Sociedad: Lo de la zaina asesina de niños es alucinante.

Ana Julia Quezada: el móvil en prisión y la boda para forzar el traslado​

Una asesina condenada a prisión permanente revisable no necesita libertad para seguir manejando a quien se le ponga a tiro. Basta con un teléfono escondido, una funcionaria o funcionario dispuesto y una novia catalana que llama al tarot para saber si su pareja, Ana Julia Quezada, va a ser trasladada de cárcel. La Guardia Civil ha tomado declaración a la vidente que atendió esas llamadas, según la investigación del caso sobre corrupción y sexo en la prisión de Brieva a la que ha tenido acceso el canal de sucesos de Prensa Ibérica.

El relato que la propia novia hizo a los tarotistas es un manual de manipulación afectiva. «Cuando Ana necesita algo, se porta de forma muy amable y cariñosa. Cuando no necesita nada o cuando no le doy dinero, me trata muy mal, me castiga, no me llama o dice que me quiere dejar», explicó. La joven, que vive con sus padres en una pequeña localidad de la provincia de Barcelona, empezó escribiendo cartas a la cárcel en diciembre de 2020 y desde 2022 viajaba una vez al mes a Ávila para encuentros íntimos.

Un móvil, un documental y 20.000 euros de anticipo​

El teléfono era la pieza central del tinglado. La joven contó que Quezada lo guardaba en casa de un funcionario para que no lo descubrieran y que ambas hablaban por Telegram y WhatsApp. Sobre la mesa, un proyecto de documental por el que la presa esperaba cobrar una cantidad sustanciosa y del que pedía 20.000 euros de anticipo a la productora. La novia quería saber si el dinero llegaría de verdad.

También temía algo más prosaico: que Quezada enseñara fotografías íntimas que le había enviado al móvil ilegal. El intercambio de imágenes servía, según su versión, para aliviar la estancia en prisión. La asimetría es total. Una parte pone el cuerpo y el dinero; la otra pone el relato y la amenaza.

La boda como herramienta penitenciaria​

El matrimonio no era una promesa romántica. Era un trámite. Quezada le dijo que tenían que casarse para conseguir permisos carcelarios y el traslado a otra prisión, y que luego se la llevaría a vivir a República Dominicana. En enero de 2024 le metió prisa para que fuera al Registro Civil a informarse de los papeles necesarios. La joven se resistía porque no quería que se enteraran todos: la boda tendría que ser en secreto.

El interés por el traslado no era casual. Una reclusa de Brieva declaró a la Guardia Civil que Quezada, por la amistad que tuvo con una presa de ETA, estaba obsesionada con acabar en una cárcel del País Vasco o de Cataluña. Lo veía como su única opción de salir algún día. Primero lo intentó con un chico vasco; después con la joven catalana. «Creía que al tener una relación sentimental en esa provincia le podría facilitar el traslado», aseguró la compañera de módulo.

Dos funcionarios señalados y un perro que marcó positivo​

La joven aseguró ante los investigadores que dos funcionarios de prisiones habían requerido de Quezada relaciones sexuales. Identifica a un trabajador de la cocina, donde ella trabajaba, y a un funcionario, y da sus nombres de pila. Uno de ellos está investigado por un posible delito de cohecho.

En octubre de 2023, durante uno de sus desplazamientos, la joven aceptó llevar un teléfono y entregárselo a un funcionario. Cuando la madre del niño asesinado denunció públicamente lo que ocurría dentro, registraron la celda sin éxito: hubo chivatazo. Un perro especialista marcó positivo, señal de que allí había habido un móvil poco antes. Quezada contó después al educador que mantenía encuentros sexuales nocturnos en su celda con el funcionario que la ayudaba a ocultar el teléfono, un veterano de más de 60 años y casado, y que grabó algunos de esos encuentros y a él en ropa interior. Su plan: chantajear a la directora de la cárcel con hacer público el escándalo si no le concedían el traslado. «Lo tengo todo perdido y, si no consigo lo que quiero, la voy a liar», presumía ante otras reclusas.

¿Quién sostiene el sistema cuando el sistema falla?​

El caso deja una pregunta incómoda que va más allá de la condenada. Si una presa de perfil psicopático y prisión permanente revisable consigue un móvil, una red de contactos exteriores y presuntos tratos con personal penitenciario, el problema no es solo suyo. Hay quien sostiene que el fallo de supervisión es la noticia real; en contra pesa el argumento de que ningún sistema es impermeable a un interno que dedica todo su tiempo a buscar la grieta.

La denuncia de la madre del niño asesinado fue lo que abrió la investigación. Sin esa presión externa, el teléfono habría seguido escondido y la boda, quizá, tramitada. El tarotista que atendió las llamadas acabó declarando ante la Guardia Civil sin ganar nada con ello, salvo problemas. La conclusión provisional es incómoda: la vigilancia funcionó cuando alguien de fuera la forzó.

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Si se confirman los extremos que la investigación maneja, el traslado que Quezada perseguía con tanta insistencia se aleja en lugar de acercarse, y los funcionarios señalados afrontan consecuencias penales. Pero conviene no adelantar el desenlace: a la fecha de esta discusión, el caso sigue abierto y ninguna de las imputaciones ha cristalizado en condena.