La rojunada engañando a los incautos sobre el tema de las competencias de las ccaa

El pulso competencial por los montes: qué dice el artículo 149​

La discusión sobre quién manda en la prevención de incendios forestales vuelve cada verano, pero el texto que zanja el reparto de poder está en la Constitución desde 1978. El artículo 149.23 reserva al Estado la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, mientras que el artículo 148 permite a las comunidades autónomas asumir competencias en la materia. La confusión entre ambos planos —legislar frente a gestionar— es el origen de un cruce de acusaciones que se repite cada vez que arde un monte.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 69.8, asume competencias en montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos. Ese es el texto que esgrimen quienes defienden que la gestión es autonómica. Frente a él, la Ley 43/2003, de Montes, atribuye a la Administración General del Estado la función de desplegar medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas para la cobertura de los montes contra incendios, según el artículo 7.2.c.

¿Quién tiene la competencia exclusiva sobre los montes?​

La respuesta corta es que no hay una competencia exclusiva única. El Estado tiene la legislación básica; las comunidades autónomas tienen la ejecución y la gestión. El artículo 45.2 de la Constitución añade que los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, lo que incluye al Gobierno central. Ese apartado es el que citan quienes sostienen que el Ejecutivo no puede escudarse en las transferencias para no actuar.

Hay quien argumenta que el sistema autonómico está diseñado para que cada administración pueda escurrir el bulto. La frase que resume esa tesis es que el Estado de las autonomías funciona como una obra maestra del escaqueo de responsabilidades, por arriba y por abajo. No es una lectura nueva, pero cada incendio la reactualiza.

El Plan de actuaciones de prevención y lucha contra incendios​

El Gobierno central aprueba y presupuesta cada año un Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales. Ese plan incluye medios estatales de apoyo, como aviones y helicópteros, que se activan cuando la comunidad autónoma lo solicita o cuando el fuego supera su capacidad de respuesta. La existencia de ese plan es la prueba que esgrimen unos de que el Estado sí tiene competencias; la lentitud en activarlo es la prueba que esgrimen otros de que no las ejerce.

En el caso del incendio de Anllares, en León, se describe una secuencia que alimenta la polémica: el fuego se habría iniciado en el pico del Miro y durante los dos primeros días, según ese relato, habría bastado con un solo helicóptero. Una semana después, con temperaturas de 35-40 grados y tras dos meses y medio sin llover, aparecieron cuatro hidroaviones tipo Canadair. La conclusión que extrae quien cuenta esa cronología es contundente: eso se llama dolo.

La prevención: el gasto que no se ve​

La crítica más repetida no apunta a los aviones, sino a lo que no se hizo antes de que empezara el fuego. La limpieza de montes, la contratación de personal suficiente y la renovación de camiones y equipos son competencia autonómica, pero el dinero para hacerlo sale de presupuestos que, según varios análisis, han ido a menos. Hay quien sostiene que el Estado ha reducido la dotación del Plan Nacional de Incendios mientras dedica diez veces más a Radiotelevisión Española.

El argumento complementario es que las comunidades autónomas tampoco ejecutan todo lo que presupuestan. Se citan casos de partidas aprobadas que quedan sin gastar, lo que agrava el problema porque el dinero no llega al monte ni desde arriba ni desde abajo. La suma de recortes estatales y ejecución incompleta autonómica deja el sistema de prevención en un punto intermedio donde nadie asume la responsabilidad final.

El problema de los presupuestos prorrogados​

Un factor que complica el análisis es la falta de presupuestos generales actualizados. Con cuentas prorrogadas, los precios de los contratos no se actualizan y el mismo dinero compra menos servicios. Es lo que se describe como un recorte encubierto: aunque la cifra nominal se mantenga, la capacidad real de contratación y de compra de material disminuye. Ese mecanismo afecta tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas.

La paradoja es que la discusión pública se centra en quién tiene la competencia, no en cuánto se gasta ni en si se ejecuta. El artículo 149.23 y el Estatuto de Castilla y León dicen lo que dicen, pero ninguno de los dos enciende un camión ni limpia una hectárea de monte.

La coordinación cuando el fuego supera una comunidad​

Cuando un incendio afecta a más de una comunidad autónoma o supera la capacidad de respuesta regional, la coordinación pasa al Estado. Ese principio, recogido en la Ley de Montes, es el que invocan quienes piden una respuesta centralizada para emergencias de escala nacional. El problema práctico es que la activación de medios estatales depende de protocolos y solicitudes que, según las críticas, añaden días de retraso.

La comparación con otros países europeos aparece en la discusión: en Francia o Portugal, la gestión de emergencias forestales está más centralizada. En España, el reparto entre diecisiete comunidades y el Estado genera, según esta lectura, una fragmentación que dificulta priorizar medios cuando hay varios fuegos simultáneos.

Qué dicen los datos de ejecución presupuestaria​

Los informes de ejecución presupuestaria de varias comunidades muestran partidas de prevención de incendios con grados de ejecución dispares. Algunas regiones habrían aumentado su inversión; otras la habrían reducido año tras año. La comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado es el dato que mejor mide la voluntad real de prevenir, más allá de los titulares de cada verano.

El cálculo completo, partida a partida, arroja diferencias que sorprenden incluso a quienes siguen el asunto de cerca. La brecha entre el discurso de la prevención y la ejecución real es, según varios análisis, el verdadero problema estructural del sistema.

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Con estos mimbres, lo previsible es que el próximo verano vuelva el mismo cruce de acusaciones: el Estado dirá que las comunidades tienen la gestión, las comunidades dirán que el Estado no pone medios, y los montes seguirán acumulando hectáreas sin limpiar. La única predicción razonable es que el artículo 149.23 seguirá diciendo lo mismo y nadie habrá resuelto quién paga la factura de la prevención.