LAGRIMAS DE CASERA LANGOSTA: Invierte en un piso para poder prejubilarse y ahora tiene dos empleos para mantener a sus OKUPAS

El sueño del pisito se estrella: dos empleos para mantener a los inquilinos​

Anabel y su marido compraron un piso en Pamplona con una idea sencilla: alquilarlo, cobrar una renta y retirarse antes. Hoy, según su propio relato, la propietaria trabaja en dos sitios para llegar a fin de mes, mantiene dos hipotecas y afronta un tratamiento psiquiátrico. La causa: los inquilinos dejaron de pagar y, cuatro años después, siguen dentro. El caso, difundido por Libre Mercado, resume una contradicción que recorre el mercado del alquiler español: la inversión inmobiliaria se vendió como el refugio más seguro y ha terminado siendo, para muchos pequeños propietarios, una trampa financiera con salida judicial lenta.

Qué pasó con el alquiler del piso de Pamplona​

La historia arranca a finales de 2018. Anabel y su marido deciden alquilar el piso que habían comprado en Pamplona. La propia propietaria lo justifica así: «Nadie les alquilaba y decidimos hacerlo nosotros». El inquilino presentó un contrato de trabajo y, al principio, pagaba puntualmente. Con la pandemia llegaron las dificultades y la pareja concedió flexibilidad. Después, según su versión, dejaron de pagar por completo.

En enero de 2023 se celebró el juicio. El desahucio debía ejecutarse en mayo, pero se frenó por la presencia de dos niños pequeños y la alegación de vulnerabilidad. Lo mismo ocurrió en octubre y en diciembre. La propietaria sostiene que el decreto antidesahucios, prorrogado sucesivamente, hace imposible recuperar la vivienda.

La deuda acumulada llegó a 15.000 euros, según su relato, incluyendo alquiler, luz y calefacción. Ofrecieron una quita: pagar 6.000 euros en cuotas de 50 al mes. No hubo acuerdo. Después llegaron a ofrecer 4.000 euros para la fianza y el primer mes de otro piso, e incluso buscaron ellas mismas una vivienda alternativa. Una fue rechazada por ser un tercero sin ascensor; otra, por tener solo dos habitaciones.

El seguro de impago que no cubre lo que la gente cree​

Una de las primeras reacciones al caso apunta a la falta de previsión: contratar un seguro de impagos. La respuesta técnica es menos tranquilizadora de lo que parece. Estos seguros cubren el primer año, no el proceso completo. Cuando se acerca la renovación, la compañía puede negarse a continuar si el inquilino sigue dentro. Y sirven, sobre todo, para pagar abogados y trámites del desahucio, no para cobrar la renta indefinidamente.

La criba del seguro es su principal valor: las aseguradoras filtran candidatos y rechazan perfiles de riesgo. Eso explica que el porcentaje de impagos entre quienes tienen póliza sea reducido. El problema es el escenario que retrata el caso: una vez que el inquilino lleva meses sin pagar y alega vulnerabilidad, ninguna póliza resuelve el embrollo.

La inseguridad jurídica como causa, no como excusa​

El diagnóstico más repetido no apunta al casero ni al inquilino, sino al marco legal. La moratoria antidesahucios, prorrogada más allá del fin de la pandemia, convierte cualquier desalojo en un laberinto. Hay quien sostiene que el problema no son los impagos, sino la certeza de que no habrá consecuencias. El resultado, argumentan, es un mercado donde el propietario asume todo el riesgo y el Estado ninguno.

De ahí salen las recetas defensivas: alquiler por habitaciones, alquiler temporal, contratos cortos, selección exhaustiva del candidato. El alquiler residencial convencional, advierten, se está abandonando en la práctica. Y eso reduce la oferta, lo que empuja los precios hacia arriba. La pescadilla que se muerde la cola.

¿Es rentable comprar un piso para alquilar y prejubilarse?​

El caso desmonta el cálculo más extendido: comprar, alquilar y vivir de la renta. Con dos hipotecas simultáneas, la propietaria necesita que el inquilino pague para cubrir la cuota. Si no paga, la estructura se sostiene con su sueldo. La inversión inmobiliaria deja de ser pasiva en cuanto aparece el primer impago.

La crítica más dura apunta al propio modelo: quien compra para alquilar sin colchón financiero no invierte, apuesta. Y la apuesta incluye riesgos que el folleto no menciona: iliquidez del activo, costes de mantenimiento, morosidad, procesos judiciales de años. El resultado, en este caso, es una propietaria que quería dejar de trabajar y ahora trabaja en dos sitios.

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El caso deja una cifra que descoloca: cuatro años sin cobrar y dos empleos para sostener el piso. La pregunta ya no es si la propietaria tenía razón al invertir, sino cuántos pequeños arrendadores están en la misma situación sin que se sepa.