La guardia civil debe ser disuelta y alerta digiltal por dejarse coaccionar

La Guardia Civil, cuestionada: crece la exigencia de disolución​

Disolver la Guardia Civil. Lo que hace unos años sonaba a salida de tono de sobremesa se ha instalado como tesis en una parte del debate público español, y este episodio lo ha vuelto a poner sobre la mesa. El detonante: la polémica en torno a un medio digital, Alerta Digital, al que buena parte de su propia audiencia reprocha haberse dejado coaccionar. La discusión desborda el caso y toca el corazón del instituto armado: qué papel cumple, a quién sirve y quién paga su factura.

El episodio que reabre la pregunta​

A raíz de la cobertura del medio citado, una corriente sostiene que el instituto armado se ha dejado presionar por el poder y que sus unidades actúan con impunidad. Desde otro ángulo, se reprocha al propio medio haber cedido ante presiones externas y se cuestiona su fiabilidad editorial. Hay quien recuerda que el cuerpo acumula siglos de historia y que juzgarlo entero por episodios concretos es una generalización tan cómoda como injusta. La polémica, en todo caso, mezcla dos cosas que conviene separar: el comportamiento de una cúpula y el de un cuerpo con decenas de miles de efectivos repartidos por toda España.

La UCO, ¿contrapoder o ajuste de cuentas?​

Aquí el análisis se parte en dos. Una tesis defiende que la Unidad Central Operativa es, junto a algunos jueces y un puñado de periodistas, el único contrapoder real frente a lo que describe como un narco-Estado a medio construir, y que gracias a ella se está evitando un desenlace a la venezolana. La tesis opuesta replica que la UCO no es toda la Guardia Civil y que no ha actuado por principios, sino por venganzas internas; recuerda además que hace apenas un mes casi nadie conocía su existencia. Ambas lecturas conviven sin resolverse.

Lo paradójico es que el mismo cuerpo que algunos exigen disolver alberga a quienes instruyen las causas más incómodas para el Gobierno. Defender a la Guardia Civil y pedir su desaparición en la misma frase no es contradicción: es el retrato de un país que desconfía a la vez del vigilante y del vigilado.

Multas, radares y la acusación de coaccionar al ciudadano​

El otro gran bloque del descontento no es judicial, es de tráfico. Circulan casos concretos: una sanción de 300 euros por pasar a 116 km/h por un tramo de obra limitado a 80, o la sensación de que los radares se esconden donde más recaudan. De ahí salta el argumento recurrente de la presunción de veracidad, según el cual la palabra del agente pesa más que la del ciudadano y obliga a pleitear para ganar lo que debería ser automático.

No todos los reproches tienen el mismo fundamento, pero describen un malestar medible: quien se siente multado sin motivo y quien denuncia y no obtiene respuesta comparten la sospecha de que la ley no está hecha para él. Ese es el caldo donde crece cualquier tesis de disolución. El desglose de casos que circula da para un inventario que no cabe aquí, pero explica por qué el enfado ha dejado de ser anecdótico.

La sospecha de fondo: desgastar al cuerpo para poder desmantelarlo​

Falta la pieza más polémica. Hay quien sostiene —sin aportar pruebas— que la ofensiva contra la cúpula es un movimiento planificado para debilitar al instituto y allanar su desaparición en determinados territorios, con ciertos socios parlamentarios como beneficiarios teóricos. Se trata de una hipótesis que circula como sospecha, no como hecho comprobado, y que conviene leer con la misma distancia con que se mira cualquier relato de interés oculto.

Lo que sí es verificable es que la exigencia de disolución, antes marginal, ha dejado de ser una excentricidad para convertirse en una consigna repetida. Que sea minoritaria no la hace irrelevante: marca el grado de erosión de la confianza.

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Ahí se atasca el análisis. La exigencia de disolver la Guardia Civil convive con la constatación de que sus unidades más incómodas para el poder —las que instruyen las causas sensibles— son hoy, para muchos, el último dique antes de que el país se parezca demasiado a ciertos vecinos. Nadie ha resuelto todavía cómo se sostiene un instituto armado que a la vez protege y coacciona. Tal vez porque la pregunta no es sobre la Guardia Civil, sino sobre en quién confiamos para que vigile a los demás. Y la respuesta, hoy, es en nadie.