La creación de La Séptima: ¿control de medios para la agenda sociata?

Moncloa adjudica a Contreras un canal con licencia de 15 años​

El nuevo canal de televisión que el Gobierno ha adjudicado al grupo de José Miguel Contreras tiene ya fecha para salir al aire: septiembre. La licencia es de 15 años, renovable otros 15, según defendía el propio Contreras frente a las críticas, y el proyecto llega después de que el accionista de control de PRISA lo apartara de la compañía en 2025. En la cúpula de PRISA, según las informaciones publicadas, su presidente se niega a aprobar una operación televisiva que se atribuye al impulso de Moncloa.

El relato que circula es que el Ejecutivo no se conforma con lo que ya tiene. Programas estrenados para competir de frente con El Hormiguero, espacios de actualidad colocados contra los formatos de Iker Jiménez, una cadena nueva en camino. Quien controla la televisión, controla el país, resume un participante del debate. La frase tiene más de consigna que de dato, pero describe el clima.

La negativa de PRISA y la pelea interna por el relato​

PRISA atraviesa una pugna que no se libra en los despachos, sino en los consejos. De un lado, el accionista de control, que en 2025 apartó a José Miguel Contreras y a Carlos Núñez; de otro, una cúpula directiva que, según lo publicado, se resiste a alinearse con determinadas operaciones. La información que sitúa al presidente de la compañía negándose a aprobar el proyecto televisivo apunta a un pulso abierto entre el negocio y la política.

La paradoja es llamativa: quien fuera apartado de PRISA acaba al frente de una concesión nueva. Pues a por el siguiente, escribía el propio Contreras al conocerse el movimiento, en la línea de los mensajes irónicos que han acompañado su regreso a primera línea. El punto de fricción no es tanto ideológico como de modelo: una compañía cotizada que arrastra deuda y cuyos dueños quieren asegurar el negocio sin depender del humor del Gobierno de turno.

¿Cuánta gente ve todavía la televisión en abierto?​

Aquí los números ordenan bastante el ruido. La horquilla que se maneja en el debate sitúa en torno a 15 millones de personas el público que sigue la televisión convencional, una cifra en descenso año tras año. En el prime time, según lo apuntado por los participantes, los programas más vistos apenas alcanzan los 2 millones de espectadores si no hay fútbol u otro gran evento de por medio. Los telediarios, los concursos de sobremesa y poco más copan el top diario. Hasta los grandes picos de audiencia reciente se explican por eventos deportivos: torneos como el Mundial, y no la programación política, fueron los que reventaron las cifras.

Es decir: la televisión ya no mueve a las masas que movía, pero tampoco es un desierto. Quince millones de espectadores siguen siendo una base enorme, aunque envejecida y cada vez más difícil de movilizar con formatos nuevos. De ahí que la pelea no sea por audiencia bruta, sino por presencia y por lo que esa presencia arrastra cuando llega el momento de votar.

Del déficit al BOE: quién paga la fiesta​

El negocio, en crudo, no cuadra. Se sostiene que los canales en abierto llevan años en números rojos y que sin la publicidad institucional —la que reparten las administraciones— muchos habrían cerrado. Un canal más en una parrilla de TDT ya saturada compite por el mismo pastel publicitario, que se reparte entre fragmentos de audiencia cada vez más pequeños.

La tesis que más se repite es que el negocio real no es el anunciante, sino la cercanía al poder: contratos, licencias, concesiones de quince años que se renuevan. La licencia es, precisamente, lo que se esgrime para justificar el proyecto ante las críticas: quince años prorrogables otros quince, igual que las concesiones anteriores.

El control del relato y el peso en las urnas​

Y llegamos al punto que nadie suelta: si la televisión influye de verdad en el voto. Hay quien sostiene que el electorado que ve la televisión lineal está sobrerrepresentado en las urnas —jubilados y empleados públicos, sobre todo— y que un 70-30 en ese segmento decantaría cualquier elección. Otros responden con lo obvio: si la influencia fuera la que se le supone, no haría falta seguir sumando canales.

Lo cierto es que el medio pierde peso relativo mientras gana peso la conversación en redes, donde el mismo material se recorta y se reutiliza para otros fines. La televisión como herramienta de presión se debilita; como escaparate de contratos y sillones, no pierde nada.

El gasto, mientras tanto, sale de algún sitio. Y ese sitio, como apuntan varios participantes, es el contribuyente.