Reino Unido afronta un agujero de 50.000 millones y el fantasma del FMI
El manejo económico del Gobierno británico está llevando al país hacia una crisis de deuda con aroma a los años setenta, cuando Londres tuvo que llamar a la puerta del Fondo Monetario Internacional. Los economistas que firman el diagnóstico no se andan con rodeos: el agujero fiscal ronda los
50.000 millones de libras y la canciller Rachel Reeves afronta un presupuesto de otoño con muy poco margen. La advertencia no llega sola. Los grandes minoristas avisan de que la subida de impuestos y la burocracia empujan al país hacia una era de
stagflación, esa palabra que combina lo peor de cada casa.
Qué ha pasado y por qué se habla del FMI
El detonante es una combinación conocida: déficit que no baja, deuda que se acumula y un coste de financiación que se encarece. El precedente histórico se cita sin pudor. En
1976, el aumento de la deuda y la caída de la libra obligaron al ministro de Hacienda laborista Denis Healey a solicitar un rescate al FMI. A cambio del préstamo, el organismo impuso recortes enormes de gasto público y el Partido Laborista tuvo que aparcar su programa de construcción de vivienda social. Aquel episodio dejó una lección que nadie quiere repetir: quien pide el dinero, acepta las condiciones.
La presión política ya se nota. El líder de Reform UK,
Nigel Farage, ha aprovechado para devolver el debate económico a los años setenta, mientras que la líder conservadora
Kemi Badenoch atribuye el encarecimiento del préstamo público a la mala gestión económica. Reeves tiene por delante un presupuesto de otoño que se antoja incómodo.
El efecto contagio que nadie quiere mirar
El caso británico no es una isla. Francia ya ha dejado caer la posibilidad de una intervención del FMI si no se contiene el déficit y la deuda, una medida que el Gobierno galo quiere evitar a toda costa porque supondría pérdida de soberanía y una terapia de ajuste duro. Alemania, por su parte, admite que no hay dinero para sostener el Estado del bienestar tal y como se conoce, pero sí lo hay para subir el presupuesto de defensa. La coincidencia de los tres países en priorizar gasto militar mientras recortan lo social es, como mínimo, llamativa.
Hay quien sostiene que el problema de fondo es el propio modelo. Durante los últimos años, la inflación acumulada en Europa ha devaluado la deuda antigua, la recaudación fiscal nominal marca récords históricos y, aun así, casi todas las economías presentan déficit récord y deudas que se antojan insostenibles. Ese cóctel tiene un nombre técnico y otro coloquial: esquema Ponzi del Estado del bienestar, según una de las lecturas más repetidas. Se sostiene mientras hay crecimiento; cuando la energía escasea y el crecimiento se agota, toca endeudarse hasta que ya no se puede.
El ladrillo, la inmigración y el resto de la tormenta
La discusión deriva hacia terrenos más incómodos. Una parte del análisis apunta a que la inmigración masiva se ha utilizado para sostener los beneficios de las élites extractivas y para evitar el colapso del sistema de pensiones, mientras otra corriente señala que la escasez energética es consecuencia de las propias políticas de sostenibilidad y de las sanciones contra Rusia. La coincidencia, en cualquier caso, es que el ciudadano de a pie carga con la factura.
España aparece en la conversación con sorna. Si el país se presenta como locomotora económica de la UE, el chiste se cuenta solo: cuando termine el verano, volverá al vagón de carga que siempre fue. La recomendación que circula es prudente: nada de créditos, hipotecas ni contratos que no se puedan deshacer rápido, porque la crisis, cuando llega, no avisa por ningún político.
Queda la pregunta incómoda. Si los países más ricos, productivos y potentes que España están así, ¿cómo estamos realmente nosotros?