El drecreto antidesahucios evita el desalojo de mas de 30.000 familias vulnerables en los ultimos 3 años !!

El decreto antidesahucios frena 30.000 desalojos y enciende al mercado del alquiler​

Un tuit lo resume en una línea: «El decreto antidesahucios evita el desalojo de más de 30.000 familias vulnerables en los últimos tres años». La cifra, difundida por Cadena SER, es la que abre el debate: para unos es la prueba de que gobernar la izquierda y la derecha no es lo mismo; para otros, la constatación de que alguien está pagando esa factura sin haberla firmado. Los 30.000 desalojos evitados tienen, según esta segunda lectura, otros 30.000 protagonistas que no salen en el titular.

Qué dice el decreto y a quién protege​

El punto de partida es una norma que impide desalojar a inquilinos en situación de vulnerabilidad acreditada. El dato que se difunde es el de más de 30.000 familias que habrían conservado su vivienda en tres años gracias a esa protección. La discusión no es sobre si esas familias existen, sino sobre quién asume el coste de que no paguen.

La respuesta más repetida en el mercado es que lo asume el propietario. «Para que 30.000 familias no sean expulsadas y no paguen alquileres hay 30.000 propietarios, ya sean físicos o jurídicos, que están siendo perjudicados», sostiene una de las intervenciones más respaldadas. La palabra que se usa sin rodeos es robo, y el argumento de fondo es que el Estado traslada a un particular una obligación que es suya.

Hay una segunda objeción, menos moral y más práctica: si el propietario no puede recuperar el piso, dejará de alquilarlo. «Este decreto lo que evita es que la gente alquile a familias con niños, a jubilados, a emigrantes, a gente sin trabajo, a gente sin nómina», resume otro mensaje. El efecto perverso sería el contrario del buscado: los colectivos que se querían proteger quedan marcados como riesgo.

¿Por qué se disparan los alquileres si se protege al inquilino?​

Porque el riesgo no es gratis. Es la tesis que recorre buena parte del debate: si el arrendador asume una probabilidad mayor de impago sin poder desalojar, la incorpora al precio. «El daño repercutido al precio del mercado: el riesgo no es gratis», señala un mensaje. Otro lo lleva al extremo: «Prepárate a ver los alquileres X2 en el mercado en cuanto se apruebe. Virtualmente, no se podrá echar a nadie de alquiler».

La predicción no es unánime, pero sí lo es el mecanismo que la sostiene. La oferta se retrae —pisos que se retiran del mercado, que se desvían a alquiler de temporada o que simplemente no se sacan— y con menos oferta el precio sube. «En realidad las leyes antidesahucios son leyes antialquiler», resume una intervención. Y de ahí salta la pregunta incómoda: si el problema es que falta vivienda, ¿por qué se legisla sobre el contrato y no sobre el stock?

El control de precios y el fantasma del desabastecimiento​

La discusión deriva hacia un terreno conocido: los topes. Se recuerda el caso de las mascarillas y los test, cuando se fijó un precio máximo y, según una parte del debate, el producto desapareció de las estanterías mientras se desviaba a mercados sin tope. «¿O acaso no recuerda usted cuando no había forma humana de comprar una mascarilla?», se pregunta. La conclusión que se extrae: el tope no abarata, raciona.

La réplica llega desde el otro lado: los fabricantes siguieron ganando dinero y no se arruinaron, de modo que el desabastecimiento no fue tal. El intercambio deja un punto muerto útil. Cuando el tope queda por encima del precio de mercado, no hace nada; cuando queda por debajo, aparece la escasez. La discusión sobre las zonas tensionadas —cuáles se declaran, con qué índice— se queda exactamente ahí, sin cerrar.

Quién puede alquilar y quién se queda fuera​

El efecto más citado no es el precio, sino el filtro. Un arrendador con un piso y dos candidatos elige al que tiene nómina fija. «Cualquiera con dos dedos de frente no alquila a posibles vulnerables. Es de cajón», dice un mensaje. La consecuencia la sufre el mismo colectivo que la norma quería proteger: la familia con ingresos irregulares, el jubilado con pensión baja, el migrante recién llegado.

La sospecha de fondo es que la norma acaba blindando a los grandes tenedores. «Todas esas leyes lo que hacen es proteger su chiringuito ladrillero, para que solo le salga a cuenta alquilar al que se pueda permitir correr el riesgo», sostiene una intervención. El pequeño propietario se retira; el que aguanta el impago es el que tiene cien pisos y un departamento jurídico. La ley, pensada contra el casero, terminaría seleccionando al casero.

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Al final, la cifra que abría el debate sigue siendo la misma: 30.000 desalojos evitados. Lo que no aparece en el titular es el precio. Y hay una pregunta que nadie ha respondido todavía: si el Estado prohíbe desahuciar, ¿por qué no paga él el alquiler?