La no publicacion de las actas confirma el embeleco electoral

Por qué se pide publicar todas las actas del escrutinio en abierto​

¿Se puede auditar un resultado electoral si las actas que lo sostienen no están en abierto? El procedimiento que centra el malestar se describe en cuatro pasos: el funcionario que preside la mesa fotografía el acta con el escrutinio, la envía a Indra, y es la empresa la que traslada esos números a los medios y a la web oficial. La suma provisional llega ya cocinada. El papel, mientras tanto, duerme en un sobre.

De la foto del acta a Indra​

La receta que más se repite es de sentido común: que el funcionario suba la foto a una web pública y que Indra las tome de ahí. Con ese cambio, sostiene esta corriente, se gana trazabilidad y la empresa deja de ser intermediaria entre el colegio y el ciudadano. En la misma petición se cuela otra: suprimir el voto por correo, por considerarlo una vía con menos controles.

El enfado no es solo por dónde acaban los datos. Es también por cuándo. Se habla de un escrutinio general a puerta cerrada, sin posibilidad de grabar, y de funcionarios que aparecen y desaparecen. Que el resultado provisional que publica la prensa se apoye en los números de una compañía privada y no en la suma pública de las actas es, para esta parte, la prueba de que el diseño está mal. O algo peor.

¿Qué obliga la LOREG a hacer con las actas?​

La ley electoral es explícita en la fase de mesa: una copia del acta con los resultados debe publicarse en la puerta del colegio y entregarse a interventores y apoderados. El objetivo declarado es que cualquiera pueda comprobar los números de su mesa. Lo que la norma no fija es cuánto tiempo permanece expuesta esa copia; no hay plazo concreto, según se advierte en la propia conversación.

Después llega el escrutinio general, regulado en el artículo 105.2 de la LOREG. La Junta Electoral Central ha tenido que reiterar en cada convocatoria —2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 y otra vez en mayo de 2024— el modo en que deben proceder las juntas provinciales. Que el recordatorio se repita cada vez es, en sí mismo, un dato.

Quien ha estado en una mesa defiende el sistema​

No todos compran la tesis del pucherazo. Varios relatos de primera mano coinciden: hicieron el recuento, los números cuadraron y lo publicado se correspondía con lo contado. El argumento de fondo es logístico. Las actas se rellenan por cuadruplicado con papel autocopiativo y acaban en manos de personas distintas, con intereses políticos distintos. Falsificarlas exigiría tocar varias copias en sitios diferentes.

La objeción más insistente a esa defensa es el cansancio. Mesas atendidas por ciudadanos sin experiencia, jornadas de más de doce horas, tabletas en las que el orden de las candidaturas no coincide con el del acta y personal copiando datos de varias mesas seguidas. En esas condiciones, dicen los críticos, el error no es excepción: es rutina. Y nadie lo corrige después.

Auditar, cotejar y repensar el voto por correo​

De ahí salen las recetas concretas que circulan. Publicar el escaneo del acta en una web oficial para que cualquiera —Indra o quien quiera— arme su propio recuento provisional. Obligar por ley a presidentes y vocales a consultar al día siguiente los resultados asignados a su mesa y confirmarlos o corregirlos. Y guardar votos y actas en los juzgados un tiempo prudencial, como se hace en otros países, para permitir revisiones e impugnaciones.

Sobre la mesa hay también una advertencia de calendario: la última gran reforma de la norma sirvió, recuerdan, para introducir el requisito de recoger firmas, con el efecto de dejar fuera a formaciones pequeñas. Tocar la ley, avisan, no siempre mejora las cosas.

La comparación con otros países​

Fuera de España, argumentan los críticos, publicar las actas es lo normal. Se cita el caso de Perú, donde los documentos se vuelcan en abierto, y el de países que conservan físicamente las papeletas para poder recontar. La pregunta que lanzan es sencilla: si el sistema es tan sólido como se dice, qué costaría hacerlo aquí.

Asturias, Cádiz y el recurso contra las europeas​

En el terreno de los hechos, la conversación recoge el cierre de puertas en el escrutinio general de Cádiz, con apoderados que no pudieron entrar a vigilar, y la difusión de un audio en el que, según se afirma, un magistrado de la junta electoral de Asturias admitiría que no se están sumando las actas como manda la ley. Son acusaciones sin resolución judicial conocida.

En paralelo, la impugnación de las elecciones europeas presentada por Iustitia Europa habría sido admitida a trámite por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, según los mensajes que circulan. El asunto queda en manos de los tribunales.

Si todo es tan limpio, ¿qué cuesta subir las actas? Nada. Y ahí sigue el sobre.