La pistolera quiere banderillar urgentemente a los invasores de Ceuta. En lugar de expulsarles.

Vacunar a migrantes de Ceuta: la medida que enciende el debate​

El departamento que dirige Mónica García ha convocado a las comunidades autónomas para la vacunación de la población migrante irregular de Ceuta. La justificación oficial es el riesgo epidemiológico en la Ciudad Autónoma. El movimiento ha sentado como un jarro de agua fría a quienes exigían priorizar la expulsión, un proceso que sobre el terreno avanza a un ritmo mucho más lento que el virus.

Una decisión de salud pública que la política convierte en dilema​

Viendo cómo se atascan los trámites, resulta difícil discutir la lógica sanitaria: si la mayoría de esos migrantes acabarán siendo redistribuidos por la península, vacunarlos antes evita que el problema se traslade con ellos. Ese argumento, puramente técnico, es el que sostienen los defensores de la medida dentro del propio Gobierno. La otra lectura, menos amable, apunta a que el anuncio actúa como un imán: si quien cruza la valla sabe que será vacunado y no devuelto, el mensaje que se envía a las redes de tráfico de personas no es precisamente disuasorio.

El coste de una precaución tardía​

La convocatoria urgente llega después de semanas en las que Ceuta ha absorbido en solitario la presión. Algunas voces señalan que si la inmunización se hubiera planificado antes no haría falta ahora una reunión exprés de los consejeros de Sanidad. Pero en este debate nadie parece dispuesto a cuestionar las vacunas, sino el orden de prioridades: ¿primero la salud o primero la frontera? Mientras tanto, aparece otra corriente, minoritaria pero ruidosa, que pone en duda la seguridad de las sustancias inyectadas.

Lo único que nadie discute en este cruce de reproches es que el riesgo epidemiológico existía hace meses. Solo ha hecho falta la llegada de cientos de personas para que las urgencias administrativas se alineen con las sanitarias.