Mantener una vivienda vacía en España cuesta alrededor de 5.000 euros al año, cerca de 417 euros mensuales, aunque el inmueble no genere rentas ni sea utilizado de manera habitual. Así se desprende de un estudio interno de la Asociación Española de Franquicias Inmobiliarias (AEFI), que advierte de que muchos propietarios subestiman los costes recurrentes asociados a unacasa cerrada y solo tienen en cuenta el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la cuota de la comunidad.
El análisis parte de la información aportada por las siete redes integradas en AEFI —Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso y RE/MAX—, que suman más de 700 oficinas y 6.600 profesionales en España. Para homogeneizar el cálculo, la Asociación ha tomado como referencia una vivienda urbana en una capital o ciudad de tamaño medio, con un valor catastral de 100.000 euros, integrada en una comunidad de propietarios con ascensor y mantenida en condiciones adecuadas para su posterior venta o alquiler. La estimación no incluye hipoteca, derramas extraordinarias ni reformas de gran envergadura, y puede variar sensiblemente según el municipio, los servicios del edificio, la antigüedad de la finca y el estado de conservación.
El primer gasto ineludible es el IBI. La normativa estatal fija para los inmuebles urbanos un tipo general comprendido entre el 0,4% y el 1,10% de la base liquidable. En una vivienda con una base de 100.000 euros, la cuota ordinaria puede oscilar, por tanto, entre 400 y 1.100 euros al año. El supuesto de AEFI asigna a esta partida 700 euros. El recargo municipal puede alcanzar el 50% en viviendas desocupadas más de dos años sin causa justificada de titulares de cuatro o más inmuebles residenciales; y el 100% si superan tres años. Puede sumar otros 50 puntos si el titular tiene dos o más viviendas desocupadas en el mismo municipio. En este último caso, un IBI de 700 euros podría llegar a 1.750 euros. Su aplicación depende de la ordenanza municipal.
La comunidad de propietarios representa una media de otros 1.200 euros anuales en el modelo utilizado por AEFI, equivalentes a 100 euros mensuales. El propietario debe seguir abonando las cuotas ordinarias aunque no resida en el inmueble y también afrontar las derramas que se aprueben para conservar la finca, renovar instalaciones o liquidar obras de accesibilidad y eficiencia energética. Estas últimas no se incluyen en los 5.000 euros y pueden aumentar considerablemente el coste de un ejercicio concreto.
El mantenimiento y las pequeñas reparaciones constituyen la partida más elevada e imprevisible: 1.500 euros al año en el cálculo. Esta cantidad funciona como una provisión para revisiones, limpieza, pintura, humedad, pequeñas fugas, persianas, electrodomésticos o deterioros derivados de la falta de uso. AEFI recuerda que una avería no detectada durante meses puede multiplicar el daño y que una vivienda mal conservada pierde atractivo comercial cuando finalmente sale a la venta o al alquiler.
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"Una vivienda vacía no es un activo sin coste. Incluso cerrada, exige una gestión mínima, genera obligaciones periódicas y puede deteriorarse si no se supervisa. Antes de mantenerla desocupada durante años, el propietario debería calcular todos los gastos, revisar su situación jurídica y fiscal y valorar con asesoramiento profesional qué alternativa se ajusta mejor a sus circunstancias", explica Leonardo Cromstedt.
La suma del supuesto analizado alcanza así los 5.000 euros: 1.200 de comunidad, 700 de IBI ordinario, 600 de suministros mínimos, 300 de seguro, 1.500 de mantenimiento y pequeñas reparaciones, 200 de tasas locales y 500 de impacto fiscal estimado. La cifra puede quedar por debajo en inmuebles sencillos y bien conservados o superar ampliamente ese umbral si existen servicios comunitarios costosos, derramas, averías relevantes o un recargo municipal por desocupación permanente.
AEFI señala que la decisión no puede reducirse únicamente a comparar el coste anual con una posible renta. Vender, alquilar, rehabilitar o conservar una vivienda responde a situaciones personales y patrimoniales diferentes. La Asociación aconseja elaborar un presupuesto completo, realizar visitas periódicas, comprobar el estado de las instalaciones y solicitar una valoración profesional antes de fijar un precio. "Contar con información completa permite conocer el verdadero coste de aplazar durante años el destino de una vivienda y tomar una decisión ajustada a las circunstancias de cada propietario", concluye Cromstedt.
