La ley de nietos: nacionalidad de origen sin marcha atrás
La polémica envolventa a la propuesta del Gobierno de Sánchez para conceder la nacionalidad española a descendientes de españoles ha abierto un debate jurídico de calado. El punto más conflictivo no es solo la ampliación del derecho, sino el carácter de la nacionalidad que se otorgaría: de origen, lo que según el artículo 11.2 de la Constitución la hace irrevocable. Es decir, ni el Estado podría retirarla después, ni a los beneficiarios ni a sus descendientes.
Un engendro jurídico o una cuestión de derechos
Los críticos sostienen que la figura se está utilizando de forma torticera. Un magistrado del Tribunal Constitucional ha defendido la medida apelando a los derechos humanos, pero los detractores recuerdan que la concesión masiva de nacionalidad por un lazo familiar remoto no es un derecho humano reconocido. "La nacionalidad dejará de tener valor", advierten algunos análisis, que calculan que medio continente americano podría acceder al pasaporte español y, con él, a la libre circulación en la UE.
La oposición política, ausente según la fuente
El debate trasciende lo legal: la oposición parlamentaria, según los críticos, apenas ha alzado la voz. Se habla de un "régimen oligárquico" donde el disenso es puro teatro. Mientras, la instrucción que permitiría la medida se considera una "tergiversación normativa" que evade el procedimiento de ley orgánica.
Un precedente sin vuelta atrás
Que la nacionalidad sea de origen implica que no solo el solicitante, sino sus hijos y nietos futuros la tendrán asegurada. Es, en palabras de los críticos, un "engendro" que, de no rectificarse, cambiaría el mapa demográfico y de derechos en España. ¿Realmente es necesario conceder la nacionalidad a cientos de miles de personas que nunca han pisado el país?