Los "empresarios" no traen forasteros

Los grandes beneficiarios de la inmigración no son Paco el del bar​

La tesis es incómoda y va contra el relato de ambos bandos: ni los pequeños empresarios ni los agricultores con una hectárea de patatas son los que mueven la inmigración. Según un participante, los que de verdad la necesitan —y la empujan— son las grandes corporaciones que buscan consumidores para materializar el producto de la impresora. El pequeño autónomo, el del bar que abre a las 6 de la mañana a los 70 años, es, según esta lectura, el chivo expiatorio perfecto: visible, fácil de señalar y sin capacidad real de influir en nada.

La discusión arranca con una distinción que muchos consideran clave: no es lo mismo el palillero que tiene un fresal que el empresario que sienta a políticos en sus consejos de administración. Los primeros sobreviven; los segundos, según esta tesis, diseñan el tablero.

El negocio de la llegada: quién factura con cada recién llegado​

La lista que se maneja en el análisis es reveladora. Cada persona que llega necesitaría, según este planteamiento, una manta de Inditex, un móvil de Movistar, unas zapatillas de Decathlon, vales de comida de Carrefour, una habitación de hotel y hasta una asistenta social pagada con fondos públicos. Todo eso generaría facturación para empresas concretas, no para el autónomo que contrata a una cocinera.

El argumento central es que estas corporaciones no necesitan mano de obra: necesitan consumidores. Gente que reciba una prestación y la gaste inmediatamente en sus productos. Es, según esta lectura, una forma democrática de esquilmar al contribuyente: el dinero sale de los impuestos, pasa por la cuenta corriente del recién llegado y aterriza en la caja de las mismas empresas de siempre.

Hay quien va más allá y sostiene que el propio salvamento de las pateras ya lo paga el erario público, con lo que el circuito se cierra: el Estado financia la llegada, la llegada consume, el consumo engorda a las grandes empresas, y las grandes empresas financian a los partidos que mantienen el sistema.

La patronal pide mano de obra: el campo que se queda sin brazos​

Frente a la tesis de que la inmigración responde a una estrategia de consumo, otra parte del análisis insiste en un problema tangible: hay sectores que no encuentran trabajadores. El campo, los mataderos, la construcción y la hostelería arrastrarían vacantes que no se cubren con población local. Se cita el caso de comarcas catalanas donde quien llega empieza a trabajar de inmediato, y se recuerda que las patronales llevan años pidiendo más inmigración, desde Alemania hasta Alicante.

La contraargumentación es doble. Primero, que las patronales no representan a los pequeños empresarios, sino a las grandes corporaciones. Segundo, que si faltan trabajadores, la solución no es importar mano de obra barata, sino pagar salarios que atraigan a los autóctonos. El cálculo es simple: el dinero de las prestaciones no lo pone la empresa; el dinero de contratar a un nacional con un salario digno, sí.

El dato que desmonta el relato: el 70% no trabaja​

Uno de los datos más repetidos en la discusión es que el 70% de los inmigrantes no trabaja. La cifra se lanza para desmontar el argumento de la mano de obra: si la mayoría no está empleada, la teoría del reemplazo laboral se cae. Lo que queda, según esta lectura, es la teoría del consumidor subvencionado.

El contraargumento es que ese porcentaje incluiría a menores, dependientes y personas en situación irregular, con lo que la cifra real de ocupados sería otra. Pero el dato sirve para lo que sirve: para recordar que la ecuación inmigración igual a trabajo no se sostiene sola.

El día que se acaben las ayudas: la pregunta que nadie responde​

La conversación deriva hacia un escenario hipotético: ¿qué pasa cuando se retiren las prestaciones? Una parte sostiene que los recién llegados volverán a pedir al Gobierno de turno que se las devuelva. Otra advierte de que el conflicto será entonces entre autóctonos y recién llegados por el mismo trozo de tarta. Y una tercera, más pesimista, augura que el experimento acabará mal, con comparaciones con escenarios de conflicto abierto.

Nadie cierra la pregunta. El análisis se queda en el aire, como suele ocurrir cuando el futuro depende de decisiones que no se toman en público.

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La conclusión que se impone es incómoda para todos: si el diagnóstico es correcto, ni el pequeño empresario ni el agricultor con una hectárea tienen poder para cambiar nada. Y si el diagnóstico es erróneo, el chivo expiatorio sigue siendo el mismo. En cualquiera de los dos casos, el que paga la factura es el mismo de siempre.