La policía española se pone a hacer política

El informe policial sobre Ceuta que Interior dice no haber visto​

Desde primeros de agosto, sostiene una de las versiones en liza, la policía española manejaba datos sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta. La versión oficial dice otra cosa: que el ministro del Interior no supo nada hasta que fue tarde. Entre ambas no hay puente, y el desacuerdo no es menor. Si el informe existía y no subió, alguien lo paró. Si nunca existió, sobran acusaciones. Ese es el nudo, y de ahí sale todo lo demás.

Básicamente hay tres corrientes. Una afirma que hubo una ocultación deliberada para dejar en evidencia a Marlaska. Otra sostiene exactamente lo contrario: que sí hubo avisos previos y que el Gobierno los ignoró. Y una tercera, bastante amplia, reduce el episodio a ruido político y a guerra de trincheras. A las tres les falta lo mismo: el documento.

Qué dice el artículo 116 de la Constitución sobre el estado de excepción​

Del asunto ha salido una propuesta llamativa: que el presidente del Gobierno estaría legitimado para declarar un estado de excepción y depurar responsabilidades. Conviene aclararlo, porque no funciona así.

El artículo 116.3 de la Constitución establece que el estado de excepción lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros, pero con previa autorización del Congreso de los Diputados. Previa, no posterior. Y esa autorización debe fijar expresamente los efectos, el ámbito territorial y la duración, que no puede exceder de treinta días, prorrogables otros treinta con el mismo trámite.

La potestad, por tanto, no es del presidente: es del Congreso, que autoriza, y del Gobierno, que ejecuta. Lo que sí puede declarar el Gobierno por su cuenta es el estado de alarma, figura distinta y con supuestos tasados. Confundir ambas cosas convierte una crisis política en una fantasía jurídica, y desactiva de paso el argumento de quien la usa.

El informe del CENIF y las 32 fotografías​

En el terreno de los papeles, lo más concreto que ha circulado es la referencia a un informe del CENIF que no se limita a una interpretación de los hechos. Según la descripción difundida, el documento incorpora 32 fotografías y describe un «guiado activo» sobre el terreno. El salto político, se argumenta, es notable: ya no sería una guerra de relatos, sino una pieza con soporte gráfico.

Ahí está el detalle que cambia el peso de la discusión. Un informe con imágenes y con relato de coordinación no es lo mismo que una nota de valoración genérica. Si ese material existe y llegó a instancias superiores, la pregunta deja de ser qué sabía el ministro y pasa a ser quién decidió qué se hacía con el dato. La secuencia completa del documento, con sus imágenes y la cadena de mando que se le atribuye, sigue sin estar encima de la mesa en su integridad.

Los avisos previos, la Guardia Civil y el juzgado​

La versión opuesta tiene su propia pieza. Antes del episodio, sostiene esta lectura, la policía emitió un informe advirtiendo de un riesgo extremo ante una entrada masiva de personas, coincidiendo con una fecha señalada. El Gobierno, según esta misma tesis, no habría hecho caso. De ser así, el reproche ya no sería por ocultar información, sino por no reaccionar a tiempo.

En paralelo, el frente judicial avanza despacio. El juzgado solicitó informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los del primer cuerpo ya constan; los del segundo, a la fecha de este análisis, seguían sin llegar. La instrucción camina, por tanto, sin el cuadro completo.

Y alrededor, un elemento que suele pasar desapercibido: parte de la plantilla policial se sitúa, según una de las corrientes presentes, en posiciones conservadoras, y el sindicato Jupol aparece citado como muestra. Es un dato sociológico, no una prueba de nada. Confundir el color político de un colectivo profesional con una conspiración institucional es el atajo más viejo del análisis político.

Quién señaló a Rusia, Israel y la ultraderecha​

Hay un hilo argumental que incomoda a casi todos: la acusación de que en las primeras horas se atribuyó lo ocurrido a Rusia, a Israel y a la ultraderecha internacional, exculpando a Marruecos sin una prueba encima de la mesa. Quien sostiene esto lo plantea como la demostración de que existía un relato preparado antes de existir un informe.

Es una imputación seria y, a la fecha, sin resolución pública conocida. Conviene tratarla como lo que es: una tesis que circula, con la misma falta de documento que las demás. Si hubo instrucciones concretas y quién las dio sigue sin respuesta verificable.

Y con estos mimbres, lo único sólido es la ausencia. Un informe que unos sitúan en la mesa del ministro y otros niegan que existiera, un juzgado esperando papeles y una discusión sobre estados de excepción que se cae en dos líneas. El resto es relato, y cada cual arrima el suyo.