En vista del desconocimiento de los procesos de votación, y dada la polémica en torno al voto CERA y al posible embeleco electoral, quiero exponer aquí lo que he podido averiguar respecto a cómo se lleva realmente a cabo el voto CERA. Agradeceré las críticas constructivas, dado que mi tesis es que, si bien la compra de votos o la militancia de votos es posible, no así la alteración burda de los votos, o la fabricación de votos ex nihilo (de gente que no ha votado).
Guía rápida del voto CERA: Cómo funciona y por qué es prácticamente imposible de manipular.
A continuación, resumo las
4 fases del proceso y las
garantías de seguridad que impiden el embeleco o la alteración de resultados.
Las 4 fases del procedimiento
- Inscripción y Censo: Estar dado de alta en el Consulado correspondiente. La Oficina del Censo Electoral (OCE) elabora el censo cerrado para cada convocatoria.
- Envío de la Documentación: La OCE envía de oficio a tu domicilio en el extranjero los sobres, la hoja informativa, el certificado censal y las papeletas (estas últimas también descargables por internet). (Por lo tanto, el consulado no emite ni dispone de la capacidad de "fabricar" un falso certificado).
- Emisión del Voto: El elector decide si vota presencialmente en urna en su Consulado/Embajada o si lo remite por correo postal a la citada oficina consular.
- Recuento Final en España: Los votos no se cuentan en el extranjero. Tras cerrarse la votación, los sobres viajan a España en valijas diplomáticas precintadas y se escrutan el viernes posterior a los comicios en la Junta Electoral Provincial.
¿Por qué es imposible alterar el resultado? Las garantías clave
A menudo surgen dudas sobre si un cargo diplomático o un equipo con intereses partidistas podría sustituir o alterar las sacas de votos en el extranjero. El sistema electoral español (LOREG) está diseñado para neutralizar esta posibilidad mediante tres niveles de seguridad:
- Trazabilidad y firma de precintos: Tras finalizar la votación presencial y el recuento de sobres en el consulado, los votos se introducen en paquetes o sacas especiales. Sobre las bandas de precinto —que llevan números de serie únicos— firman físicamente los interventores de los distintos partidos políticos. Para sustituir un paquete habría que falsificar a mano y a contrarreloj las firmas de los representantes de la oposición directamente sobre los sellos.
- Acta Consular inmediata: Nada más cerrar el recuento de sobres, se redacta un Acta Consular con la cifra exacta de votos emitidos y los números de precinto utilizados. Esta acta se transmite de forma telemática e inmediata a la Junta Electoral en España y se entrega a los interventores. No es posible añadir o quitar sobres más tarde sin que el cómputo descuadre de forma automática al llegar a España. Así mismo, contiene las firmas de los interventores y el número de serie de las sacas, para permitir el cotejo en España.
- Apertura y cotejo judicial: Las sacas solo se abren en España, ante la Junta Electoral Provincial (presidida por jueces y catedráticos) y en presencia de los apoderados de todos los partidos. Antes de abrir una sola saca, los jueces examinan que los números de serie coincidan con el acta recibida el domingo, que las firmas cruzadas de los interventores estén intactas y que los precintos no hayan sido manipulados o sustituidos.
En definitiva, la combinación de
presencia de partidos rivales, precintados cruzados, transmisión telemática de actas y custodia judicial en el recuento final convierte cualquier intento de manipulación en el extranjero en una operación impracticable sin dejar un rastro evidente e invalidante.
A mi eso me parece lógico, cuando las fuerzas que participaron en la transición hicieron el pacto para repartirse el poder se ofrecerían garantías entre ellos de que no habría adulteramiento de las elecciones. Es una intuición mía que proviene de mi conocimiento del funcionamiento del régimen.
Como no voy a ir de Sabihondo le he preguntado a la IA concretamente eso y esta es su respuesta.
Cuando las fuerzas que pactaron en la transición española para repartirse el poder ¿Se ofrecieron entre ellos garantías de no adulteramiento de los comicios? ¿Qué pruebas hay?
Durante la Transición española, la negociación para abrir paso a la democracia no fue solo un pacto de reparto de poder o una amnistía política; incluyó la construcción express de un marco legal de garantías electorales recíprocas.
Tanto el Gobierno reformista saliente del franquismo (liderado por Adolfo Suárez) como la oposición clandestina o recién legalizada (PSOE, PCE, fuerzas catalanas y vascas) recelaban profundamente de las intenciones del otro:
- La oposición temía el pucherazo o la manipulación caciquil del aparato del Estado franquista.
- El régimen y las fuerzas conservadoras temían perder la estabilidad institucional o que las reglas beneficiaran la fragmentación y el extremismo.
Para asegurar que los comicios fundacionales del 15 de junio de 1977 fueran creíbles y aceptados por todas las partes,
se pactaron e implantaron garantías operativas y legales precisas.
Garantías pactadas contra el adulteramiento de las elecciones
Estas salvaguardas se formalizaron principalmente en el
Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales (diseñado mediante intensos contactos cruzados entre el Gobierno y la comisión negociadora de la oposición):
1. Control independiente: Creación de las Juntas Electorales
Para quitar el arbitrio del recuento al Ministerio de la Gobernación (mantenido durante la dictadura), se creó por primera vez la
Junta Electoral Central (JEC), así como las provinciales y de zona.
- La garantía: Las Juntas estuvieron presididas y formadas mayoritariamente por magistrados del Tribunal Supremo, jueces y catedráticos de Derecho, sustrayendo la gestión técnica directa del Gobierno gubernativo.
2. Presencia de Interventores y Apoderados de los partidos
Se estableció el derecho de
todos los partidos legalizados a acreditar apoderados e interventores en cada una de las mesas electorales del país.
