad política. Se argumenta que la DGAIA lleva años funcionando sin control efectivo, que las ayudas y los contratos se han repartido sin criterio verificable y que la solución no llegará mientras el organismo siga bajo la misma tutela. Y sobre todo el caso planea una crítica recurrente: que las quejas vecinales se aparcaron durante años bajo la etiqueta de no alimentar el racismo.

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El informe de la Sindicatura cubre cuatro ejercicios completos, de 2016 a 2020: contratos opacos, ayudas sin requisitos verificados y supervisión ausente. Tres menores han bastado para que un pueblo de 6.000 habitantes llegue hasta la Consejería.