La policía británica confiesa haber ocultado miles de abusaciones a niñas cometidas por forasteros ilegales musulmanes

El Reino Unido admitió haber ocultado 1.400 abusos a niñas por temor al conflicto social​

Una investigación de cinco años de la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) ha corroborado que un inspector jefe de Rotherham le dijo al padre de una niña desaparecida que la ciudad «estallaría» si se sabía que los abusos a menores blancas los cometían en su mayoría varones de origen paquistaní. El oficial reconoció que llevaba «sucediendo» treinta años, pero que «al tratarse de asiáticos, no podemos permitirnos que esto salga a la luz». El organismo de control confirmó seis denuncias de este tipo y concluyó que la víctima «fue explotada sexualmente por hombres asiáticos» y que la policía «no tomó medidas suficientes para evitar que sufriera daños». El caso, aireado por The Times y recogido por medios como la BBC, deja un reguero de preguntas incómodas sobre cuánto pesó la corrección política en la inacción institucional.

Qué se ocultó y durante cuánto tiempo​

La cifra que vertebra el escándalo es la de 1.400 niñas, la mayoría menores blancas, víctimas de bandas organizadas en Rotherham. La IOPC confirmó seis denuncias de encubrimiento y una en concreto: la de un padre al que un mando policial le espetó que su hija era «una adulta que lo hacía por voluntad propia», cuando en realidad era una menor y los hechos constituían abuso infantil. South Yorkshire aceptó las conclusiones del organismo y añadió que los comentarios atribuidos al inspector anónimo «no eran algo que toleremos en la fuerza actual». La familia de la denunciante se declaró satisfecha con el fallo, pero dudaba de que algún mando llegara a rendir cuentas. La sospecha de fondo —que el miedo a la acusación de racismo pesó más que la protección de las víctimas— no es nueva: un informe sobre la investigación de 2004 de la Policía de Greater Manchester ya reveló que los oficiales superiores sospechaban que las bandas actuaban «a plena vista» y no hicieron nada.

La respuesta institucional: negaciones y una caja de pandora​

Las fuerzas policiales del norte y de las Midlands han negado sistemáticamente que la sensibilidad comunitaria o las acusaciones de racismo influyeran en su fracaso a la hora de combatir estas redes. Sin embargo, el Gobierno sigue negándose a poner en marcha una investigación formal a escala nacional, incluso después de que el caso haya dejado de ser un secreto. Hay quien sostiene que ese silencio no se explica solo por corrección política: si el encubrimiento se prolongó durante décadas, es razonable pensar que había algo más que proteger que la «armonía social». La petición de una investigación nacional, respaldada públicamente por figuras como Elon Musk, choca con la resistencia del Ejecutivo británico a abrir un proceso que podría salpicar a cargos de varios colores políticos.

El patrón se repite en Europa​

El caso británico no es un episodio aislado. En Francia, una joven de 24 años apareció asesinada y semidesnuda en Aviñón, con marcas de estrangulamiento, y un hombre de 35 años fue detenido como presunto autor. En Alemania, Holanda o Suecia se han documentado redes similares de explotación de menores. La coincidencia temporal y geográfica de estos fenómenos ha alimentado la tesis de que existe un patrón supranacional de permisividad institucional ante determinados delitos, aunque esa hipótesis carece por ahora de respaldo documental sólido. Lo que sí es verificable es que el debate sobre inmigración y seguridad ha dejado de ser tabú en varios países europeos, y que formaciones como la AfD alemana capitalizan el descontento aunque no logren ponerse de acuerdo ni en el color del cielo.

Las víctimas y el doble rasero del activismo​

Una de las críticas más repetidas es la del silencio de ciertos sectores feministas ante estos casos. Cuando el escándalo de la mujer francesa drogada por su marido y violada por decenas de hombres ocupó portadas, la movilización fue inmediata. Ante las redes de explotación protagonizadas mayoritariamente por varones de origen migrante, el ruido mediático ha sido mucho menor. El argumento que se esgrime desde esas filas —que «todos los violadores son hombres»— funciona como paraguas retórico que impide indagar en los patrones concretos. La pregunta incómoda es por qué el dolor de unas víctimas genera más activismo que el de otras.

Lo que queda por saber​

Queda por saber quién era el alto cargo policial que denunció los hechos, si su identidad llegará a conocerse y si su testimonio tendrá consecuencias disciplinarias o penales. Queda por saber si el Gobierno británico cederá y abrirá una investigación nacional. Y queda por saber si los partidos que durante años miraron hacia otro lado pagarán algún precio electoral. De momento, la única certeza es que 1.400 niñas fueron abandonadas por quienes tenían la obligación de protegerlas, y que el motivo confesado fue no incomodar a nadie.