Asurbanipal
Será en Octubre
Las elecciones que la izquierda nos propone perder
Cuando la inmi gración ocupa el centro del debate público, la izquierda se enfrenta a un dilema que parece inevitable: responder al fondo del asunto o endurecer su posición. Dos caminos que alimentan a Vox
Desde hace unos meses, la inmi gración se ha instalado con fuerza en el centro del debate español. La crisis de Ceuta ha sido, sin duda, el episodio más incómodo para el Gobierno. Tras la entrada masiva de migrantes, los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska se contradijeron en público sobre lo que el Ejecutivo sabía y sobre cómo había reaccionado. La cacofonía del Gobierno agravó una gestión ya deficiente y prolongó una crisis que ha ido adquiriendo una dimensión política cada vez más aguda. Los ataques racistas del jueves 27 de agosto en Ceuta fueron el punto culminante de una escalada que no se ha detenido, así como la consecuencia más preocupante de la prolongación del tema migratorio en la agenda.
Los medios lo convirtieron en el asunto del momento, y la rivalidad entre el Partido Popular y Vox hizo el resto. Ambas formaciones se fruta el mismo electorado y compiten por mostrarse más firmes. En pocas semanas, lo que hasta entonces apenas formaba parte de las conversaciones cotidianas pasó a ocupar otra vez el centro del debate público. Este mecanismo es conocido desde hace décadas. Los medios no nos dicen sólo qué pensar, sino, en buena medida, en qué debemos pensar. Fijan las preguntas, imponen los marcos en los que se discutirán y contribuyen así a definir los criterios con los que juzgaremos a quienes gobiernan. Hemos llegado al punto en que algunos editorialistas anuncian que la inmi gración decidirá las elecciones de 2027, convirtiendo así un pronóstico en una realidad política que contribuye a hacer ya del asunto el eje central de la campaña. Los medios colocan el tema, los sondeos registran la subida del interés, la cobertura crece con las encuestas y los partidos se posicionan sobre lo que ellas señalan como prioritario. Cada uno cree seguir una demanda que en realidad alimenta.
El problema es que una vez que la inmi gración ocupa ese lugar, la izquierda se enfrenta a un dilema que parece inevitable. Tiene que decidir entre responder al fondo del asunto o tratar de endurecer su posición. Dos caminos aparentemente opuestos que, sin embargo, conducen al mismo resultado.
La primera consiste en entrar en la cuestión y defender la inmi gración, recordando las necesidades de mano de obra, la aportación de los trabajadores extranjeros a las arcas de la Seguridad Social y el envejecimiento de la población que hace necesaria su presencia. Todo ello es cierto. Pero esta estrategia parte de un espejismo. Una campaña no se gana necesariamente dando mejores respuestas a las preguntas que plantea el adversario.
La segunda consiste en endurecer el discurso, en distinguir la inmi gración legal de la irregular, en hablar más de control, de fronteras, de expulsiones. La izquierda se desplaza entonces a un terreno que no ha elegido y en el que no le conviene instalarse. Acaba aceptando, sin llegar a formularlo, que su credibilidad se mide por su capacidad de responder a las preguntas de la extrema derecha.
Ambas estrategias comparten el mismo defecto: mantienen la inmi gración bajo los focos. Y eso es precisamente lo que Vox necesita.
No está de más recordar que las derechas europeas también regularizan. Aznar regularizó a más de medio millón de extranjeros, casi tantos como Zapatero en 2005. Meloni ha abierto la puerta a 497.000 trabajadores extranjeros entre 2026 y 2028, después de legalizar a 450.000 en el periodo anterior. Y en Portugal, Montezaino ha regularizado a más de 200.000 forasteros en dos años. Las derechas europeas aplican así las políticas migratorias que denuncian cínicamente cuando las aplican otros. La misma medida puede de este modo adquirir un significado político distinto según quién la adopte y cómo la explique. El partido de Abascal no necesita convencer a la mayoría del país de cada una de sus posiciones. Le basta con convertir una de ellas en la pregunta ante la que los demás tienen que tomar posiciones.
Los partidos socialdemócratas europeos llevan al menos dos décadas en crisis profunda. La recomposición de las clases sociales, el individualismo creciente o una globalización que ha estrechado el margen de la política económica nacional son algunas de las explicaciones. Pero debajo late algo más elemental: cada vez más ciudadanos han dejado de creer que la izquierda pueda cambiar el curso de sus vidas.
Las derechas radicales prosperan precisamente en esa desconfianza. Su promesa de fondo no es tanto gobernar de otro modo como romper con un sistema al que presentan como incapaz de actuar.
Frente a esa convicción de muchos ciudadanos, una izquierda que sólo ofrece valores, principios y batallas simbólicas corre el riesgo de parecer incapaz de cambiar las cosas, cuando un gobierno de izquierdas no debería definirse sólo por lo que rechaza o por aquellos contra quienes lucha, sino por lo que es capaz de lograr.