- La garantía: Los interventores tenían potestad de presenciar la votación, fiscalizar el censo, examinar las papeletas durante el escrutinio, firmar las actas e incluir reclamaciones formales en las mismas en el acto.
3. Ciudadanos por sorteo en las Mesas Electorales
La administración física del voto pasó a manos de
ciudadanos elegidos por sorteo público (Presidente y Vocales).
- La garantía: Evitó que las mesas fueran controladas por alcaldes o delegados designados por la administración franquista.
4. Legalización multipartidista e igualdad de acceso a medios
Para evitar elecciones desequilibradas o con ilegalizaciones selectivas, el compromiso asumido por Adolfo Suárez incluyó la legalización previa de la totalidad del espectro político representativo —siendo la aprobación e inscripción del
PCE en abril de 1977 la prueba de fuego—, además del reparto gratuito de espacios de propaganda en Televisión Española (TVE) e radio pública de forma proporcional.
¿Qué pruebas y evidencias documentales existen?
Existen pruebas documentales e históricas que acreditan este proceso de acuerdo y verificación:
1. Marco Normativo Oficial (BOE)
- Ley 1/1977 para la Reforma Política: Estableció el sufragio universal, directo y secreto, ordenando la creación de un sistema de representación proporcional (D'Hondt) para el Congreso.
2. Archivos Históricos de la Junta Electoral Central
Los archivos de la
Junta Electoral Central conservan las actas de proclamación, la tramitación de impugnaciones presentadas por los partidos de la oposición (desde el PCE hasta el PSOE) y la resolución de incidentes en los colegios. Las resoluciones de 1977 muestran cómo la JEC atendió quejas sobre censos deficientes y garantizó la corrección del escrutinio final.
3. Memorias e Historiografía de la Negociación
Testimonios directos de los negociadores confirman que el diseño electoral fue materia de transacción directa:
- Mesa de las Fuerzas Políticas / Comisión de los Nueve: Negociación formal entre el equipo de Suárez (con Torcuato Fernández-Miranda y Rodolfo Martín Villa) y la comisión opositora (donde figuraban representantes como Felipe González, Santiago Carrillo, Jordi Pujol, o Joaquín Satrústegui).
- Los diarios y memorias de los participantes (como las de Martín Villa, Santiago Carrillo o Alfonso Osorio) detallan cómo la oposición condicionó su participación a contar con presencia física en la recogida de votos y a la supervisión judicial neutral del escrutinio.
Las sombras o "adulteraciones estructurales" acordadas
Si bien se blindaron las garantías contra el
embeleco directo en las urnas (el pucherazo tradicional),
las partes acordaron un diseño del sistema que favorecía deliberadamente la estabilidad del bipartidismo y primaba a las provincias rurales:
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Esa distinción toca el núcleo de la crítica historiográfica y politológica a la Transición española. Lo que para la narrativa oficial fue un
«pacto modélico» para evitar una nueva guerra civil, desde el análisis crítico y la teoría democrática se define a menudo como un
«pacto de élites» o un
«cierre oligárquico» a espaldas de la sociedad civil.
No fue un embeleco de la ley electoral
en las urnas, pero sí se argumenta que constituyó un
embeleco de representatividad y soberanía en varios frentes fundamentales:
1. El «Atado y bien atado»: De la Ley a la Ley sin ruptura
En lugar de un proceso constituyente desde la base social o una ruptura democrática previa, se optó por la fórmula ideada por Torcuato Fernández-Miranda:
«De la ley a la ley a través de la ley».
- La consecuencia: Las instituciones del régimen franquista (los Procuradores de las Cortes franquistas) votaron su propia disolución en la Ley para la Reforma Política, asegurándose de dictar ellos mismos las reglas iniciales de la democracia sin participación ni consulta previa a la ciudadanía.
2. La imposición de la Monarquía sin referéndum específico
Uno de los puntos más señalados de este "embeleco a la soberanía popular" fue la reinstauración de la monarquía parlamentaria.
- El mecanismo: Juan Carlos I fue designado sucesor por Franco en 1969. Durante la Transición, no se permitió un referéndum independiente sobre la forma de Estado (Monarquía o República).
- La prueba histórica: Años más tarde, Adolfo Suárez admitió en una entrevista grabada en 1995 con la periodista Victoria Prego que introdujeron la palabra "Rey" y la Monarquía dentro de la Constitución de 1978 porque las encuestas encargadas por el Gobierno indicaban que la ciudadanía votaría por la República si se hacía una consulta por separado.
3. Un sistema electoral blindado contra la democracia directa
El sistema electoral (Real Decreto-ley 20/1977) no fue neutro; fue diseñado para moldear la representación política de la ciudadanía según las necesidades del poder saliente y la oposición mayoritaria:
- Primas a las provincias conservadoras: La sobre-representación de provincias rurales pequeñas redujo drásticamente el valor del voto en ciudades populosas e industriales, perjudicando sistemáticamente a opciones a la izquierda del PSOE o a opciones ciudadanas independientes.
- Listas cerradas y bloqueadas: Se expropió al elector la facultad de elegir a sus representantes individuales. Las cúpulas partidistas asumieron el control total sobre quién entraba en el Parlamento, configurando lo que politólogos denominaron una "partidocracia".
4. El "Pacto del Olvido" y la Ley de Amnistía de 1977
Para la sociedad civil y las víctimas de la dictadura, la
Ley de Amnistía de 1977 funcionó como un pacto de impunidad. Aunque sirvió para liberar a los presos políticos de la represión franquista, su articulado exoneró de responsabilidad penal a las autoridades, policías y jueces del régimen autoritario sin exigir comisiones de la verdad ni rendición de cuentas.
