Noticia: La sarracenosidad de los inquilinos se dispara un 16,5% y bate récords: “No pagan el alquiler porque están en una situación límite”

La morosidad del alquiler se dispara un 16,5% y ya roza los 8.500 euros​

¿Cuánto aguanta un propietario antes de dejar de creer en el negocio del ladrillo? La deuda media de los inquilinos morosos pasó de 7.957,60 euros en 2024 a 8.489,30 euros en 2025, un 16,5% más, según el informe del Observatorio del Alquiler impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. El crecimiento cuadruplica el del ejercicio anterior, que fue del 4,23%. Y no es un bache: el documento habla de una fase de impagos estructurales, con el precio medio del alquiler en España en 1.184 euros mensuales y el esfuerzo financiero de los inquilinos en lo que el informe llama su «límite crítico».

Qué hay detrás del repunte de impagos​

El desajuste entre salarios y rentas es la causa que señala el informe. Cuando el alquiler se come una parte creciente del sueldo, el margen para imprevistos desaparece y el primer recibo que se deja de pagar es el de la casa. Lo que antes se resolvía con un retraso puntual ahora se prolonga meses y se convierte en deuda acumulada difícil de recuperar. El mercado, dice el documento, ha agotado sus mecanismos de contención.

En el análisis territorial el patrón se repite: zonas costeras, archipiélagos y grandes núcleos urbanos concentran los impagos más altos. Cataluña lidera con 11.619,9 euros de deuda media, seguida de la Comunidad de Madrid con 10.420,4 y Baleares con 10.354,4. El País Vasco cierra el grupo por encima de la media nacional con 8.501,7 euros. En el extremo opuesto, Extremadura registra 3.403,2 euros, aunque también sube.

Hasta nueve meses sin pagar el alquiler​

Medida en meses de renta, la foto es más cruda. Murcia acumula más de nueve meses de impago; Andalucía y Cataluña superan los ocho; Castilla-La Mancha roza esa cifra y Galicia y Cantabria se quedan en torno a siete. En Madrid, País Vasco o Baleares la deuda equivale a más de seis mensualidades. Por provincias, Barcelona encabeza con 14.036,5 euros, por delante de Madrid, Baleares, Guipúzcoa y Málaga.

La velocidad del deterioro también cambia según el territorio. Málaga sube un 21,5%, Murcia un 21% y Baleares un 20,9%. Madrid, que apenas había crecido un 3,2% entre 2023 y 2024, se dispara un 18%. Ninguna provincia presenta variación negativa.

La cuenta de la rentabilidad que no sale​

Aquí aparece el otro lado del mostrador. Según un cálculo que circula en el debate, un propietario desglosa una casa alquilada por 700 euros: 8.400 euros de ingresos anuales menos 720 de comunidad, 900 de seguro de impagos y hogar, 90 de basuras, 400 de IBI y unos 1.000 de mantenimiento y extraordinarios. El beneficio bruto se quedaría en 5.290 euros antes de impuestos. La rentabilidad neta rondaría el 2,4%, y eso sin contar con un solo mes de impago.

Ese cálculo, partida a partida, es el tipo de material que cambia la conversación: deja al descubierto que el seguro antimorosidad se come más de un 10% de los ingresos brutos y que el propietario asume el riesgo residual. Hay quien sostiene que con esos números el dinero rinde más en un depósito a plazo fijo, sin IBI, sin derramas y sin llamadas un domingo porque se ha roto la lavadora.

El seguro no cubre a quien más lo necesita​

La respuesta habitual —contratar un seguro de impago— choca con la realidad del perfil moroso. Las aseguradoras no aceptan a cualquiera: exigen solvencia demostrable. Quien cobra el salario mínimo o poco más, que es el grueso de la población con problemas para pagar el alquiler, no es asegurable. Y quien sí lo es —un funcionario de grupo A, un médico con destino temporal— rara vez deja de pagar. El resultado, según quienes sostienen esta tesis, es un seguro que cubre a los que no lo necesitan y deja fuera a los que sí.

A eso se suma la lentitud judicial. Un desahucio por impago puede dilatarse años, y el seguro solo cubre un número limitado de mensualidades. Los suministros y los desperfectos suelen quedar fuera o cubiertos de forma parcial. Varios propietarios describen la misma secuencia: meses sin cobrar, gastos corrientes que siguen venciendo y un piso que vuelve en peor estado del que salió.

Qué pasa cuando el que no paga no tiene nada que perder​

El diagnóstico más repetido es de incentivos: si impagar tiene consecuencias limitadas y el desalojo tarda, la conducta esperada es dejar de pagar. La comparación con el crédito al consumo es inevitable: una financiera tiene tasas de mora muy inferiores porque puede embargar nóminas y perseguir la deuda. En el alquiler residencial, el salario mínimo es inembargable y la recuperación efectiva de lo adeudado es, en la práctica, una quimera.

De ahí surge la tesis de que el problema no es la avaricia del casero, sino la asimetría entre derechos y obligaciones. Y la consecuencia, según este análisis, es que cada vez más propietarios optan por no alquilar: vender, dejar el piso vacío o destinarlo a uso familiar. Menos oferta, precios que no bajan. La pescadilla que se muerde la cola.

El control de precios y el piso vacío como remedio​

Las recetas que se barajan —topes a las rentas y recargos fiscales a la vivienda desocupada— generan escepticismo. El argumento es conocido: si no puedes subir el precio, dejas de invertir en el piso; si castigas tenerlo vacío, lo vendes o lo ocupas tú. En ambos casos la oferta en alquiler se reduce y el mercado se estrecha. La vivienda pública, añaden, brillaría por su ausencia pese a los ingresos fiscales récord.

La conclusión incómoda es que el moroso y el propietario pequeño están en el mismo barco: uno no puede pagar y el otro no puede cubrir costes. Mientras tanto, el debate público sigue centrado en el titular del mes. Ironía fina: todos quieren que el alquiler sea asequible, pero nadie quiere ser el que ponga el piso.