El análisis parte de la información aportada por las siete redes integradas en AEFI —Alfa Inmobiliaria, Century 21, Comprarcasa, Keller Williams, Look & Find, Redpiso y RE/MAX—, que suman más de 700 oficinas y 6.600 profesionales en España. Para homogeneizar el cálculo, la Asociación ha tomado como referencia una vivienda urbana en una capital o ciudad de tamaño medio, con un valor catastral de 100.000 euros, integrada en una comunidad de propietarios con ascensor y mantenida en condiciones adecuadas para su posterior venta o alquiler. La estimación no incluye hipoteca, derramas extraordinarias ni reformas de gran envergadura, y puede variar sensiblemente según el municipio, los servicios del edificio, la antigüedad de la finca y el estado de conservación.
El primer gasto ineludible es el IBI. La normativa estatal fija para los inmuebles urbanos un tipo general comprendido entre el 0,4% y el 1,10% de la base liquidable. En una vivienda con una base de 100.000 euros, la cuota ordinaria puede oscilar, por tanto, entre 400 y 1.100 euros al año. El supuesto de AEFI asigna a esta partida 700 euros. El recargo municipal puede alcanzar el 50% en viviendas desocupadas más de dos años sin causa justificada de titulares de cuatro o más inmuebles residenciales; y el 100% si superan tres años. Puede sumar otros 50 puntos si el titular tiene dos o más viviendas desocupadas en el mismo municipio. En este último caso, un IBI de 700 euros podría llegar a 1.750 euros. Su aplicación depende de la ordenanza municipal.
La comunidad de propietarios representa una media de otros 1.200 euros anuales en el modelo utilizado por AEFI, equivalentes a 100 euros mensuales. El propietario debe seguir abonando las cuotas ordinarias aunque no resida en el inmueble y también afrontar las derramas que se aprueben para conservar la finca, renovar instalaciones o liquidar obras de accesibilidad y eficiencia energética. Estas últimas no se incluyen en los 5.000 euros y pueden aumentar considerablemente el coste de un ejercicio concreto.
Suministros y mantenimiento
Cerrar una casa tampoco elimina los suministros. Mantener activos el agua y la electricidad permite realizar revisiones, detectar fugas o averías y evitar los costes de una nueva alta. AEFI reserva 600 euros anuales para cuotas fijas y consumos mínimos y otros 300 euros para un seguro del hogar adaptado a una vivienda sin ocupación continuada. Además, la Asociación recomienda comunicar esta circunstancia a la aseguradora, ya que puede modificar las condiciones o coberturas de la póliza.El mantenimiento y las pequeñas reparaciones constituyen la partida más elevada e imprevisible: 1.500 euros al año en el cálculo. Esta cantidad funciona como una provisión para revisiones, limpieza, pintura, humedad, pequeñas fugas, persianas, electrodomésticos o deterioros derivados de la falta de uso. AEFI recuerda que una avería no detectada durante meses puede multiplicar el daño y que una vivienda mal conservada pierde atractivo comercial cuando finalmente sale a la venta o al alquiler.
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Tasas e impuestos
A estos importes, AEFI añade unos 200 euros en tasas municipales y un impacto fiscal estimado de 500 euros. Para calcular esta última cifra, parte de un valor catastral de 100.000 euros, una renta imputada del 2% y un tipo marginal del 25%. El coste real puede ser inferior cuando resulte aplicable el porcentaje del 1,1% y variará según la situación fiscal de cada propietario."Una vivienda vacía no es un activo sin coste. Incluso cerrada, exige una gestión mínima, genera obligaciones periódicas y puede deteriorarse si no se supervisa. Antes de mantenerla desocupada durante años, el propietario debería calcular todos los gastos, revisar su situación jurídica y fiscal y valorar con asesoramiento profesional qué alternativa se ajusta mejor a sus circunstancias", explica Leonardo Cromstedt.
La suma del supuesto analizado alcanza así los 5.000 euros: 1.200 de comunidad, 700 de IBI ordinario, 600 de suministros mínimos, 300 de seguro, 1.500 de mantenimiento y pequeñas reparaciones, 200 de tasas locales y 500 de impacto fiscal estimado. La cifra puede quedar por debajo en inmuebles sencillos y bien conservados o superar ampliamente ese umbral si existen servicios comunitarios costosos, derramas, averías relevantes o un recargo municipal por desocupación permanente.
AEFI señala que la decisión no puede reducirse únicamente a comparar el coste anual con una posible renta. Vender, alquilar, rehabilitar o conservar una vivienda responde a situaciones personales y patrimoniales diferentes. La Asociación aconseja elaborar un presupuesto completo, realizar visitas periódicas, comprobar el estado de las instalaciones y solicitar una valoración profesional antes de fijar un precio. "Contar con información completa permite conocer el verdadero coste de aplazar durante años el destino de una vivienda y tomar una decisión ajustada a las circunstancias de cada propietario", concluye Cromstedt.
https://www.eleconomista.es/viviend...ta-5000-euros-al-pandero-tenerla-cerrada.html