La trabajadora social desmonta el relato de Juana Rivas: el menor dijo que su padre nunca le pegó
En el juicio que dirime la custodia de los hijos de Juana Rivas, una trabajadora social que ha visitado semanalmente a los menores desde 2019 declaró que el niño Gabriel le dijo textualmente que su padre “nunca le había pegado”. La profesional, que acude al domicilio paterno en Cerdeña, describió al menor como “feliz” y sin deseo de regresar a España con su madre. El testimonio contradice frontalmente la versión de Rivas, quien denunció supuestas agresiones del padre, Francesco Arcuri, y desencadenó una campaña mediática y política en su favor.
Un testimonio que tumba años de relato oficial
La trabajadora social, cuyo nombre no ha trascendido especificó ante el juez que Gabriel nunca manifestó haber sufrido maltrato por parte de su padre. “Está contento, no quiere volver con su madre”, afirmó. El dato es relevante porque el niño, de 8 años, ha sido el epicentro de la batalla legal: Juana Rivas se negó a entregarlo a su padre en 2017, alegando violencia machista, y desde entonces ha acumulado apoyos de partidos de izquierda y organizaciones feministas. Sin embargo, la testigo presencial desmiente las acusaciones y apunta a que el menor ha desarrollado un vínculo afectivo estable con Arcuri.
La declaración llega además en un contexto de sospecha sobre la veracidad de las denuncias. Numerosos análisis señalan que Rivas habría utilizado las leyes de violencia de género como arma procesal para retener a los hijos, un patrón que, según denuncian, se repite con frecuencia cuando el denunciado es de origen extranjero. “Si Arcuri se llamase Paco, estaría en la cárcel”, es un argumento recurrente entre quienes siguen el caso. La nacionalidad italiana del padre le ha granjeado simpatías que, en opinión de muchos, no habría obtenido de ser español.
El coste humano y político del caso
Más allá de la guerra entre progenitores, lo que queda es la fractura de dos hermanos que se crían separados. La trabajadora social confirmó que la niña, de 12 años, vive con la madre en España, mientras que Gabriel permanece con el padre en Italia. Una situación que ninguna de las partes parece dispuesta a resolver sin confrontación. Por otro lado, el caso ha tenido derivadas políticas: algunos apuntan a que la atención mediática sobre Juana Rivas sirve para desviar el foco de escándalos de corrupción gubernamentales. El tiempo dirá si la justicia italiana pondrá fin a este culebrón o si, como se teme, la ideología seguirá pesando más que los hechos y el interés del menor.
Conclusión: la palabra de un niño, registrada por una profesional independiente, debería bastar para cerrar un caso que lleva años intoxicando la vida de dos familias. Pero en España, cuando la política se cruza con los juzgados, la verdad suele ser la primera víctima.
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