La empresa usurera le devuelve el piso a afeminadormen

Maricarmen no vuelve a su piso: Urbagestión lo cede a Reviva​

¿Le devuelven el piso a Maricarmen o le están contando otra película? Urbagestión ha dejado caer que busca fórmulas para que la mujer de 87 años, desahuciada y sacada de su casa en camilla, pueda volver a su vivienda. El titular corrió solo. La letra pequeña dice otra cosa: el inmueble se cedería a Reviva, un fondo público, y por esa vía hay lista de espera y unos requisitos que la señora no reúne.

Qué ha pasado en el piso de Maricarmen​

Los hechos, en orden. Urbagestión ejecutó el desahucio de una inquilina de 87 años. La sacaron en camilla. Horas después, las calles se llenaron —miles de personas— y el nombre de Maricarmen pasó a ser la cara de la crueldad inmobiliaria. Es entonces cuando la empresa propietaria anuncia que estudia fórmulas para su vuelta.

Hay quien recuerda que, con la ley en la mano, el desalojo podía haberse ejecutado mucho antes, ya en 2007. Y hay quien responde que eso no exime a nadie de haber rechazado todas las salidas posibles sabiendo el riesgo para la salud de una anciana. La cronología es incómoda para los dos bandos.

La cesión a Reviva: la letra pequeña que desmonta el titular​

Aquí está el nudo. El piso no vuelve a Maricarmen: se cede a Reviva, un fondo público, con lista de espera y requisitos que ella no cumple. Es decir, la señora entra en la cola como cualquier hijo de vecino. La usurera que se acobarda se convierte, sobre el papel, en la empresa que colabora con la administración mientras se quita el marrón de encima.

No es generosidad: es gestión de daños. Con miles de personas en la calle y el nombre de la empresa ya pegado a un símbolo, ceder el inmueble a un ente público permite seguir cobrando —si el ayuntamiento lo garantiza— y salir de la foto. El piso sigue sin ser de ella. Eso no cambia.

El pulso de fondo: propiedad privada contra moralina​

Detrás del caso late el debate de siempre. Un bando sostiene que el propietario hace con su vivienda lo que le viene en gana, que ha pagado IBI, comunidad y reformas durante años y que no es un agente social. El otro responde con una pregunta incómoda: si hay 75 desahucios al día, por qué solo uno conmueve al país.

Los números del sector tampoco ayudan a cerrar nada. Los fondos tienen alrededor del 8% de la vivienda residencial. El Estado, según los mismos cálculos, se lleva sobre el 40% del precio en la primera compra, un 12% en la segunda y un 0,3% cada año vía impuestos. Y el propio mercado da miedo: no pocos propietarios admiten que están sacando pisos del alquiler para dejarlos cerrados.

Los números del alquiler que nadie cuadra​

Un caso concreto ilustra el desajuste. Un piso de 82 metros en Zaragoza, comprado por 90.000 euros —15 millones de pesetas—, equivale hoy a 235.000 euros actualizados con el IPC. Para sacarle un 3% de rentabilidad hacen falta 7.050 euros al año, y entre comunidad, seguros, reparaciones e impagos se van unos 5.000. Resultado: unos 1.000 euros al mes de alquiler solo para no perder dinero.

Con esas cuentas, la moral y el bolsillo empujan en direcciones opuestas. Y mientras, la vivienda pública no aparece: de las 183.000 VPO prometidas en 2023 se han entregado 500.

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¿La empresa usurera devuelve el piso? Devuelve el conflicto a la casilla de salida, que no es lo mismo. Maricarmen sigue esperando su turno en una lista. El circo mediático, mientras tanto, ya tiene su titular.