Europa: La última locura de la Unión Soviética Europea.

¿Robo o defensa? La UE inmoviliza 210.000 millones en activos rusos y siembra dudas sobre seguridad jurídica​

¿Qué hace una institución que se queda sin unanimidad para extender sanciones? Recurrir al artículo 122 del Tratado, una cláusula de excepción pensada para emergencias. Eso es lo que ha hecho la Comisión Europea para convertir en indefinida la congelación de unos 210.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso. La decisión, presentada como un préstamo de reparación a Ucrania, ha reabierto el debate sobre los límites legales de la confiscación y sus posibles consecuencias económicas.

El artículo 122: atajo legal para sortear la unanimidad​

La decisión no es menor. Hasta ahora, las sanciones a Rusia se renovaban periódicamente por unanimidad de los 27. Pero la Comisión ha empleado el artículo 122 del TFUE, que permite medidas excepcionales sin necesidad de consenso pleno cuando hay una crisis de suministro o una amenaza grave. El argumento: la guerra en Ucrania justifica un régimen especial para los activos rusos. El resultado: los 210.000 millones pasan de estar congelados de forma temporal a una inmovilización indefinida. Los críticos señalan que es un precedente peligroso para la seguridad jurídica en la UE.

La respuesta rusa: demanda y amenaza de embargo cruzado​

Moscú no se ha quedado de brazos cruzados. El 12 de diciembre, el Banco de Rusia presentó una demanda contra Euroclear, la cámara de compensación que custodia parte de los activos, ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú. El objetivo: declarar moroso al depositario y, en caso de impago, proceder a la incautación de garantías. Pero el movimiento más temido es el embargo preventivo de activos europeos en Rusia, que según estimaciones ascienden a unos 200.000 millones de euros. Empresas como Renault, Inditex, Bayer o Deutsche Bank serían las primeras afectadas, y podrían reclamar indemnizaciones a la UE por responsabilidad patrimonial.

Fuga de capitales y el fin de la seguridad jurídica europea​

El temor a que la decisión mine la confianza en el sistema financiero europeo recorre el análisis. Quienes invierten en la UE se preguntan: si el bloque confisca activos de un Estado soberano, ¿qué impide que mañana haga lo mismo con particulares o empresas de países no afines? El resultado podría ser una fuga de capitales hacia jurisdicciones consideradas más seguras, como China. La paradoja es que la UE, que se presenta como garante del Estado de Derecho, recurre a una legislación de excepción que algunos califican como expropiación encubierta.

El euro en la diana​

Una corriente de análisis apunta a que la inmovilización indefinida pone en riesgo el estatus del euro como moneda de reserva. Si los inversores internacionales pierden la confianza en que sus activos en euros están a salvo de decisiones políticas, el euro podría perder atractivo frente al dólar o el yuan. La advertencia es directa: la jugada puede salir cara si Rusia logra coordinar con los BRICS una respuesta simétrica, incautando activos europeos en sus territorios.

Conclusión: un precedente que pagarán los contribuyentes​

Al final, quien terminará asumiendo el coste de esta decisión será el contribuyente europeo. Ya sea a través de indemnizaciones a las empresas afectadas, de una subida de la prima de riesgo o de una fuga de capitales que encarezca la financiación, la factura llegará. La Unión Soviética Europea, como la llaman algunos, demuestra que puede saltarse sus propias reglas cuando la geopolítica lo exige. El problema es que las reglas rotas no se reparan con decretos de urgencia.