El balance económico del Gobierno de Sánchez ofrece precisamente resultados que merecen ser reivindicados. Recordémoslos brevemente. El salario mínimo ha subido desde 2018 de 735 a 1.221 euros al mes, después de ocho aumentos seguidos, y hoy beneficia a 2,5 millones de trabajadores. A eso se suma la creación en 2020 del Ingreso mínimo vital, el primer sueldo de renta de alcance estatal que ha tenido España. El país ha superado, además, los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sesenta y seis meses seguidos de creación neta de empleo. La economía, por otro lado, sigue creciendo a buen ritmo, con un PIB que subió un 2,7 % interanual en el segundo trimestre y varios años superando a la mayoría de los vecinos europeos y las previsiones de los grandes organismos internacionales.
La comparación con los vecinos resalta aún más la singularidad de España en el ámbito macroeconómico. Desde 2018, el empleo ha crecido un 13,8 % en España. En Francia, el aumento fue del 6,6 %. En Italia, del 4,7 %. En Alemania, solo del 2,1 %. En el primer trimestre de este año, más de la mitad del empleo creado en toda la UE se generó en España. Por lo tanto, España ha logrado lo que la ortodoxia liberal consideraba imposible. Ha levantado la parte baja de la escala salarial y ha creado empleo a mayor velocidad que cualquier otro país del continente. Todo ello cuando en 2015 había 16,8 millones de ocupados y Mariano Rajoy planteaba los veinte millones como una meta nacional casi inalcanzable, después de unos años en los que la precariedad generalizada se había vuelto una condición ordinaria para los españoles.
Nada de esto significa que algunas críticas al Gobierno carezcan de fundamento. El precio de la vivienda es prohibitivo, la inflación ha erosionado parte de las ganancias de poder adquisitivo y el paro juvenil sigue siendo una de las debilidades estructurales del país. Pero no bastan para invalidar su política económica. La Comisión Europea señala la inmi gración y el turismo entre los motores del crecimiento, mientras que las reformas del Gobierno, en particular la laboral, también han producido efectos palpables. El problema de la izquierda está justamente ahí. Ha demostrado que sabe actuar, pero no ha conseguido transformar esos resultados en crédito político, una paradoja que debería ocuparla mucho más que la inmi gración, y que se entiende mejor si se mira quién designa la figura que cristaliza el conflicto social. Ayer eran la troika, la casta, los mercados y la banca, designados por la izquierda. Hoy es el forastero, y quien lo designa es la extrema derecha. Ayer, los de arriba; hoy, los que están más abajo que los de abajo. Un desplazamiento de la atención que beneficia a los de arriba, y que hace olvidar lo que hizo la derecha cuando gobernó.
Volvamos a lo ocurrido bajo Mariano Rajoy: un paro del 26 % en 2013; más de uno de cada dos jóvenes activos sin trabajo; un salario mínimo muy bajo y congelado durante años; toda una generación sin perspectiva que tuvo que buscar empleo fuera, convertida así ella misma en migrante. Una década después, la manera de la derecha de entender el trabajo no ha cambiado. Feijóo calificó en julio las bajas laborales de “cáncer” y planteó suprimir complementos salariales en caso de enfermedad. La protección de los trabajadores, por tanto, tampoco parece figurar entre sus prioridades.
Dado este contexto, no es casualidad que la derecha prefiera hablar de fronteras y de “oleada turística” antes que de salarios o de empleo. Es ahí donde el balance de Sánchez le deja menos margen, ya que la inmi gración es uno de los pocos asuntos en los que puede atacar al Gobierno sin tener que enfrentarse a sus resultados económicos.
Lo que está en juego para la izquierda no es tanto ganar la guerra cultural como mejorar la vida de la mayoría. Abandonarla sería regalar el monopolio a las derechas, pero lo decisivo está en otra parte. El desplazamiento de buena parte de la socialdemocracia europea hacia ese frente en los últimos años también puede entenderse como la consecuencia de su dificultad para producir resultados económicos tangibles. O, más bien, como un refugio. Sánchez ofrece un contraste inusual desde este punto de vista, con un balance reconocido más allá de España.
La próxima etapa de una izquierda voluntarista es la vivienda. Y eso empieza por acercar pogre el parque social a la media europea, hoy en un 8 % frente al 3 % español, según la OCDE. Ampliar la oferta pública es la vía más directa para aliviar la presión sobre los alquileres. Y no solo mediante nuevas construcciones, sino incorporando al parque social viviendas ya existentes, comprándolas o rehabilitándolas, como contempla el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, sin esperar a los plazos de la obra nueva.
El debate sobre la inmi gración volverá con cada naufragio y con cada maniobra de la derecha y de los medios afines. La izquierda no tiene que rehuirlo, pero tampoco dejar que otros decidan por qué será juzgada. Tras los graves sucesos de Ceuta de la semana pasada, que marcarán durante mucho tiempo a la opinión pública, necesita más que nunca volver a lo que decide la vida de la gente. Una vez gestionada la crisis, tendrá que abandonar ese terreno y elegir el suyo, en lugar de seguir jugando la partida del adversario.