Leire díaz gestionó el voto por correo en las generales de 2023. la sospecha de embeleco llega a los grandes medios por primera vez

Leire Díez gestionó el voto por correo del 23J, según El Confidencial​

La responsable de gestionar el voto por correo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 fue Leire Díez, militante socialista y entonces directora de Productos y Servicios de Correos, según publicó El Confidencial y respalda una publicación de la propia Díez en Facebook de marzo de 2024, cuando terminó su etapa en la empresa pública: «¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Ahí estuvimos mano a mano». En ese mismo texto presume de haber tenido bajo su mando «más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de 9.400 personas».

Hasta ahora se sabía que había dirigido Filatelia y Relaciones Institucionales. Lo nuevo es que durante casi un año estuvo al frente de Productos y Servicios, el área que gestiona el voto por correo. Su designación la avaló el PSOE y la firmó el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, descrito como buen amigo de Pedro Sánchez. En el fichaje también participaron, según las mismas informaciones, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la diputada socialista Isaura Leal, esposa de Serrano.

Qué pasó con el voto por correo en el 23J​

Los sindicatos UGT y CCOO criticaron el proceso. Dos días antes de los comicios, más de 700.000 personas todavía no habían ejercido su derecho al voto. De ellas, 47.000 no habían recibido la documentación, 375.000 no habían acudido a recogerla tras ser avisadas y 300.000 directamente no habían ido a votar. Los sindicatos hablaron de «falta de previsión», de incapacidad para anticiparse y de ocultación de datos por parte de la empresa pública.

El volumen total fue histórico: 2.471.935 sufragios admitidos, un 99% más que en abril de 2019 y un 82% más que en 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia suspendió ese año la actividad de Correos por incumplir 8 de 14 objetivos de calidad del servicio. Con esos mimbres, hay quien sostiene que hubo fraude, aunque ninguna instancia judicial lo ha confirmado.

El caso de 2011 que ahora se rescata​

Entre los datos que circulan hay uno que ha reavivado el fuego: en 2011, la socialista que logró un porcentaje de voto por correo del 12%, cinco veces la media nacional, y crecer siete puntos, era la responsable de las oficinas de Correos, según un mensaje difundido en redes. La coincidencia de nombre y cargo es lo que ha convertido una estadística antigua en munición política.

Hay quien sostiene que un porcentaje así solo se explica por una movilización excepcional del votante propio. En contra pesa el argumento de que Correos nunca ha publicado el desglose por oficinas que permitiría descartar la anomalía. El PP, por su parte, ha declarado que «es razonable tener dudas» sobre el papel de Díez, mientras VOX ha presentado en el Congreso una proposición de ley para blindar el voto por correo y ha pedido a la Junta Electoral Central que investigue posibles fraudes en los comicios de 2023.

Quién vigila a quién vigila el voto​

El asunto tiene una derivada institucional que se discute menos. Un correo electrónico remitido a la Junta Electoral demostraría, según las informaciones publicadas, que Díez intervino directamente en la operativa del voto por correo. Y el PSOE habría forzado la salida del jefe de Innovación de Correos, diez años en el puesto, para hacerle hueco como directora, según las mismas informaciones.

La pregunta que sobrevuela es de sistema: si el organismo que custodia el voto depende del mismo Gobierno al que beneficia el recuento, la garantía se sostiene sobre la fe. En Francia y otros países del entorno el voto por correo está restringido o directamente prohibido por este motivo, según sostienen algunos participantes. Aquí se ha convertido en la modalidad de voto que más crece.

Lo que aún no está resuelto​

Ninguna de las acusaciones ha sido validada judicialmente. La Guardia Civil, según las versiones que circulan, estaría trabajando en el asunto, aunque con dos años de retraso respecto a los hechos. Díez ha eliminado su cuenta de X. La Junta Electoral no ha resuelto. Y el PP, pese a decir que las dudas son razonables, no ha traducido esa posición en ninguna iniciativa concreta más allá de la retórica.

Con estos mimbres, lo previsible es que el caso siga alimentando titulares sin llegar a los tribunales, salvo que aparezca un documento con firma. Si aparece, el terremoto no será por un puñado de votos: será por la legitimidad del sistema que los cuenta.