La dgt y subdelegación del gobierno en león, emitieron comunicado de prensa acusándome de conducir un autobús escolar bajo los efectos de las drojas

Falso positivo en drogas a un conductor de autobús: el caso que retrata el atasco del drogotest​

El 21 de enero de 2025, un conductor de autobús escolar fue sometido a un control de drogas en Puente Almuhey (León). El test de saliva dio positivo en THC. La DGT y la Subdelegación del Gobierno emitieron un comunicado acusándole de conducir bajo los efectos de las drogas. Dos meses después, el 19 de marzo, sus abogados confirmaron que era un falso positivo, según publicó Diario de Valderrueda. El conductor, que afirma no haber consumido, asegura que los agentes se inventaron una infracción de línea continua para justificar la parada, pese a que su coche lleva dashcam.

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El test que mide restos, no intoxicación​

El drogotest de saliva detecta metabolitos de cannabis hasta 7 días después del consumo, incluso si no hay efectos sobre la conducción. Los propios agentes preguntan si se ha fumado en la última semana, sabiendo que el resultado será positivo. La muestra luego se envía a un laboratorio, pero el proceso administrativo puede alargarse semanas. Mientras, el conductor se queda sin vehículo y con el expediente abierto. En este caso, el laboratorio privado tardó 24 horas en confirmar el falso positivo, pero la burocracia funcionarial lo retrasó meses.

Dashcam y denuncias de arbitrariedad​

El conductor relata que los agentes le pararon en la puerta de su casa, alegando que había pisado una línea continua. Su dashcam lo grababa todo, pero los agentes no revisaron la grabación. Se negó a soplar porque no había motivo, y pidió un análisis de sangre en el hospital, que le fue denegado. Diez días después, le devolvieron el coche sin hacerle la prueba, argumentando que «al estar en la puerta no iba a usarlo». El conductor califica la actuación de «corrupta hasta la médula».

Responsabilidad patrimonial del Estado​

El debate sobre quién paga los platos rotos está abierto. El conductor perdió días de trabajo y la empresa tuvo que cubrir su ausencia. Algunas voces apuntan a que el Estado debería indemnizar, pero señalan que parte de la indemnización saldría de los impuestos del propio afectado. Otros recuerdan que los funcionarios rara vez asumen consecuencias por negligencias, mientras que en una empresa privada ya habrían rodado cabezas. La Ley de Tráfico, criticada por su afán recaudatorio, queda en el centro de la diana.

El caso ilustra la fragilidad de un sistema que criminaliza sin prueba de culpabilidad real. La presunción de inocencia, en los controles de carretera, parece un adorno.