El 'efecto llamada' se formaliza: ONGs reciben documentación familiar para regularizar menas
Las ONGs que gestionan centros de menores en Canarias han empezado a recibir directamente de las familias de los supuestos 'menas' la documentación necesaria para iniciar los trámites de regularización en el consulado de Senegal en Madrid. La noticia, adelantada por CanarioToday, revela que los padres están localizados y colaboran activamente en el envío de papeles, desmontando el relato de menores desamparados. Mientras tanto, el coste de la tutela pública sigue engordando.
Un negocio redondo: padres localizados, menores tutelados
El hilo que analizamos muestra casos paradigmáticos: un menor senegalés con padres residentes en Francia y un tío en Barcelona lleva meses en un centro canario, pese a que el propio menor ha expresado su deseo de reunirse con ellos. Un informe de la ONG Quorum Social 77 así lo recoge, pero la tutela no se levanta. La pregunta es obvia: si la familia está localizada y el menor quiere irse, ¿por qué sigue engrosando las listas de acogidos? La respuesta, según los análisis del debate, apunta a que la regularización como 'ex tutelado' a los 18 años abre la puerta a la residencia legal y posterior reagrupación familiar. El negocio de la tutela no solo retiene a los niños, sino que fabrica futuros residentes.
135 millones sin control: la UCO ya intervino una ONG canaria
Los comentarios en el hilo recuerdan un antecedente demoledor: la UCO intervino una ONG en Canarias que carecía de contabilidad y había recibido 135 millones de euros públicos. El dueño, según se apunta, tenía vínculos con el PSOE. Este dato refuerza la tesis de que el sistema de protección de menores se ha convertido en una mafia subvencionada. Las auditorías brilan por su ausencia, y los partidos que presumen de gestionar la crisis migratoria miran hacia otro lado.
La ficción de la minoría de edad
Uno de los argumentos más sólidos que emerge del hilo es que la inmensa mayoría de los menas –más del 90%– son varones mayores de 17 años, a menudo con 17 años cumplidos o incluso más. Los reportajes sensacionalistas con niñas negras de 8 años son la excepción, no la regla. Cuando alcanzan la mayoría de edad, obtienen un permiso de residencia como 'ex tutelados' con condiciones muy favorables: basta con carecer de antecedentes y acreditar medios económicos. El sistema premia la llegada irregular.
La pregunta que nadie responde es quién pone el cascabel al gato. Mientras las ONGs sigan recibiendo dinero público sin rendir cuentas, y los padres sigan enviando documentos desde sus cómodos hogares en Francia o Senegal, el chiringuito seguirá funcionando. El 'efecto llamada' no es un bulo: es un proceso administrativo perfectamente orquestado.
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