Las charos que tiraron pintura al cuadro de Colón dicen que no piensan pagar los gastos de reparación

Futuro Vegetal se niega a pagar la restauración del cuadro de Colón​

Dos activistas de Futuro Vegetal lanzaron pintura roja biodegradable sobre el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, en el Museo Naval de Madrid. Ocurrió el 12 de octubre. Victoria Domingo, de 39 años y veterinaria, y Luna Lagos, de 28 y temporera agrícola en Francia, posaron después ante las puertas del museo con camisetas de su organización. La respuesta de la Armada Española, de la que depende el centro, llegó en forma de tuit: el cuadro «vuelve a lucir restaurado». Días después, la versión se matizó: el color rojo se ha metido entre las fisuras de las pinturas y el marco dorado, sensible al agua, ha sufrido daños. La restauración completa, según fuentes del centro, «va a suponer un dineral».

Ellas lo tienen claro. «No vamos a pagar los gastos de restauración porque es una acción de protesta y tenemos derecho a protestar», aseguran. La frase, repetida en distintos medios, ha encendido el debate sobre los límites del derecho a manifestarse y sobre quién acaba cubriendo el destrozo cuando el autor se declara insolvente.

Qué es Futuro Vegetal y qué antecedentes acumula​

El colectivo no es nuevo en esto. Antes del 12 de octubre ya acumulaba acciones como el acceso no autorizado a las pistas del aeropuerto de Barajas, pintadas en la casa de Leo Messi —que sitúan en una «zona protegida»— o en la Sagrada Familia de Barcelona. Según un participante del debate, Victoria Domingo es la responsable de la rama española de Futuro Vegetal, que a su vez sería la rama española de Just Stop Oil.

El paso del Prado al Museo Naval no es casual. «En el Prado nuestras compañeras solo se pegaron al marco. Aquí quisimos escalar ante la pasividad del Gobierno», explican. Eligieron témperas porque «siempre hay haters diciendo que dañamos el patrimonio, pero utilizamos témperas que se quitan con agua». La contradicción es evidente: si se quitan con agua, ¿por qué el marco dorado ha sufrido daños?

El argumento que puede volverse en su contra​

La defensa de las activistas se apoya en dos patas. Una, el derecho a protestar. Otra, la superioridad moral del motivo: «Queríamos usar nuestros privilegios de blancas para llamar la atención de los medios y servir de altavoz de los pueblos originarios». Y rematan: «Ese cuadro glorifica el colonialismo y el genocidio de los pueblos originarios y que se dañe, como sucedió con las sufragistas, ya es parte de la historia y de nuestro progreso como cultura».

El problema, señalan distintas corrientes de análisis, es que ese mismo argumento sirve para cualquier cosa. Si el derecho a protestar blinda frente a la reparación del daño, cualquier ciudadano podría aplicar la misma lógica contra lo que le ofenda. La pregunta que sobrevuela es quién paga cuando el autor de los daños no tiene intención de hacerlo. Y la respuesta, en la práctica, suele ser el contribuyente.

Qué dice el Código Penal sobre daños al patrimonio​

El artículo 323 del Código Penal castiga los daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental con penas de prisión de seis meses a tres años, o multa de doce a veinticuatro meses. Además de la responsabilidad penal, el responsable debe hacer frente a la indemnización por el coste de restauración y otros perjuicios causados.

La cuestión es si esa condena se ejecuta. Hay quien sostiene que, siendo una de ellas temporera en Francia y la otra veterinaria, la insolvencia sobrevenida es la salida más probable. Otros apuntan a que el seguro del museo o de la propia obra acabe cubriendo el daño y reclamando después por vía civil. Y una tercera vía, la más citada: el embargo de cuentas y nóminas si alguna vez tienen algo embargable.

El precedente que nadie quiere repetir​

Las activistas denunciaron una «violación de derechos» durante su detención en la Brigada de Información de Moratalaz. Según su relato, no pudieron ver a su abogado hasta el día siguiente, solo comían un paquete de galletas y un zumo al día —los policías respondían que «esto no es un hotel» cuando decían que eran veganas— y a Luna le agravaron un esguince de tobillo que no fue atendido hasta 26 horas después. Solo pudo tomar un paracetamol el lunes y no le dieron otro hasta el martes en los juzgados de Plaza Castilla, pese a que la médico había recetado una pastilla cada ocho horas.

El episodio añade una capa más al asunto: si la respuesta policial fue proporcionada o no, y si eso legitima o no la acción original. Nadie ha cerrado esa ecuación.

Quién financia y quién cobra​

Una de las preguntas que más ha circulado es de dónde sale el dinero. Según un participante del debate, la estructura de Futuro Vegetal se apoya en Open Collective, una plataforma de financiación colectiva que permite donaciones anónimas y desembolsos por proyecto. Eso complicaría el rastro: no habría una cuenta bancaria única ni un responsable fiscal claro al que embargar.

Hay quien apunta a que las activistas no tienen cinco euros en cuenta y que, por tanto, la multa es papel mojado. Otros recuerdan que, según un participante, la veterinaria dirige la rama española del colectivo y que, en entrevistas previas, habría reconocido que nunca habían pagado ninguna multa. Si eso es cierto, el sistema disuasorio tiene un agujero del tamaño del Museo Naval.

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El cuadro vuelve a estar colgado. El marco dorado, no tanto. Y la pregunta de quién paga los platos rotos sigue sin respuesta: ni la Armada ha detallado la factura, ni las activistas piensan abonarla, ni el Código Penal se aplica solo.