La PSOE alcanza un acuerdo con Puigdemont. Investidura el 6 y el 7 de noviembre.

El foro da por cerrada la investidura de Sánchez el 6 y 7 de noviembre​

En el hilo se da por hecha la investidura de Pedro Sánchez para el 6 y 7 de noviembre. Una parte de los participantes da por cerrado un acuerdo con Carles Puigdemont que despejaría la mayoría y que, en la versión que se comenta, se traduce en amnistía. La letra pequeña no ha llegado a ninguna parte. Lo que sí ha llegado es la conclusión que algunos extraen: que la Constitución queda convertida en un texto en blanco y que la legislatura que arranca será, según otro participante, la peor de la historia reciente. Falta un detalle, y no es menor: nadie ha puesto una cifra encima de la mesa.

¿Qué incluye el acuerdo entre PSOE y Puigdemont?​

El núcleo, según lo que se repite en el hilo, es la amnistía para los encausados por el proceso independentista. A partir de ahí, cada cual coloca su lista. Una parte del análisis añade la supresión de los delitos de sedición y malversación ya consumada, los indultos previos y lo que se presenta como una futura consulta sobre la concordia plurinacional. Otra sostiene que el paquete real es más estrecho y que buena parte de lo que circula es munición de negociación.

En el hilo se cita a Sánchez diciendo que todo lo que haga será respetando la Constitución. La frase sirve más para cerrar conversaciones que para explicar algo. Según lo que se sostiene en el debate, el acuerdo se cierra con las Cortes, no con el Senado ni con el Tribunal Supremo, y esas dos instituciones conservan sus propias mayorías y sus propios procedimientos. Ahí vive la letra pequeña que el calendario de la investidura deja fuera de foco.

El acuerdo lleva semanas cerrado, o no está cerrado​

Hay dos relatos y compiten abiertamente. El primero dice que el pacto está firmado desde hace semanas y que lo que se negocia ahora es el guion que cada electorado puede vender en casa; el teatro de las últimas horas formaría parte de ese guion. El segundo sostiene lo contrario: que nada está cerrado, que Puigdemont no se conforma con la amnistía y que todo el ruido es una forma de presión.

Una advertencia difundida por un analista resumía esa segunda versión: ni la investidura está cerrada ni el independentismo se va a dar por satisfecho con lo que hay sobre la mesa. Y, en medio, un aviso que incomoda a propios y extraños: los socios más peligrosos para el acuerdo no son los que lo niegan en público, sino los que no lo quieren y no pueden decirlo.

La continuidad entre Junts y la antigua CiU es otra pieza del argumentario. Se sostiene que la formación actual es la misma estructura que ya pactó en su día con gobiernos de Madrid, con otro nombre y las mismas exigencias: rédito a cambio de apoyo. Frente a eso, el argumento que desactiva las críticas es el de la voluntad expresada en las urnas hace tres meses y el derecho de esa mayoría a gobernar. Nadie lo discute. Tampoco sirve para tragarse el precio.

El coste económico y el espejo de 1993 y 2008​

El argumento económico aparece en cuanto se rasca un poco. En el hilo se enumeran recesión, paro, inflación, pensiones y una demografía que no se arregla sola. El paralelismo que más se repite es el de 2008, cuando se daba por hecho un cambio de gobierno y acabó repitiendo el PSOE, con los años siguientes marcados por la crisis. El mismo patrón se aplica a 1993 y al trienio que vino después. De ahí sale la lectura más extendida: si la historia se repite, lo que viene no es una legislatura tranquila.

La comparación con Cuba o Venezuela aparece en el hilo al hablar del coste de la vida y de las condiciones laborales. No hay cifra oficial que respalde el conjunto del paquete político, y ese hueco lo llena la interpretación. Otra parte del análisis sitúa el arranque del deterioro mucho antes, en 2004, y no en la crisis financiera.

¿Por qué el PSOE no teme el desgaste?​

Porque no le ha hecho falta temerlo. La tesis más repetida es que cada decisión que debía hundir al Gobierno le ha dado más votos o, como mínimo, no le ha restado ninguno. Si el coste electoral no aparece, la lógica del poder se impone: aguantar y ampliar. En ese marco, un Tribunal Constitucional descrito en el hilo como poco dispuesto a poner palos en la rueda funciona como garantía de continuidad, y no como freno.

Queda la duda de si eso se sostiene cuatro años. Una investidura con dos días de votación, 6 y 7 de noviembre, no resuelve nada por sí sola. Lo que resuelve es la mayoría, y la mayoría está.

Y ahí se atasca el análisis. Nadie discute ya el qué, solo el cuánto: cuánto cuesta el acuerdo, cuánto aguanta el relato y cuánto tarda la letra pequeña en aparecer. El pacto con Puigdemont está; el encaje con el resto del Estado es otra película, y esa todavía no tiene tráiler.