«Eliminad a Biedma»: la oferta que salpica al PSOE
Primavera de 2025. Según las informaciones publicadas por El Español, El Mundo y El Debate, un intermediario habría trasladado a una organización dedicada al narcotráfico —señalada en esas versiones como el clan de Los Rochos— una oferta muy concreta: «Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos». La jueza Beatriz Biedma instruye la causa en la que resultó imputado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Conviene sujetar el marco desde la primera línea: son hechos atribuidos por la prensa a fuentes no identificadas presentes en las conversaciones, y ninguno de los señalados ha sido condenado por ellos.
Qué contiene la oferta publicada por la prensa
Según esas informaciones, el interlocutor con los narcotraficantes fue el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial por una condena de violencia de género. El relato sitúa su reclutamiento en el entorno de Santos Cerdán y Leire Díez, con el propósito de montar un «comando Badajoz» capaz de apartar a la magistrada del caso. Leire Díez sostiene, siempre según lo publicado, que Cerdán y ella informaban de manera regular a Antonio Hernando de sus actividades para el partido. La pieza no es un rumor de sobremesa: es una cadena de mandos que la acusación periodística encadena hasta el núcleo del partido.
Fotos del coche y del gimnasio: el seguimiento de la jueza
El Debate publicó que un enviado habría mostrado a un narcotraficante la rutina diaria de la magistrada para darle, en palabras de esa información, «un sustillo». En una declaración recogida por Hoy, una mujer relata que le pidieron la dirección de la jueza —«entiendo que para nada bueno», dijo— y que recibió imágenes de su coche y del gimnasio al que asiste. «Muchísimas fotos e información», añadió. El material describe un seguimiento físico, no una gestión procesal. Ahí está el salto de categoría.
De 7 a 16 años: qué castigo tiene encargar un ataque
Si el encargo se confirmara, el Código Penal acumularía agravantes: alevosía, precio o recompensa, prevalerse del carácter público del culpable y reincidencia. Las penas por encargar un asesinato, incluso en grado de tentativa, suelen oscilar entre los 7 y los 16 años de prisión o más, según la gravedad de las lesiones y las circunstancias concurrentes. Hay quien traza el paralelismo con los GAL; en contra juega un matiz que se repite: allí se mataba —teóricamente— a delincuentes, aquí se trataría de apartar a un funcionario por hacer su trabajo.
Los 17 millones en boletos y otras piezas sueltas
Circula además la afirmación de que a la misma familia le habrían tocado boletos premiados por valor de 17 millones de euros, con denuncias de por medio por el reparto del premio. Es un dato sin acreditación judicial y que, por sí solo, no sostiene ninguna acusación.
Dónde se atasca el análisis
Con estos mimbres, la discusión ya no va de si la noticia es grave. Va de si alguna vez dejará de ser solo una noticia: de si habrá resolución judicial, imputaciones formales o un cierre en falso como tantos otros. Una parte lo da por descontado; otra espera que la propia jueza, «por primera vez preocupada», según las informaciones publicadas, sea quien tire del hilo. El resto sigue sin cuadrar.