Las salas que proyectan […] están literalmente vacías

Dos entradas en Gran Vía: el documental que nadie fue a ver​

Un tuit bastó para encender la mecha. En plena Gran Vía de Madrid, una sala proyectaba el documental sobre el VIH dirigido por Eduardo Casanova y el marcador de taquilla era de risa: dos entradas vendidas para la sesión de ese día y una sola para la del día siguiente. El mensaje, difundido con retintín («¿Jode el qué? ¿Jode a quien?»), se convirtió en el punto de partida de una discusión que, como casi siempre, acabó derivando hacia el dinero público. Porque el asunto del documental —conocido en la conversación como Sidosa— dejó de ser una cuestión de gustos cinematográficos para convertirse en una auditoría improvisada de las subvenciones culturales.

Cuánto costó y quién lo pagó​

El dato que centró el fuego cruzado no fue el número de espectadores, sino la cifra que, según un cálculo que circula en el hilo, aparece en los registros públicos: 317.000 euros en subvenciones. A partir de ahí, el análisis se afinó. Se explicó que parte de la financiación no llega por la vía directa, sino por el mecanismo de las deducciones fiscales: las productoras pueden reducir hasta un 30% en el Impuesto sobre Sociedades, y lo habitual es articular asociaciones temporales de interés económico que permiten a empresas ajenas al sector invertir y desgravarse hasta el 120% de lo aportado. Traducido: si toca pagar 10.000 euros a Hacienda, basta con invertir 8.333 en el proyecto para no deber nada. El éxito comercial de la película, en ese esquema, importa más bien poco.

El fracaso en taquilla, cifra a cifra​

Los números de la primera semana tampoco ayudaron a sostener el relato del fenómeno cultural. El estreno se saldó con 2.900 euros de recaudación repartidos entre veinte cines, lo que arroja una media de 138 euros por local. El acumulado, eso sí, ascendía a 11.000 euros, impulsado sobre todo por el estreno madrileño, que tuvo su propia algarabía. Con esos mimbres, la retirada de cartelera era cuestión de días. La comparación con otros documentales recientes no dejaba mejor poso: uno sobre la prescripción de casos de ETA se había quedado en 6 espectadores y 29 euros de taquilla, lo que sirvió a algunos para recordar que la doble vara de medir es el deporte nacional.

El argumento de la subvención cruzada​

La tesis que más recorrido tuvo fue la de que el negocio del cine subvencionado no depende del público. La industria cinematográfica, se argumentó, es prácticamente la única que mantiene tinglados estatales y autonómicos, además de normativa específica, para desgravarse de casi todo hasta no pagar impuestos. Y el problema, se añadió, no es de colores: gobierne quien gobierne, la máquina de repartir dinero entre amigotes sigue funcionando igual, ya sea para un documental sobre el VIH, para uno sobre ETA o para cualquier otro producto. La conclusión que flotaba en el ambiente era que el fracaso en taquilla no es un fracaso para nadie: es, simplemente, el resultado esperado de un modelo donde el espectador es un convidado de piedra.

El público que no aparece​

Más allá de las cuentas, el asunto derivó hacia el contenido. Se discutió si el documental aborda el estigma del VIH o si, por el contrario, se trata de una provocación sin talento. Hubo quien sostuvo que la enfermedad sobre la que más se ha investigado y concienciado durante décadas no necesita victimismo adicional, y quien recordó que hay dolencias —cáncer, enfermedades neurodegenerativas— con menos altavoces. También se apuntó la posibilidad de que el documental acabe proyectándose en centros educativos para concienciar, lo que algunos leyeron como una forma de justificar la subvención por la puerta de atrás. La escena del cine vacío, en cualquier caso, se convirtió en el símbolo de todo el embrollo.

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Al final, la anécdota que resume el asunto no es la de las dos entradas vendidas. Es que, con esos números, la película siguiera en cartelera semanas después. Alguien, en algún despacho, había decidido que merecía la pena.