La familia biológica del bebé olvidado en linares: "me quitáis el descendiente porque aseguráis que está en riesgo y me lo devolvéis perecido"

El bebé olvidado en Linares: 13 acogimientos y una custodia a los 70​

Un matrimonio de acogida de unos 70 años deja a un niño de dos años encerrado en el coche hasta morir. La familia biológica no aparece en ningún medio. El relato oficial, mientras tanto, insiste en que «hacían un trabajo brillante». El caso, conocido en Linares, ha reabierto la discusión sobre cómo se concede la custodia de menores y quién responde cuando el sistema falla.

Los datos que se manejan en la discusión son concretos y, a la vez, incompletos. El padre de acogida tenía 72 años, sufría un principio de alzhéimer y estaba medicado con antibióticos por una pulmonía. La madre de acogida, de 55, era trabajadora social. Entre los dos habían acogido a 13 niños en la última década, según las informaciones citadas, con una retribución estimada de 600 euros al mes por menor. La pregunta que se repite es simple: ¿cómo se autoriza a una persona septuagenaria, con deterioro cognitivo reconocido, la custodia de un bebé con dificultades de movilidad?

Quién autoriza y quién supervisa la acogida​

La discusión no se centra en el olvido en sí, sino en la cadena de decisiones que lo hizo posible. Hay quien sostiene que el sistema de acogida funciona como un mecanismo de asignación de menores con incentivo económico y sin control real. Otros apuntan a la falta de personal y a la ausencia de evaluaciones periódicas de los acogedores. Lo que nadie discute es que el niño llevaba tiempo en esa casa.

El detalle que más incomoda es el perfil de la madre de acogida: trabajadora social de profesión. Eso abre la puerta a una sospecha que se repite en el material: que quien conoce el circuito por dentro pueda captar menores con más facilidad. No hay condena ni imputación firme, pero el dato está ahí y nadie lo aclara.

La familia biológica: la versión que no se emite​

El otro frente del caso es el silencio. La familia biológica del bebé no ha dado su versión en los medios, según se subraya en la discusión. No se sabe por qué le retiraron la custodia, ni si los padres tenían alguna discapacidad, ni si había familiares directos disponibles. Lo que sí se ha difundido, y con insistencia, es la imagen de los acogedores como personas ejemplares.

Ese desequilibrio narrativo es el núcleo del malestar. Se entrevista a conocidos del padre de acogida; no se busca a los padres biológicos. Se sugiere que el niño no estaba bien atendido en su casa de origen, sin aportar resolución judicial ni informe. La duda se siembra en una dirección y no en la otra.

El negocio de la acogida: 600 euros por menor y mes​

La cifra que recorre toda la conversación es la de 600 euros mensuales por niño acogido. Con 13 acogimientos en una década, el volumen no es anecdótico. Quienes defienden el sistema dicen que esa cantidad cubre gastos y que la mayoría de las familias acogedoras no obtiene beneficio. Quienes lo critican señalan que el incentivo existe y que la supervisión no compensa el riesgo.

La comparación que se hace es incómoda: si el problema de la familia biológica era económico, ¿no habría sido más barato y más humano destinar ese dinero a que pudiera cuidar a su propio hijo? La pregunta no tiene respuesta oficial. Tampoco la tiene la de por qué no se recurrió a familiares directos antes que a una pareja de septuagenarios.

El olvido en el coche: negligencia o accidente​

Sobre el hecho en sí, la discusión se divide. Una parte sostiene que olvidar a un niño en un coche es más frecuente de lo que parece, que ocurre a padres de todas las edades y que responde a fallos de atención en rutinas automatizadas. Otra parte responde que un bebé no es una cartera ni un móvil, y que a los 72 años, con alzhéimer incipiente y pulmonía, no se debería tener a un menor a cargo.

La pregunta que queda sin resolver es la de la responsabilidad administrativa. Si el Estado retira un menor alegando riesgo y lo entrega a una familia que no puede garantizar su seguridad, ¿quién responde? Hasta ahora, nadie.

Qué pasa con los responsables de la autorización​

No hay expediente conocido contra la trabajadora social que firmó la idoneidad, ni contra el organismo que la aprobó. La discusión insiste en que los nombres y los cargos de quienes autorizaron la custodia no han trascendido. Sin esa información, la rendición de cuentas es imposible.

El caso de Linares no es el primero. La conversación menciona otros episodios de menores fallecidos en circunstancias similares, con padres biológicos jóvenes, y en todos ellos la conclusión mediática fue parecida: despiste, tragedia, nadie dimite. La diferencia aquí es la edad de los acogedores y la existencia de un contrato público de por medio.

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Con estos mimbres, lo previsible es que la investigación judicial avance despacio, que la familia biológica siga sin voz pública y que la administración no asuma responsabilidad alguna. Si algo cambia, será por presión social, no por diseño institucional.