La muy pilla iba de frutera y realmente lo que le gusta es el chorizo.

El novio de Ayuso: Maserati, comisiones y Hacienda​

La pareja de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigada por Hacienda por un presunto fraude fiscal de más de 300.000 euros, y ese es el punto de partida del debate. El caso ha estallado justo cuando el caso Koldo centra el debate político, y ha acabado convertido en un plebiscito sobre la presidenta madrileña: si debe dar explicaciones por los negocios de su pareja, si debe dimitir y por qué un comisionista privado se ha vuelto el centro del debate nacional. Respuesta corta: no hay respuesta corta.

Qué se investiga a la pareja de Ayuso​

De la pareja de Ayuso no se discute, por ahora, el origen del dinero, sino su declaración. La investigación apunta a una supuesta evasión cifrada en 300.000 euros y pico, muy lejos de los dos millones que circulaban en las primeras versiones. No hay condena ni sentencia: hablamos de una inspección abierta, y esa distinción importa cuando enfrente hay una maquinaria política dispuesta a leer cualquier borrador como una sentencia firme.

El negocio en cuestión es el material sanitario. Un sector donde buena parte del gasto es público y donde operar con la administración no es ninguna anomalía, sino el funcionamiento ordinario del mercado. Ahí se agarra el argumento de quienes defienden al entorno de Ayuso: facturar a la sanidad pública siendo proveedor sanitario no es un delito, es un negocio.

De las mascarillas al chalé de Pozuelo​

El rastro conduce a la pandemia. Según el relato que circula, la comisión atribuida al hermano de la presidenta no salió de la Comunidad de Madrid, sino de poner en contacto a una empresa catalana con otra gallega para que una suministrara mascarillas a la otra, que a su vez las vendía al ministerio. Un intermediario, una comisión y un archivo posterior de Anticorrupción. Tras ese archivo, según esa misma versión, la empresa implicada compró un chalé de lujo en Pozuelo.

Luego está Galicia. Los contratos del novio de Ayuso con el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar se habrían hecho, siempre según las informaciones publicadas, troceando la compra para no sacarla a concurso: 152 contratos a dedo en 2021 y 140 contratos menores diferenciados por centro y población, todos bajo la etiqueta «Gastos Covid a maiores» para escuelas infantiles. Un pago único habría obligado a licitar. Ciento cuarenta pagos pequeños, no. El desglose completo, contrato a contrato, es lo que deja el rastro administrativo más incómodo del asunto.

Un Maserati Ghibli con 949 euros en multas​

Hay un detalle que resume el tono del caso mejor que cualquier informe. El Maserati Ghibli vinculado a la pareja acumulaba, entre febrero de 2022 y octubre de 2023, seis multas de tráfico y dos impuestos del vehículo sin pagar: 949,17 euros en total. Una cifra ridícula para un coche de ese precio. Y precisamente por eso incómoda: quien puede permitirse ese coche rara vez deja sin pagar 949 euros por descuido. Hay quien lo lee como contabilidad creativa aplicada a la puerta de casa.

¿Cortina de humo del PSOE o caso real?​

Aquí las lecturas se separan sin remedio. Una parte sostiene que todo esto es una operación de distracción montada para tapar el caso Koldo, con Ábalos, los contratos de mascarillas y el papel del Ministerio en el punto de mira. Se argumenta que la fiscalía española y la europea ya descartaron irregularidades en el caso del hermano y que resucitarlo ahora huele a oportunidad, no a justicia. La acusación de simple persecución política recorre buena parte de la conversación.

La otra posición no niega el caso Koldo, lo usa como espejo: si unos se forran con las mascarillas durante una pandemia, no se entiende la indignación selectiva. El contraste que más se repite es que el hermano de Ayuso habría ganado en una tacada lo que un trabajador con salario mínimo tarda veinte años en ingresar.

¿Por qué Ayuso no dimite?​

Porque, con lo que hay sobre la mesa, no existe una imputación contra ella. La pregunta de fondo —qué responsabilidad tiene una presidenta autonómica en los negocios de quien comparte su vida— no tiene respuesta jurídica, solo política. Quienes piden explicaciones equiparan convivir con un investigado a serlo; quienes las rechazan recuerdan que el propio código no permite juzgar por asociación. Entre ambos extremos, la inspección sigue su curso y cada respuesta nueva reabre el mismo fuego.

Con el caso Koldo abierto y esta inspección sin cerrar, lo previsible es que los dos frentes sigan alimentándose el uno al otro durante meses. Cuál de los dos acabe pesando más en las urnas es, a día de hoy, una quiniela. La única certeza es que el Maserati y las 140 facturas gallegas volverán a aparecer, se resuelva o no el expediente.