La economía necesita 7 millones de forasteros hasta 2030

Siete millones de migrantes para sostener las pensiones: el cálculo que no cuadra​

La Comisión Europea cifra en siete millones los migrantes que España necesitaría recibir hasta 2030 para que su tasa de dependencia se quede en el 34%, es decir, 34 jubilados por cada 100 activos. El dato, recogido por Público y difundido en un foro de economía, parte de una premisa incómoda: los nacimientos apenas compensarán las defunciones y solo la entrada de trabajadores extranjeros engordará la población activa y cotizante. La paradoja es que ese cálculo convive con casi cinco millones de parados y un mercado laboral que no genera empleo neto.

El cálculo oficial y sus agujeros​

El informe de Bruselas sitúa la tasa de dependencia española en el 34% en 2030, por debajo de la media europea (38%) y muy lejos de Alemania o los países nórdicos, donde llegará al 46%. Fedea va más allá y proyecta un 48,7% para 2050. Asturias será la región más envejecida, con un 50%, mientras Murcia solo tendrá 26 mayores por cada 100 jóvenes. La Seguridad Social encargó a Zenón Jiménez-Ridruejo, catedrático de la Universidad de Valladolid, varios escenarios: si la entrada de migrantes se cortara en 2025, la tasa de dependencia se dispararía a 74 mayores por cada 100 activos y el gasto en pensiones alcanzaría el 17,34% del PIB. Con flujos sostenidos de 600.000 personas al año, la población llegaría a 70 millones en 2050 y el gasto caería al 8,8% del PIB.

El problema, señalan las voces más críticas, es que el informe confunde traer cotizantes con crear empleo. Para sumar siete millones de cotizantes harían falta siete millones de puestos de trabajo, y con cinco millones de parados la cifra real se eleva a doce millones de empleos. Un cálculo que circula en el debate lo resume sin paños calientes: si no se genera actividad, los recién llegados engrosarán las listas del paro y el sistema seguirá sin ingresos.

¿Por qué se cuestiona el vínculo entre migración y pensiones?​

Porque hay quien sostiene que el sistema es un esquema piramidal que exige crecimiento constante de la base cotizante. Cuando los migrantes que hoy trabajan se jubilen —a partir de 2030—, hará falta traer a más gente para pagarles. La pregunta que sobrevuela el debate es cuántos millones más serán necesarios entonces. Hay quien sostiene que el problema no es demográfico sino de productividad: si se invirtiera en formación e I+D, menos trabajadores podrían sostener a más pensionistas. Otros apuntan a que el verdadero objetivo es dumpear el mercado laboral, también el cualificado: primero la construcción, ahora informáticos y médicos.

El impacto en el mercado laboral y los salarios​

La llegada masiva de mano de obra presiona los salarios a la baja. Con siete millones más de trabajadores, el SMI quedaría, en palabras de un interviniente, en «un cuenco de arroz y un saco lleno de chinches». El argumento empresarial es que hay carencia de informáticos; la respuesta crítica es que se importan para picar código por cuatro euros. El resultado sería una devaluación salarial interna que abarata la producción sin mejorar la productividad por trabajador, el modelo chino trasplantado a España.

Los recursos: agua, huella ecológica y 70 millones de habitantes​

Más allá del empleo, la sostenibilidad física del país entra en juego. Un interviniente señala que España ya consume el doble de huella ecológica de la que permite la península. Sostener a 70 millones de habitantes en 2050 exigiría recursos hídricos y ambientales que hoy no están garantizados. Es una variable que los informes económicos suelen ignorar y que el debate ecológico pone encima de la mesa.

El trasfondo político y la trampa del cortoplacismo​

La propuesta se lee, según algunos análisis, como una justificación ad hoc para importar mano de obra barata. El objetivo real, sostienen algunos intervinientes, no es enriquecer el sistema ni garantizar las pensiones, sino crear una masa de población desarraigada que compita entre sí y acepte condiciones que los autóctonos rechazan. Mientras, los políticos evitan tomar medidas impopulares como retrasar la edad de jubilación o fomentar la natalidad. La crítica a la clase dirigente es transversal: se habla de «devaluación bestial salarial» y de mantener los precios de las empresas y actividades de los oligopolios.

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¿Y si el problema no fuera cuántos vienen, sino cuántos cotizan de verdad?