La izquierda recupera la idea de la expropiación de viviendas

Expropiar viviendas a la banca y despertar al fantasma del 59​

¿Se pueden quitar las viviendas a los bancos y dárselas a quien las necesita? La pregunta, que hasta hace poco sonaba a consigna de mitin, ha aterrizado en la agenda pública con una propuesta concreta: nacionalizar viviendas y quitárselas a los bancos. Y detrás asoma una palabra que en España llevaba décadas arrinconada en el desván: expropiación.

Qué se propone con las viviendas de los bancos​

La formulación no es inocente. Hablar de «recuperar la desterrada idea de la expropiación» coloca el eje donde no estaba: no en construir más, sino en movilizar lo ya construido. Tocando de lleno el derecho de propiedad, el precio del suelo y la seguridad jurídica que exigen los inversores. Y aterrizando, de paso, en una pregunta incómoda: si hay viviendas vacías en manos de entidades financieras, ¿por qué siguen fuera del mercado?

Las posturas no tardan en chocar. Quien defiende la medida argumenta que existen incentivos perversos para no mover ese stock. Quien la rechaza avisa de que sin un pago justo se entra en un terreno muy distinto.

Justiprecio o expolio: dónde está la línea​

La Constitución permite la expropiación forzosa si media causa de utilidad pública o interés social y se abona el justiprecio. Ese es el punto que separa una operación legal de un despojo. La propia Carta Magna añade que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, está supeditada al interés general. Ahí empieza el lío: en la cifra.

Hay quien sostiene que se pagará lo que fije la administración y quien avisa de que esa cantidad no coincidirá con lo que esperan los propietarios. Hay quien lee la propuesta como una forma de negociar: se pide lo máximo, se genera ruido, y lo que acabe aprobándose será menos malo que el punto de partida.

El precedente cubano y las reclamaciones de EEUU​

El 17 de mayo de 1959, Fidel Castro firmó en la propia Sierra Maestra la ley que abrió el proceso de expropiaciones en Cuba. Aquello se convirtió en el centro del poder del Estado y desató una oleada de nacionalizaciones. Décadas después, EEUU ha decidido admitir las reclamaciones de los afectados, lo que abriría la puerta a demandar a cualquier empresa que haya obtenido beneficios de compañías nacionalizadas. La medida afectaría a firmas europeas y por eso la UE la rechaza.

El paralelismo no es gratuito. Cualquier ejecutivo que plantee tocar la propiedad privada a gran escala mira antes de reojo a ese precedente, y el listado de reclamaciones internacionales que arrastra funciona como recordatorio molesto.

Feijóo promete un millón de viviendas y el diagnóstico se cruza​

Frente a la vía expropiadora hay otra receta sobre la mesa. Alberto Núñez Feijóo cifra en «más de un millón» las viviendas necesarias para poder rebajar los precios, y promete construirlas si llega a La Moncloa. El origen del problema, sostiene, no está en el stock existente sino en años de colapso acumulado.

Dos diagnósticos opuestos y ninguna cifra que cierre el asunto. Uno mira lo ya construido y pregunta por qué sigue parado. El otro mira el grifo de la obra nueva y promete abrirlo. Ninguno explica del todo qué ocurre con el suelo, la financiación o los plazos.

Al final, la duda que queda flotando no es si se puede expropiar, sino quién paga la factura. Y si el justiprecio lo fijan unos mientras los otros avisan de que no piensan soltar la propiedad, lo único seguro es que la cifra terminará discutiéndose en un sitio bastante menos épico que la Sierra Maestra.