La sentencia contra el Fiscal General del Estado ya está aquí.

El Supremo condena a García Ortiz por filtrar el correo de Ayuso​

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia, de 233 páginas, sostiene que el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso —en el que este admitía sus delitos fiscales— fue filtrado por el propio fiscal general o por alguien de su entorno con su conocimiento. El fallo llega más de dos semanas después de que se hiciera público el sentido de la condena, y lo hace con una frase que el tribunal subraya: el deber de confidencialidad del Fiscal General «no desaparece porque la información ya haya sido objeto de tratamiento público».

Qué dice exactamente la sentencia del Supremo​

El tribunal no da credibilidad al testimonio de los periodistas que declararon en la causa. La sentencia considera probado que la filtración del correo se produjo desde el entorno del fiscal general o por él mismo, y que este tenía un «reforzado deber de reserva» que quebrantó sin justificación. El fallo también aborda la nota de prensa posterior de la Fiscalía, que según el tribunal citaba palabras textuales del correo filtrado. La defensa de García Ortiz ha anunciado que pedirá «cuanto antes» la nulidad de la sentencia para acudir al Constitucional.

Por qué el tribunal considera suficiente el material probatorio​

La sentencia se apoya en indicios, no en una prueba directa de la filtración. Hay quien sostiene que con la cuarta parte de esos indicios la condena habría sido la misma, y quien responde que un indicio es cualquier fantasía que encaje en una hipótesis previa. El tribunal argumenta que el fiscal general borró sus mensajes, que la nota de prensa reprodujo literalmente el contenido del correo y que la cadena de custodia apunta a su entorno. La acusación popular y la defensa discrepan sobre si esos elementos bastan para una condena penal sin prueba directa.

Las reacciones: del indulto al Constitucional​

La sentencia ha dividido el análisis. Una parte sostiene que el fallo es impecable y que solo la falta de pruebas directas ha evitado una condena mayor. Otra parte lo califica de «golpismo judicial» y anticipa que el Constitucional anulará la condena, como ya hizo con otras causas recientes. Entre medias, la expectativa del indulto recorre buena parte de las reacciones: se recuerda que para concederlo el reo debe reconocer su culpa y pedir perdón al afectado, algo que en este caso no ha ocurrido. El propio fiscal general ha anunciado que pedirá la nulidad de la sentencia.

Qué pasa ahora con el fiscal general del Estado​

La condena de dos años de inhabilitación supone la salida de García Ortiz del puesto de máximo representante del Ministerio Público. La sentencia no es firme y su defensa ya ha anunciado que acudirá al Constitucional. El tribunal no entra a valorar si hubo una orden superior: se limita a constatar que la filtración se produjo desde su entorno o por él mismo. Queda por ver si el Constitucional admite el recurso y si la condena se ejecuta mientras se resuelve. La sentencia deja abierta la puerta a que el Supremo concrete si hubo alguien por encima del fiscal general en la filtración.