La inmi gración es un problema, no tengas miedo de admitirlo

Del Raval a Lavapiés: el tabú que se rompe en las cenas​

Una amiga progresista, entrada en copas, suelta que lo que teme es volver sola a casa y cruzarse con una pandilla de jóvenes. Silencio en la mesa. Gestos, caras, miradas hacia la puerta. Y la disculpa inmediata: «me siento fatal, la verdad». La escena la recoge el escritor Juan Soto Ivars en un artículo publicado en El Confidencial, y de ella parte un debate recurrente: la inmigración es un problema y decirlo en voz alta sigue teniendo coste social. No es un tema nuevo. Lo nuevo es quién lo dice.

Por qué la inmigración se admite en privado y no en público​

El mismo texto recoge el caso de unos amigos, descritos como votantes habituales de Sumar, que matricularon a su hijo en un colegio y no en otro porque en el primero había, decían, «demasiada inmigración». En el Gabinete de Julia Otero, el propio autor sostuvo que la inmigración es un problema y que cuanto antes aborden ese asunto todas las opciones políticas, presentando soluciones alternativas a las del nacionalismo, antes se frenará el crecimiento de determinados partidos. El razonamiento es de lógica electoral: si el tema queda huérfano, lo ocupa quien lo grita.

Conviene separar dos cosas. Una es el hecho migratorio, consustancial a las sociedades desarrolladas. Otra es el descontrol administrativo y su gestión. Quien mezcla ambas acaba discutiendo sobre intenciones y no sobre números. Y los números, aquí, se discuten poco.

¿Faltan trabajadores o faltan sueldos que alguien quiera aceptar?​

Hay una objeción recurrente al argumento de «hacen los trabajos que nosotros no queremos». Se sostiene que en Japón, Nueva Zelanda o Australia no se ha seguido ese camino y sus economías funcionan igual. De ahí sale una formulación que resume media conversación: no hay malos trabajos, hay malos sueldos. La conclusión que se extrae es que la llegada de mano de obra abundante permite mantener condiciones que un trabajador nacional difícilmente aceptaría, con jornadas largas y salarios que no compensan. La propuesta que circula va en esa dirección: obligar por ley a contratar mano de obra nacional para forzar mejoras salariales, al estilo de las políticas restrictivas de Japón o Corea del Sur, y sancionar a los empresarios que usen la contratación de migrantes para devaluar el mercado.

Frente a eso, otra corriente sostiene que la baja natalidad y el envejecimiento hacen inevitable cierto flujo migratorio. El choque entre ambas no es ideológico: es de modelo productivo.

Vivienda, sanidad y salarios: dónde se nota el impacto​

El efecto económico se canaliza por tres vías que reaparecen una y otra vez. La primera, el empleo: se argumenta que la oferta masiva de mano de obra ha tensionado a la baja las condiciones. La segunda, los servicios públicos: saturación de la sanidad y presión sobre la atención primaria. La tercera, la vivienda: más demanda sobre un parque escaso y un acceso cada vez más caro. Hay quien añade una cuarta, más incómoda: el negocio de colocar a recién llegados en pisos compartidos alimenta la misma burbuja que luego se lamenta.

A eso se suman los costes fiscales: ayudas a quienes llegan sin red familiar, convalidación de títulos y los fraudes que se detectan en prestaciones. Ninguna de esas piezas es concluyente por separado. Juntas dibujan una presión sostenida sobre el Estado del bienestar que ningún Gobierno ha querido cuantificar en público.

El miedo en el barrio: Raval, Lavapiés y lo que no se mide​

La anécdota inicial no es aislada. Aparece también el caso de una mujer que cruza a diario una zona del centro de Barcelona y describe a sus vecinos como gente servicial, frente a quien cuenta la versión opuesta sobre la misma calle. En Madrid se señala Lavapiés como isla electoral de la izquierda dentro del municipio, con centros culturales y entidades subvencionadas en cada esquina. Varios participantes sostienen que la percepción de inseguridad no se mide con estadísticas de delitos pero condiciona votos.

Aquí las posturas se cruzan con dureza. Una parte niega que exista relación entre delincuencia y origen y califica ese vínculo de bulo. Otra responde que el miedo no se discute: se reconoce o se niega, y negarlo solo lo traslada al discurso que se pretendía evitar. Lo llamativo es que la confesión llegó de quien, en teoría, menos motivos tenía para hacerla.

Quién gana con el descontrol​

Hay un punto que suele quedar fuera del titular: el negocio. Se apunta a las mafias que trafican con personas y cobran por el viaje, y a las entidades que gestionan la acogida con dinero público. Circula la información de que una ONG que alojó a migrantes en un hotel de Guardamar recibió más de 50 millones de euros del Gobierno en 2022. Si eso es así, el incentivo para que el flujo no se detenga deja de ser humanitario. La pregunta que se repite: por qué se persigue a quien llega y no a quien hace negocio con que llegue.

Cerrar fronteras, remigración y planes sin pruebas​

En el extremo aparecen exigencias de cerrar fronteras y revertir regularizaciones, junto a la advertencia de que quizá sea demasiado tarde y toque resolver primero los problemas internos. También se cuelan teorías conspirativas sobre un supuesto plan para sustituir población, sin ninguna prueba que las respalde. Ese ruido es, precisamente, el que permite a otros no hablar del asunto.

Al final queda el dato que descoloca: la cifra que se cita —50 millones a una sola entidad en un ejercicio— no sale de un folleto alarmista, sino de una información publicada. Con ese material sobre la mesa, seguir tratando la inmigración como asunto intocable no es prudencia. Es dejar el argumento en manos de quien peor lo va a usar.